Lacalle Pou propone extender legítima defensa de policías

El artículo 26 del Código Penal establece que cualquier persona, incluso los policías, deben probar que actuaron en legítima defensa cuando hubieren lesionado o matado a una persona, siempre y cuando se cumplan tres requisitos: que la agresión sufrida haya sido ilegítima; necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño; y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. "Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias", agrega el código.

El legislador blanco agrega a esa redacción que "se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto del funcionario policial que, en el ejercicio de sus tareas, empleando la fuerza causa un resultado legal o provoque lesiones personales, graves o gravísimas". Además, suma que esa presunción para el policía admitirá prueba en contrario, "toda vez que el funcionario se aparte de los principios legales que rigen la actuación policial", y en ese sentido cita el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Por lo tanto el policía que lesione o mate a un delincuente será amparado por la legítima defensa al inicio del proceso de investigación de ese caso, y deberá ser sancionado siempre y cuando se pruebe el incumplimiento de alguno de los tres requisitos legales.

La elaboración del proyecto tuvo detrás al asesor en seguridad del Partido Nacional, Álvaro Garcé, quien fue comisionado parlamentario para el sistema carcelario dos veces y trabajó en el equipo de campaña de Lacalle Pou en 2014. Según dijo Garcé a El Observador, la propuesta de cambio no significa establecer un "gatillo fácil" para los policías, porque evita la presunción absoluta, es decir, que de todas formas se puede probar un abuso del funcionario y castigarlo en consecuencia. A su modo de ver, los policías se verían más seguros con ese cambio, ya que a menudo atraviesan situaciones de vida o muerte que deben resolver en segundo. "El proyecto acierta en el punto medio. Tiende a dar respaldo pero es equilibrado porque cuida que no haya excesos de las facultades y el abuso de la fuerza", agregó.

En la exposición de motivos, Lacalle Pou dice: "Entre la vida y la muerte, en una mínima fracción temporal los policías deben elegir la oportunidad y la magnitud de la respuesta de fuerza que desarrollarán. En esa crucial circunstancia no deberían dudar de su respaldo jurídico. Sin embargo, en la práctica temen y esperan a ser agredidos para, bajo el gravísimo peligro inherente a la demora, quedar amparados por las normas de la legítima defensa".