La Justicia uruguaya confirmó que Rodrigo González Mattiauda, el uruguayo que pasó casi 20 años preso tras ser condenado a 32 años de prisión en Estados Unidos, cumplirá su pena el próximo 23 de noviembre.
Así surge de un documento del Poder Judicial fechado el 3 de noviembre, al que accedió El Observador, que establece una reducción de 212 días de condena por las actividades laborales y educativas realizadas en la Unidad Nº 6 de Punta de Rieles.
El informe fija el 23 de noviembre de 2026 como fecha de vencimiento de la pena, aunque no constituye por sí mismo una orden de excarcelación.
González Mattiauda fue condenado en California en octubre de 2007, cuando tenía 18 años, por delitos sexuales contra un adolescente de 14 años con quien mantenía una relación. Siempre sostuvo que el vínculo había sido consentido, aunque la Justicia estadounidense lo encontró culpable.
Durante casi una década estuvo recluido en cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos, donde, según relató, convivió con homicidas, narcotraficantes y reclusos condenados a cadena perpetua.
En 2016 fue trasladado a Uruguay para continuar cumpliendo su condena, tras gestiones en las que intervino el expresidente José Mujica. Posteriormente, su defensa, encabezada por Gonzalo Fernández, impulsó una revisión de la ejecución de la pena. El entonces comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, también intervino mediante un amicus curiae. La fecha prevista para recuperar la libertad pasó de 2036 a 2026.
En julio, González Mattiauda contó su historia a El Observador y reconstruyó sus años en las prisiones estadounidenses y el impacto del encierro sobre su familia. "Perdí veinte años de abrazos", dijo entonces.
Durante sus últimos años en Punta de Rieles participó en emprendimientos productivos y comenzó a contar su experiencia en redes sociales, donde reunió miles de seguidores.
La reducción de la condena se ampara en el artículo 13 de la ley 17.897, conocida como Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, aprobada en 2005. La normativa permite a las personas privadas de libertad descontar un día de prisión por cada dos días de trabajo o estudio, aunque establece condiciones más exigentes para determinados delitos y excluye otros, como la violación y el abuso sexual. En el caso de González Mattiauda, la Justicia reconoció 212 días de reducción de pena por las actividades realizadas durante su reclusión.
