Al igual que en los casos anteriores se les tipificó asociación para delinquir, cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada
Tras celebrar nuevos acuerdos con la Fiscalía, otros tres implicados en las maniobras de la trama conocida como Caranchos, fueron condenados por la justicia este viernes.
Según dijeron a El Observador fuentes del caso, se trata de un policía, un expolicía y la esposa de un policía, que tras admitir la responsabilidad de los hehcos, fueron condenados por la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera por los delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada.
En uno de los casos, se trataba de un policía que había sido imputado en la primera audiencia que se celebró pero no había aceptado el acuerdo, por lo que ahora que sí accedió la fiscal Paula Pereyra le pidió una pena mayor que al resto de los policías. En este caso le impuso tres años de penitenciaría, además de inhabilitación para cargos y multa de 50 Unidades Reajustables. En su caso se trata de un reclutador, es decir que se acercaba directamente a las víctimas y le ofrecía los servicios de un abogado.
Según el esquema trazado por la fiscalía, la organización estaba dividida entre “promotores”, principalmente abogados; “captadores”, que funcionaban como gestores o intermediarios; e “informantes”, entre los que había policías que obtenían información de manera ilegal y la entregaban a cambio de dinero.
A los otros dos se les impuso una pena de 24 meses de prisión, que cumplirán en régimen de libertad a prueba. Ambos cumplirán los primeros 18 meses con arresto domiciliario total. Luego deberán presentarse en la seccional policial, fijar domicilio, entre otros medidas alternativas a la prisión.
Uno de ellos es un expolicía que trabajaba con uno de los abogados ya condenados, Richard Alzugaray, quien era también policía y llevaba meses certificado. El exfuncionario, que es defendido por la abogada Natalia Fleitas, se ocupaba de las tareas administrativas en el estudio.
La tercera es esposa de un funcionario policial que ya fue condenado anteriormente y trabajaba con él pasando información a abogados.
La investigación llevada adelante por la fiscal Pereyra detectó una red de policías y personal de la salud (enfermeros, choferes de ambulancia) que filtraban datos de personas heridas o fallecidas en accidentes. Esa información se vendía a gestores, abogados y organizadores para contactar a las víctimas y gestionar reclamaciones económicas ante el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).
En la base de la pirámide estaban los informantes (funcionarios públicos como policías que cobraban coimas de entre $2.000 y $30.000 por datos dependiendo si se trataba de personas heridas o fallecidas), en el medio los captadores/gestores, y en la cúspide gestores o abogados que cobraban los réditos económicos.
“No solamente se venden datos personales de las víctimas accidentadas, los imputados acceden a SGSP, descargan partes policiales, se envían fotos de las actas de espirometrías, y peor aún, se envían fotografías de las personas lesionadas en los centros de salud. Y se burlan, con constantes expresiones de deshumanización tales como Ojalá esté toda quebrada”, relató la fiscal al pedir la condenda de algunos de ellos.
La fiscal que trabajó en la investigación junto con Asuntos Internos del Ministerio del Interior dijo tener una lista de 60–70 personas indagadas.
Por el momento han sido condenados cinco abogados, cuatro gestores, diez polícias y un expolicía.
