El presidente de la Confederación valoró el proyecto de ley de competitividad y costo de vida que promueve el Poder Ejecutivo y el proceso de diálogo que acompañó su discusión. Entre las medidas mencionó la simplificación de trámites, la reducción de tiempos y costos innecesarios y la facilitación del comercio. Pero advirtió que la ley es apenas un primer paso y que, por sí sola, “no mueve la aguja de la competitividad”, dijo.
Arim coincidió en la necesidad de mirar el problema de manera integral. Señaló que Uruguay tiene un nivel de ingreso por habitante cercano a los US$ 30.000 y atraviesa una transición demográfica avanzada, pero mantiene una tasa de inversión pública y privada relativamente baja y un crecimiento de la productividad que ha sido lento.
Para el director de OPP, no existe una receta única para generar crecimiento. Uruguay tiene fortalezas como reglas claras, funcionamiento democrático previsible, estabilidad y cohesión social, pero esas condiciones son necesarias y no suficientes.
“No hay competitividad sin productividad”, planteó, al tiempo que señaló que las políticas públicas y los actores privados deben encontrar espacios para generar saltos cualitativos.
Puso como ejemplo el desafío de la irrigación de tierras, que involucra energía, financiamiento, contratos y acceso al agua.
Otro de los problemas señalados fue el acceso al financiamiento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Arim sostuvo que se necesitan mecanismos de financiamiento de mediano y largo plazo que permitan asumir riesgos e invertir para mejorar la productividad.
Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales
Gastón Britos / FocoUy
Loureiro puso el foco en otro componente de la competitividad: las personas. Según apuntó, se puede discutir el valor del dólar, los aranceles, la infraestructura, los impuestos o las regulaciones, pero en una economía cada vez más vinculada al conocimiento y la tecnología “no existe competitividad sin talento”, señaló.
El empresario destacó los resultados de Uruguay en las pruebas PISA, aunque remarcó que el país todavía está lejos de los resultados de la OCDE y de los líderes mundiales.
En ese marco, planteó acercar la educación al mundo del trabajo mediante una mayor formación dual y avanzar en la capacitación permanente de los trabajadores, un desafío que consideró todavía más relevante frente al avance de la inteligencia artificial.
Arim también destacó la necesidad de formar y reconvertir recursos humanos, desde la educación de las nuevas generaciones hasta la capacitación terciaria y las políticas activas de empleo.
-
La jornada laboral, otro punto de discusión
Loureiro también se refirió a la reducción de la jornada laboral, un tema que, señaló, debe ser analizado porque el mundo del trabajo, la tecnología y las formas de organización están cambiando. Sin embargo, sostuvo que “no es el momento” y que no existe una solución única para todos los sectores.
El presidente de la Confederación remarcó que las realidades son diferentes entre una empresa de software, un tambo, un comercio, una fábrica o una empresa que trabaja las 24 horas los 365 días del año. Por eso, planteó que la discusión debe hacerse de manera profesional, revisando las experiencias de otros países pero teniendo en cuenta las diferencias estructurales entre ellos.
Según Loureiro, varias cámaras empresariales ya comenzaron a analizar el tema desde distintas perspectivas. A la vez, advirtió que la situación de las finanzas públicas y privadas no permite afrontar actualmente un cambio de esa naturaleza. “Alguien va a tener que pagar ese cambio”, sostuvo.
-
Energía: una fortaleza que debe convertirse en ventaja
El director de la OPP, Rodrigo Arim y el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker.
Gastón Britos / FocoUy
Olesker puso el foco en la política industrial y energética. Señaló que el gobierno presentó un documento de política industrial, el primero de este tipo desde 2014, con objetivos vinculados al empleo, la innovación y la diversificación de productos y mercados.
En materia energética, destacó el cambio registrado en la matriz durante la primera transición: Uruguay cuenta con una matriz eléctrica con 98% de fuentes renovables y, además, el consumo de electricidad en el sector productivo supera actualmente al conjunto de los combustibles fósiles utilizados en ese ámbito.
Pero planteó que el país debe avanzar hacia una segunda transición energética, con mayor movilidad eléctrica, electrificación de usos finales y aprovechamiento de la biomasa.
También señaló que la descarbonización tiene efectos fiscales y que la transición debe hacerse de manera gradual, teniendo en cuenta su impacto social y laboral.
Olesker también destacó la política de combustibles como parte de la discusión sobre competitividad. Señaló que el gobierno buscó evitar trasladar al consumo los impactos de los precios internacionales, tanto para proteger a los consumidores como a los productores en una etapa que consideró especialmente relevante. Reconoció que esa decisión implicó un gasto que tendrá efectos sobre la economía en el futuro. “En economía todos sabemos que lo que uno ajusta luego se paga”, sostuvo, aunque defendió que en esta etapa no era conveniente que el impacto recayera sobre consumidores y productores.
En ese punto, Olesker planteó que los subsidios también forman parte de la discusión sobre los costos energéticos. “¿Vamos a sacar el bono social?”, preguntó, y también cuestionó si Uruguay está dispuesto a dejar de mantener el subsidio de la garrafa.
El subsecretario sostuvo además que los problemas energéticos no se reducen al precio o a la disponibilidad de energía, sino que también involucran su gestión. Como ejemplo, señaló que algunas empresas podrían adaptar sus procesos para producir más en momentos de menor demanda o de mayor disponibilidad energética.
Sobre las tarifas eléctricas en el sector industrial, sostuvo que Uruguay debe seguir trabajando para reducir costos, aunque afirmó que al comparar con Argentina, Chile y Brasil el país “no está tan mal” y se encuentra en una posición intermedia.
-
Infraestructura y logística
La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.
Foto: Inés Guimaraens
Para Etcheverry, la infraestructura es un componente central de la competitividad. El objetivo, explicó, es reducir los costos logísticos, mejorar la conectividad y garantizar una red que acompañe el movimiento de la producción.
Una de las prioridades es cerrar la malla vial y reducir los tiempos de traslado. Como ejemplo mencionó la Ruta 19, cuyo trazado se redujo en cuatro kilómetros y eliminó 24 curvas. Esos cambios, señaló, tienen un impacto directo sobre el consumo de combustible y lubricantes, los repuestos y la depreciación de los vehículos.
La ministra también remarcó la importancia del mantenimiento de la infraestructura existente. Uruguay cuenta con una extensa red de rutas nacionales y, según explicó, no se trata solamente de construir nuevos kilómetros sino de conservar el activo existente. Cada dólar invertido en mantenimiento en el momento adecuado, sostuvo, puede evitar posteriormente costos mayores.
A la vez, planteó que las obras deben anticiparse al desarrollo productivo y planificarse a mediano y largo plazo.
En materia ferroviaria, destacó la rehabilitación de la línea hacia Rivera y del puente sobre el río Negro, con el objetivo de mejorar las condiciones para captar carga del norte del país y también de Brasil.
Etcheverry remarcó que el ferrocarril no debe ser visto como una competencia para el transporte carretero, sino como un complemento dentro de un sistema multimodal. “Los buques no salen del agua, el ferrocarril no sale de las vías”, señaló, para explicar la necesidad de articular los distintos modos de transporte.
Loureiro junto al presidente Yamandú Orsi durante el evento.
Gastón Britos /FocoUY
-
El puerto y los costos de la logística
La situación del puerto fue otro de los puntos de coincidencia. Loureiro advirtió que las paralizaciones generan costos para transportistas, operadores, exportadores e importadores y afectan los tiempos, los negocios y la confiabilidad del país. Señaló que a la fecha de la conferencia Uruguay acumulaba más de 50 días afectados por paralizaciones en distintas áreas del puerto.
“Para un país pequeño y alejado de los grandes mercados, la logística no es un tema accesorio de la competitividad, es parte sustancial de la misma”, sostuvo.
Etcheverry reconoció la complejidad de la situación en la terminal especializada de contenedores y defendió la negociación entre las partes. Explicó que el gobierno estableció servicios mínimos con el objetivo de reducir la afectación de la actividad y favorecer la construcción de acuerdos.
La ministra también llamó la atención sobre los problemas que enfrenta el transporte profesional de carga, especialmente por los tiempos de espera que generan costos que muchas veces los transportistas no pueden trasladar. Por eso planteó la necesidad de aplicar “inteligencia logística” y atender las distintas situaciones con un criterio de equidad.
-
Una estrategia para crecer
Arim insistió en que la competitividad requiere una mirada que vaya más allá de los problemas inmediatos. Entre los desafíos mencionó la logística, el costo de la energía, el financiamiento, la formación de recursos humanos y la necesidad de construir puentes sistemáticos entre quienes generan conocimiento y el sector productivo.
También puso sobre la mesa la necesidad de mejorar la inteligencia comercial y repensar la inserción internacional de un país pequeño en un escenario de cambios en las reglas del comercio.
El planteo se conecta con la Estrategia Nacional de Desarrollo que impulsa la OPP: identificar los principales problemas, discutir instrumentos de política y construir una hoja de ruta que permita avanzar en competitividad, productividad y sostenibilidad.
El cierre de Loureiro resumió la idea que atravesó las distintas exposiciones: la competitividad no depende de una sola medida ni de un solo actor. “La competitividad no se decreta, no la construye solamente el gobierno ni solamente las empresas, la construimos entre todos”, afirmó.
