La Unión Europea demandará a Gran Bretaña por incumplimiento de acuerdos aduaneros

A principios de la semana, el primer ministro británico, Boris Johnson, -quien venía de superar a duras penas un voto de confianza de su propio bloque partidario- presentó una legislación que eliminaba los controles aduaneros para algunos bienes que ingresan a Irlanda del Norte desde territorio continental británico, violando así el Protocolo de Irlanda del Norte que se había firmado el 31 de enero de 2020, concebido como una solución para salvaguardar los acuerdos del Viernes Santo de 1998 que habían puesto fin a la historia de  conflictos armados entre nacionalistas y católicos irlandeses sobre el status de Irlanda del Norte.

El protocolo de Irlanda del Norte que se acordó con Bruselas apuntaba a evitar una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, posibilitando el normal funcionamiento económico de la isla y protegiendo el acuerdo del Viernes Santo, preservando al mismo tiempo la integridad del mercado único de mercancías de la Unión Europea, garantizando la protección de los consumidores, la salud pública, la sanidad animal y la lucha contra el fraude y el contrabando.

Las principales disposiciones del Protocolo garantizaban la armonización con las normas de la Unión Europea ya que tras el período transitorio entre la firma del Brexit y en el momento de la aplicación del protocolo, el 1 de enero de 2020, Irlanda del Norte quedaría sujeta a una cantidad limitada de las normas europeas relacionadas con el mercado único y la unión aduanera. Esto significaba que se aplicaría el código aduanero europeo a todas las mercancías que entraran o salieran de Irlanda del Norte. También implicaban que en los puntos de entrada al país se llevarían a cabo las inspecciones y controles necesarios a todas las mercancías que pudieran ingresar a Irlanda del Norte desde el Reino Unido o desde cualquier otro país. El Reino Unido debía, entonces, garantizar que se llevaran a cabo tales procedimientos y controles, incluyendo los sanitarios y fitosanitarios.

En cuanto a los derechos aduaneros, el Protocolo partía de la presunción de que todas las mercancías que entraran en Irlanda del Norte procedentes de cualquier país debían tributar derechos aduaneros a menos que no existiera en absoluto el riesgo de que tales mercancías siguieran circulando hacia la Unión Europea, según un mecanismo de salvaguarda incorporado en el protocolo.

El artículo 12, en sus apartados 1 y 2 establecía que la aplicación del Protocolo era responsabilidad exclusiva del Reino Unido con respecto a Irlanda del Norte y, con el fin de garantizar la aplicación del punto 1 mencionado, el punto 2 contemplaba la presencia de la Unión Europea durante las actividades de ejecución por parte del Reino Unido.

Finalmente, el Protocolo contempla un mecanismo de “consentimiento” que da a la Asamblea de Irlanda del Norte (establecida por los acuerdos de paz del Viernes Santo) la última palabra sobre la aplicación a largo plazo de los derechos de la Unión Europea aplicables en materia de mercancías y aduanas, del mercado de electricidad y del IVA.

A partir del triunfo del católico y europeísta Sinn Fein en las elecciones de mayo, el sector pro británico y anti europeo, el Partido Democrático Unionista (DUP), impide la conformación de la Asamblea y la elección del Ejecutivo, argumentando que no se prestaría a ningún acuerdo sin que previamente el gobierno británico no establezca con claridad su posición y de a conocer qué acciones concretas tomaría con respecto a la aprobación del protocolo.

Esta situación de estancamiento, posibilitada por las cláusulas de los acuerdos del Viernes Santo que establecen la necesidad de un consenso (cross community) entre católicos y unionistas para las decisiones administrativas y políticas, sumada a las protestas de sectores sindicales por los supuestos mayores costos -y aumento de precios- que implicarían los controles previstos en el protocolo, influyó seguramente en la decisión del primer ministro de establecer cambios unilaterales en el protocolo.

Johnson ha hecho suyos los argumentos que el DUP sostiene en Irlanda del Norte, en el sentido de que el Protocolo crearía una barrera comercial con el resto del Reino Unido, por lo que sería necesario “mejorarlo para evitar el desbalance de los acuerdos del Viernes Santo”. Paradójicamente, el propio Johnson se ha expresado favorablemente en el pasado con respecto al Protocolo (del cual él mismo fue uno de los negociadores). “Es un buen arreglo, con la mínima burocracia posible” dijo en octubre de 2019 en las Cámara de los Comunes. Y agregó: “Es totalmente compatible con el acuerdo del Viernes Santo”.

La modificación (cambios triviales los llamó Johnson) del proyecto presentado consiste básicamente en que los bienes que ingresen a Irlanda del Norte provenientes de Gran Bretaña y destinados a ser consumidos en ese país, pasarán por un canal verde sin controles y los bienes que sigan hacia Irlanda pasarán por un canal rojo controlado según normas de la UE.

Se espera que el trámite legislativo dure varios meses y ya cuenta con la oposición laborista e incluso de algunos tories opositores internos a Boris Johnson.

Por su parte, al anunciar la sustanciación de una demanda contra el Reino Unido, Sefcovic afirmó que la nueva legislación propuesta para modificar el Protocolo es ilegal y extremadamente dañina para la confianza y el respeto mutuos entre la Unión Europea y el Reino Unido, creando una incertidumbre que ensombrece la cooperación mutua.

En Irlanda, el ministro de Relaciones Exteriores, Simon Coveney, expresó que la situación es el resultado de una “acción deliberada del gobierno británico de priorizar la provocación antes que la cooperación”.

En Irlanda del Norte, los unionistas -que perciben el Protocolo como una amenaza- saludaron la propuesta de Johnson, en cambio el Sinn Fein y sus aliados firmaron una carta conjunta en la que rechazan en términos enérgicos cualquier legislación que altere las normas del Protocolo.