Extranjeros que esperan para ser extraditados llegan a pasar años en celdas uruguayas esperando que la Justicia decida

Habían pasado pocos días de diciembre en 2017 cuando Miguel pisó tierra uruguaya por primera vez con un anillo de compromiso en el bolsillo. Compró un pasaje de ida y vuelta de su país a Montevideo para proponerle matrimonio a su novia. Pero el desenlace de su historia lo dejó bastante lejos de un altar. A Miguel –quien pidió preservar su identidad y nacionalidad– lo detuvo la Interpol en el aeropuerto de Carrasco y a partir de ahí pasó a estar recluido en Cárcel Central, donde están todas las personas que aguardan una extradición a un país que los requirió para ser investigados como presuntos responsables de un delito.

En el caso de Miguel, la Justicia de su país lo buscaba por una posible estafa, pero esa situación al Poder Judicial uruguayo no le interesa. Tampoco le incumbe saber si Miguel es culpable o inocente. Lo único que la Justicia uruguaya debe determinar si corresponde o no la extradición, que Miguel aún espera desde diciembre.

Cuando se lo detuvo, el hombre tuvo la posibilidad de aceptar la extradición pero se negó y quiso que se definiera en un juicio. La Justicia aceptó el traslado al país que lo reclamó en primera instancia pero él apeló y ahora será un tribunal de alzada el que debe fallar al respecto. Si la sentencia confirma la resolución de primera instancia, el extranjero hará que su caso de extradición llegue hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a través de un recurso de casación, que puede llevar unos meses. ¿Cuánto exactamente? Difícil saberlo, aunque existen situaciones similares a las de Miguel en las que la persona espera unos tres años hasta que finalmente se le concede la extradición y viaja al país que lo requirió, donde se juzgará si es culpable o no del delito por el que se le pidió a Uruguay extraditarlo.

El vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, remarcó a El Observador que "el extraditado esté esperando no tiene nada que ver con la causa por la cual se pidió su extradición", sino que "lo que se juzga en Uruguay es si corresponde o no la entrega de la persona requerida".

Y agregó: "Si sos o no inocente no lo van a juzgar acá, eso lo tenés que ir a demostrar al país que te requiere. Lo que estudia (la Justicia uruguaya) son los requisitos formales para que se lleve adelante la extradición", explicó. Y mientras el requerido aguarda que la Justicia resuelva si acepta extraditarlo, el tiempo corre dentro de una celda.

Las extradiciones están regidas por tratados entre los países, que son distintos dependiendo de la nación con la que se firme. El país requirente tiene un plazo determinado desde que en Uruguay se detiene a la persona para pedir formalmente su extradición y si no lo hace debe ser liberada. Más allá de los tratados o convenciones firmados entre Estados, existen reglas generales que desde el 1° de noviembre están establecidas en el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). El proceso sigue estando regido por las convenciones internacionales vigentes, pero en caso de que un país no cuente con una norma con Uruguay sobre ese aspecto o "insuficiencia de los instrumentos", como puede ser no disponer de plazos, rige lo que establece el CPP uruguayo.

Esa norma indica que "si dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la audiencia, el Estado requirente no formaliza el pedido de extradición, el tribunal dispondrá el cese del arresto, sin perjuicio de las medidas cautelares que pueda adoptar" y si pasan 15 días el juez debe disponer su libertad definitiva y archivo de la extradición. A su vez, como medida cautelar de prisión la persona podrá estar bajo prisión preventiva un máximo de 120 días. En el caso de Miguel, pasaron más de 250 días desde su arresto y sigue preso porque apeló y aguarda el dictamen de un tribunal de apelaciones.

La medida de los 120 días como máximo de prisión fue tenida en cuenta por la defensa del italiano Rocco Morabito, quien sigue en la cárcel porque la jueza Dolores Sánchez le negó el cese del arresto administrativo a pesar de que para el fiscal Luis Pacheco se debe ceñir al nuevo CPP. En su caso, Uruguay tiene un tratado con Italia pero que es de 1879 y no cuenta con un plazo definido, lo que significa que una persona requerida por ese país puede estar en una cárcel uruguaya años. Pacheco consideró en su vista fiscal que el CPP "regula el proceso de extradición en forma más favorable y más benigna para las personas requeridas", por lo que considera que la Justicia debe regirse en ese caso por esa norma.