Archivan por segunda vez denuncia por extensión de la concesión a Katoen Natie

Según el fallo, se resolvió que "sin perjuicio de algunas actuaciones irregulares o reprochables", no hay elementos que resulten "suficientes" para la "tipificación del injusto que se pretende imponer".  

Quienes estaban indagados por la causa eran el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber; el subsecretario Juan José Olaizola; el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo y el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés.

El texto expresa que el Poder Ejecutivo busco adecuar la situación operativa del puerto de Montevideo y su marco legal, ya que entendía que la anterior administración había actuado equivocadamente.

Añade que la actual administración reguló la actividad portuaria a través de la existencia de dos terminales de contenedores, una de ellas especializada a través de una concesión otorgada (Terminal Cuenca del Plata, propiedad mayoritariamente de Katoen Natie) y la otra como permisario de espacios de almacenamiento y depósito de contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo (Montecon), que durante algún tiempo concentró más del 50% de las operaciones.

El fallo indica que esta plataforma fáctica y las decisiones adoptadas para su reorganización pueden ser valoradas desde el punto de vista de su acierto, mérito o conveniencia, en tanto las acciones llevadas adelante por los denunciados podrán, eventualmente, ser pasibles de generar responsabilidad en el plano civil, administrativo, o dar lugar a responsabilidad política. Pero a juicio de la Fiscalía no corresponde el reproche penal pretendido.

Apunta que la nueva evidencia adjuntada por el Frente Amplio no resultó determinante para la causa y que el Ministerio Público tiene el deber de archivar cuando advierte que las conductas de los denunciados no tienen relevancia penal.

La primera denuncia presentada por la actual oposición fue presentada ante el fiscal Gilberto Rodríguez hace dos años. En ese momento el fiscal no halló suficiente evidencia para que las conductas de los jerarcas de gobierno pudieran ser tipificadas como delitos.

En el dictamen del archivo, de 185 páginas, Rodríguez afirmó que la información recabada llevaba a concluir que las conductas que se pretendían imputar carecían de relevancia jurídica y penal y por es no encontró elementos para una configuración objetiva ni subjetiva de delito.  

El Frente Amplio cuestionó el acuerdo firmado por el gobierno y Katoen Natie para extender el contrato de concesión de Terminal Cuenca del Plata. El principal argumento fue que esa extensión implicaba la entrega del puerto de Montevideo a la multinacional belga, ya que le daba prioridad a la terminal especializada para el atraque de buques portacontenedores. En esa lógica, la prioridad perjudicaba la actividad de Montecon, que se dedicaba a la carga y descarga de contenedores en las áreas públicas del puerto de Montevideo.

En noviembre de 2022, Rodríguez decidió archivar la denuncia, pero legisladores frenteamplistas pidieron que fuera reexaminada. Y eso debía efectuarlo otro fiscal. En mayo de este año, la fiscal Porteiro decidió desarchivarla y comenzó con el período de revisión.