“Por ahora son seis detenidos, pero puede aumentar”, señalaron las fuentes de Fiscalía consultadas por El Observador
La investigación por el denominado caso Caranchos tuvo un nuevo avance este lunes con la detención de seis personas, entre las que hay funcionarios policiales, confirmaron fuentes de Fiscalía a El Observador.
“Por ahora son seis detenidos, pero puede aumentar”, señalaron las fuentes. Las nuevas detenciones forman parte de la investigación que lleva adelante la fiscal de Toledo, Paula Pereyra, sobre una red dedicada a obtener y comercializar información de víctimas de accidentes de tránsito para luego contactarlas y gestionar reclamos ante el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).
La investigación ya tiene 69 personas indagadas. Según la fiscal, se trata de una “organización criminal estable, jerarquizada y de funcionamiento prolongado en el tiempo”, con “roles claramente diferenciados”. De ese total, Fiscalía tenía identificadas a 58 personas bajo indagatoria.
La maniobra investigada tenía como uno de sus puntos centrales el acceso a información reservada sobre accidentes. Los policías involucrados podían ingresar al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) y obtener partes policiales que posteriormente llegaban a abogados o gestores.
“No solamente se venden datos personales de las víctimas accidentadas, los imputados acceden a SGSP, descargan partes policiales, se envían fotos de las actas de espirometrías, y peor aún, se envían fotografías de las personas lesionadas en los centros de salud. Y se burlan, con constantes expresiones de deshumanización tales como Ojalá esté toda quebrada ”, sostuvo Pereyra al fundamentar la investigación.
En una primera etapa de la investigación, diez personas fueron condenadas por asociación para delinquir, cohecho calificado especialmente agravado y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravada. Otros dos indagados, un abogado y un policía, fueron imputados y enfrentarán juicio al no alcanzar un acuerdo con Fiscalía.
Según el esquema trazado por la fiscalía, la organización estaba dividida entre “promotores”, principalmente abogados; “captadores”, que funcionaban como gestores o intermediarios; e “informantes”, entre los que había policías que obtenían información de manera ilegal y la entregaban a cambio de dinero.
La investigación continúa y, según indicaron fuentes de Fiscalía a El Observador, el número de detenidos puede aumentar durante esta jornada.
