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23 de diciembre 2022 - 15:07hs

El Frente Amplio no perdona. No le falta razón al presidente Luis Lacalle Pou cuando dice que la coalición de izquierda le pega a todo lo que se mueve. Aunque le falta reconocer que el oficialismo dejó sueltos varios y pesados bultos que se menean –caso Astesiano, caso Marset, entre otros- como para merecer que le den duro.

Ante esa circunstancia, a Lacalle Pou no se lo ve seguro en sus apariciones públicas. Con la barba crecida, titubeante ante algunas preguntas de los periodistas, ensayando defensas y con poco margen para pasar a la ofensiva. Un blanco móvil muy tentador.

Pero ¿cuán fuerte debe pegar el Frente Amplio para no pasarse de rosca, para no dar la impresión de que está exagerando la nota, para que parte de la población no sienta que el gobierno, más allá de sus errores, está siendo víctima de una oposición cerril?

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La izquierda ha sido severa con el gobierno de Lacalle Pou. Lo que empezó con leves críticas a la gestión de la pandemia, -que debió guardarse cuando quedó claro que, en la emergencia, Lacalle tomó medidas adecuadas para superarla-, la izquierda fue paulatinamente aumentando la presión sobre el presidente y sus socios. Fue particularmente crítica con la Ley de Urgencia (LUC) a la sometió sin suerte a un referéndum luego de endilgarle capacidades destructoras que no tenía, como la supuesta privatización de la enseñanza pública. Tal vez por eso los votantes le dieron la espalda.

Pero con el correr de los meses, el Frente Amplio fue encontrado clavos sueltos en donde golpear. La inflación que encareció particularmente los artículos de la canasta básica, el aumento del precio de los combustibles, la violencia creciente entre bandas de delincuentes que dejaron un tendal de muertos por ajustes de cuentas, envalentonó a la izquierda.

El epítome de la ofensiva opositora fue el caso que involucró al jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, como integrante de una banda de falsificadores de pasaportes falsos. Si la elección de Astesiano, -un personaje con el antecedente de decenas de entradas a las comisarías indagado por diversos delitos-, ya se reveló desde el inicio de la investigación como un golpe duro para el presidente, cuando la investigación echó nueva luz sobre la actividades ilícitas del policía, la figura de Lacalle se vio aún más debilitada.

¿Cuán fuerte debe pegar el Frente Amplio para no pasarse de rosca, para no dar la impresión de que está exagerando la nota, para que parte de la población no sienta que el gobierno, más allá de sus errores, está siendo víctima de una oposición cerril?

 “Cometí un error y pasado el tiempo, ese error queda más marcado”, dijo Lacalle Pou el martes 13. Las encuestas, en tanto, muestran que la aprobación de la gestión presidencial cayó a sus niveles más bajos desde el 1 de marzo del 2020.

"Si bien las variaciones respecto a la medición anterior de fines de octubre (47% de aprobación) podrían considerarse moderadas (de hecho, dentro o al límite del margen de error), la comparación con la medición previa de principios de octubre muestra el panorama más claramente. Entre ese momento (recién iniciado el episodio vinculado a Astesiano) hasta la medición actual de principios de diciembre la aprobación al presidente pasa de 49% a 44% (caída de cinco puntos), y la desaprobación de 32% a 40% (crecimiento de ocho puntos)", indica un estudio de la empresa Equipos divulgado el 7 de setiembre.

Para peor, en los últimos días se supo que en el gobierno hubo una clara desinteligencia –por decir lo menos- en el caso que involucró al narcotraficante Sebastián Marset, a quien el Ministerio del Interior le otorgó un pasaporte pese a su condición. Unos chats publicados por la diaria revelaron que el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, había advertido a su par de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, acerca de que Marset era un “narco muy peligroso y pesado” pero la funcionaria no alertó al canciller Francisco Bustillo sobre esta situación. Ache terminó renunciando a su cargo acosada por críticas internas y externas.

A partir de ese estado de situación, la izquierda se ha mostrado impiadosa. Sus dirigentes acusan al presidente Lacalle Pou de haber lastimado la “institucionalidad” con su pecado original de haber elegido como jefe de custodia a una persona con las características de Astesiano; duplicó la apuesta tras las últimas noticias del caso Marset, y pidió la renuncia de varios ministros. “Nos preocupa que el presidente Lacalle esté subvaluando los problemas de salud democrática”, dijo el presidente del FA, Fernando Pereira.

El presidente Lacalle Pou había cuestionado a la izquierda por una supuesta constante “manija”, y advirtió que “no vale cualquier cosa con tal de volver al poder”. “He escuchado en este tiempo muchísimas cosas, que en la Torre Ejecutiva había una asociación para delinquir, que hay algo así como un narcoEstado, que el gobierno está acostumbrado a mentir. Esas acusaciones son graves”, dijo el mandatario.

Pero, la pregunta del principio de esta nota –hasta dónde golpear al gobierno- se presenta como un interrogante cuya respuesta debe procesar un Frente Amplio que ve que el horno está caliente y la mesa servida para que pueda comer bollos de todos los tamaños.

En el oficialismo dicen que si se ensaña, a la oposición le puede salir mal la jugada. Uno de los principales operadores blancos dijo que en el Frente Amplio parece existir la casi certeza de que tienen la próxima elección ganada. “Esa confianza fue, entre otras cosas, la que les hizo perder la elección pasada. Ojalá que sigan confiados”, dijo el parlamentario.

Dado los diferentes sesgos que existen dentro de la coalición de izquierda, es muy difícil congeniar una estrategia común en la estrategia opositora.

Una fuente cercana al expresidente colorado Julio Sanguinetti también consideró que a la mayoría de la gente le “cae mal” cuando un partido político se “ensaña desmedidamente” con quienes están gobernando.

En el Frente Amplio son reacios a comentar cuál será el tono de las críticas al gobierno en los próximos tiempos porque, entre otras cosas, entienden que los comentarios en ese sentido develarían la futura estrategia de la izquierda.

Allegados al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijeron que todo dependerá de las medidas que tome el gobierno en torno a los casos que más lo acucian, como el de Marset y Astesiano. Otro dirigente advirtió que dado los diferentes sesgos que existen dentro de la coalición de izquierda, es muy difícil congeniar una estrategia común en este asunto.

Por el lado de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, señalaron que “hay que trazar una línea justa”. “No hay que golpear bajo la línea de flotación de tal forma de afectar la institucionalidad, pero a la vez no se puede barrer debajo de la alfombra con temas graves que tienen que ver con el narcotráfico y la corrupción”, dijo un allegado a la jerarca.

 Mientras el gobierno atraviesa la que acaso sea su peor circunstancia desde el 1 de marzo de 2020, la oposición deberá tener cierto cuidado para no aparecer ante la opinión pública como esos ventajeros que esperan que el adversario se venga abajo para pegarle en el piso.

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