Laberinto legal: Brasil expulsó a un hombre al que pide extraditar

Sinópoli es argentino pero vive en Uruguay hace ya un buen tiempo. El 29 de marzo, mientras estaba en la Laguna Merín, la policía lo detuvo y le informó que estaba siendo buscando por Interpol a pedido de la Justicia brasileña. El hombre dijo que no entendía por qué lo estaban deteniendo, pese a que admite que en 2002  tuvo problemas en ese país que adjudica a ese presunto robo de identidad. Ese es el argumento que le repitió convencido a la jueza Laura Sunhary y a la fiscal Angelita Romano en la audiencia posterior a su detención, el 29 de marzo. 

Sin embargo, para la fiscalía no había duda respecto a la identidad de Sinópoli. “Estamos convencidos de que es la persona que se detuvo y sobre la cual pesa una solicitud”, dijo Romano a la jueza Sunhary ese día y solicitó un cotejo de sus huellas dactilares. Al día siguiente, la Justicia uruguaya confirmó que Sinópoli era el hombre al que buscaban y comenzó el proceso por el cual Brasil solicitaba su extradición para que cumpliera una condena de 21 años, que le pesa desde noviembre de 2014. Según la información en  manos de la fiscal, el hombre es acusado de hurto, falsa declaración, falsificación y uso de documentación pública falsa “que utilizó para cambios contractuales en varias empresas”, a lo que se le suman también documentación privada falsa. 

Esa audiencia fue el punto de partida para que Sinópoli quedara preso en Cárcel Central, donde lleva más de 160 días, lo que según su abogado –que prefirió no revelar su nombre–, es inconstitucional porque el Código del Proceso Penal (CPP) establece un máximo de cuatro meses de detención en casos de extradición. La defensa ha solicitado más de una vez la libertad de su cliente, pero no tuvo éxito. Para la jueza, Sinópoli debe seguir preso porque así se lo permiten tratados internacionales. 

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“Con Brasil rige un acuerdo entre países parte del Mercosur y se prevé que como consecuencia del proceso de extradición, el extraditable sea privado de libertad”, argumentó la magistrada el 31 de agosto, en una nueva audiencia. 

Pero a la historia de este hombre que procura recuperar su libertad argumetando que le robaron la identidad, que lleva más de cinco meses preso y cuyo abogado pelea por su libertad por considerar que su estadía en Cárcel Central es inconstitucional, se le suma un ingrediente más que transforma este caso en un verdadero laberinto. 

El 16 de julio llegó una notificación desde Brasil que parecía que iba a cambiar el curso de la causa.El Ministerio de Seguridad Pública –el Ministerio del Interior brasilero– determinó a través del Departamento de la Policía Federal que Sinópoli fuera expulsado de Brasil, e indicó que “con su ausencia” para concretar la medida “será considerado rebelde”. El escrito al que accedió El Observador señala que Sinópoli debía comparecer a una audiencia el 1° de agosto en Río de Janeiro para terminar de determinar esa medida. Pero no pudo presentarse porque a la misma vez que Brasil pedía que fuera expulsado, él se encontraba en una cárcel uruguaya esperando la concreción de su extradición a ese país para someterse a un juicio. 

¿Por qué la Justicia de Brasil pide a Uruguay que le entregue a Sinópoli pero a la misma vez lo quiere expulsar? Para su abogado, la explicación radica en que el 31 de julio quedó sin efecto la sentencia de hace 14 años por la cual era condenado a 21 años de prisión, luego de un fallo de la Suprema Corte brasileña. 

“El 30 de julio mi defendido fue indultado”, explicó en la última audiencia realizada –oral y pública por el nuevo Código del Proceso Penal– y agregó: “En el documento (sobre la expulsión) dice que esa es su situación actual. Lo que quiero decir es que solo el documento del inicio del proceso de expulsión se da de frente con este proceso de extradición. O existe la extradición o existe la expulsión, y como el proceso de expulsión es lo último, es claro que Brasil no tiene interés en la extradición y no tiene objeto”. 

El documento donde se pide la expulsión de Sinópoli de territorio brasileño también indica que se lo declaraba en rebeldía si no se presentaba a la audiencia en la que dictaminarían su prohibición de ingresar al país. Como le fue imposible asistir por estar preso en Uruguay, también está considerado como un rebelde para la Justicia de Brasil. 

La jueza Sunhary no dio lugar al pedido de la defensa de que el proceso de extraditación se detuviera porque entendió que ambas solicitudes (la que requiere a Sinópoli y la que pide que se lo expulse de Brasil) van por carriles diferentes. A su vez, según dijo la magistrada en la última audiencia, para que la expulsión fuera concretada el recluso debería haber estado en la audiencia del 1° de agosto, pero eso no sucedió. 

La defensa apeló la decisión de Sunhary de no archivar la causa por las razones explicadas porque insistió con el argumento de que la extradición tiene por objetivo “poner a disposición del gobierno de Brasil a una persona para ser arrestada y cumplir una pena y paralelamente el mismo país le está iniciando otro proceso” para que no pueda pisar más suelo vecino y afirmó que “no puede ser conducido a territorio brasilero”. 

“Debe ser considerado como una voluntad del gobierno que tácitamente desiste de la extradición, porque mal puede pretender la Justicia uruguaya que le remita a un ciudadano argentino para echarlo”, dijo a la jueza en la audiencia. 

A su vez, afirmó que si Sinópoli viaja puede estar cometiendo un delito por no hacer lugar al pedido del Ministerio de Seguridad Pública.

Sinópoli tuvo cuatro audiencias desde que fue detenido y en ninguna se hizo lugar a nada de lo que su defensa solicitó. 

Ahora la Justicia aguarda un informe sobre su salud para determinar si el hombre puede seguir preso en el sexto piso de Cárcel Central.

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Un pedido de refugio trunco

Mientras pasa sus días en la cárcel, Leonardo Sinópoli redacta escritos, como si la defensa de su caso estuviera en sus manos. En uno de ellos pidió, por ejemplo, que su causa se revea porque las autoridades brasileras no se presentaron a ninguna de las audiencias en las que se trata su extradición. Ese pedido fue rechazado porque según la Justicia uruguaya no es necesario que se presenten. En otro, el argentino pidió permanecer en Uruguay en calidad de refugiado, por considerar que sus derechos estaban siendo violentados. La solicitud fue realizada hace un par de meses y este jueves 6 fue la audiencia en la que finalmente se determinó que Sinópoli no cumple con los requisitos para ser declarado refugiado en el país. En las primeras audiencias a las que asistió, la jueza le consultó cómo había sido detenido y si tenía objeciones, pero no hubo mayores reparos. Su única queja fue que no pudo comunicarse con su esposa para notificarle su situación, apenas había sido enviado a la cárcel.