Para poder reformar la Constitución y que se incluyan esas propuestas, el líder de Alianza Nacional irá "a la gente", como anticipó hace unas dos semanas, y juntará firmas de los ciudadanos para que ejerzan la llamada "democracia directa". Cuando terminen su trabajo los juristas que elaboran el texto que contendrá esas propuestas, Larrañaga comenzará una ronda de consulta sobre el tema con los demás partidos de la oposición y referentes políticos, pero el panorama pinta un tanto desolado.
A pesar de que todavía no comenzaron los contactos formales, todo indica que dentro del Partido Nacional el apoyo total a Larrañaga se limitará a su sector, que ya aprobó la iniciativa por unanimidad. De todos modos, el resultado de esas reuniones no hará cambiar de opinión a Larrañaga, que ya se embanderó con la necesidad de plebiscitar reformas constitucionales sobre la seguridad. Allegados al líder de Alianza Nacional afirmaron a El Observador que esa decisión no tiene marcha atrás y la llevará adelante pase lo que pase.
Además, en el entorno del senador sanducero consideran que quedar solo es una oportunidad para posicionarse como el defensor de un tema sensible para buena parte de la ciudadanía.
Es cierto que en una de sus últimas audiciones semanales, el senador y líder del sector nacionalista Todos, Luis Lacalle Pou, dijo fuerte y claro que en materia de seguridad apoyará "cualquier instancia que trate de alguna manera de sacudir esta opacidad del gobierno" y que eso incluía "apoyar juntadas de firmas si es que así lo establece o lo decide el senador Jorge Larrañaga". Pero un detalle en su alocución tomó un poco más de forma en los últimos días. Lacalle Pou también fue claro al afirmar que primero verían "el contenido de las propuestas" y en ese sentido, el líder de Todos no concuerda con la iniciativa de hacer un plebiscito, confiaron a El Observador algunos de sus allegados.
El líder nacionalista pretende apoyar iniciativas que se puedan cumplir en este período de gobierno. No está de acuerdo, según las fuentes, en proponer un cambio en la Constitución que se aplique desde 2020.
Larrañaga basará su texto en el literal A del artículo 331 de la Constitución, que indica que podrá ser reformada "por iniciativa del 10% de los ciudadanos, presentando un proyecto articulado que se elevará al Presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata". La elección "más inmediata" es en 2019 y, de aprobarse esas medidas, correrían a partir de 2020. En esa audición, Lacalle opinó que "los uruguayos no pueden esperar a un cambio de gobierno para algunas medidas" y por eso para el líder blanco, esperar a 2020 no es la mejor opción.
Otra señal que se emite con el plebiscito para incorporar en la Constitución cosas que son propias de las leyes, es que los que juntan firmas no están tan seguros de su eventual victoria en las elecciones nacionales. En un escenario de paridad como el que muestran las encuestas para 2019 entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, resignarse a que los cambios tengan que llegar de una reforma constitucional y no de una victoria opositora en 2019 no es buena señal, creen algunos de los blancos que se resisten a la propuesta de Larrañaga.
Si Lacalle Pou decide no acompañar enteramente la propuesta de Larrañaga, tal vez el senador wilsonista podría buscar otros aliados blancos, tarea que tampoco le será sencilla. La senador Verónica Alonso, por ejemplo, ya le comunicó que no lo acompañará a juntar firmas porque no cree que las medidas propuestas deban estar incluidas en la Constitución. "Está claro que coincido con Larrañaga en que hay situaciones en las que hemos agotado los caminos para llevar adelante las modificaciones que haya que hacer y los mecanismos de democracia directa son más que legítimos. Pero lo que no comparto es ni la medida de la guardia militarizada ni la cadena perpetua revisable", dijo a El Observador y aclaró que en el caso de esa segunda medida, sí está de acuerdo con que la perpetua revisable en delitos como el de abuso sexual a niños de reincidentes. Alonso enfatizó la necesidad de que hayan más programas socioeducativos y laborales en las cárceles, sumados a tratamientos de adicciones porque, dijo, cuando los presos trabajan "la reincidencia baja enormemente porque aprendieron un oficio".
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Esas confusiones de roles también habían sido advertidas por el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, quien dijo al programa La Voz de Melo que Ejército y Policía deben ocuparse cada uno de sus funciones, que son diferentes. "Yo sé cuál es el rol del Ejército, que es el de defender a las instituciones y sé cuál es el rol de la Policía, que es el de la prevención del delito. Si confundimos una cosa y la otra nos vamos a quedar sin una cosa bien hecha y sin la otra cosa bien hecha. Me parece que es una propuesta que no debe funcionar en la sociedad. Estos entreveros no conducen a nada y por la tentación de que las encuestas den mejor no se puede hacer cualquier cosa", sostuvo hace algunos días en esa entrevista.
Tal es así, que en el grupo de intendentes que intendentes que integra Botana junto a otros exaliancistas que decidieron separarse de Larrañaga para crear una nueva ala wilsonista, es consensuada la idea de no apoyar juntar firmas para un plebiscito.
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Hace poco más de un mes, cuando Larrañaga anunció sus tres principales ideas en materia de seguridad, expertos en opinión pública consultados por El Observador coincidieron en que en ese tema el líder wilsonista muestra su lado más "de derecha" en un político que dentro del Partido Nacional es considerado "de centro" y que eso repercute en los votantes que podrían apoyarlo: un mayor respaldo en aquellos que miran con cariño las medidas más derechistas –como la mano dura contra la delincuencia- y el rechazo de quienes se consideran en el otro extremo ideológico.
Los expertos (Eduardo Bottinelli y Adolfo Garcé) también coincidieron en que eso responde a una necesidad de estar atento a un problema que está grabado a fuego en la agenda pública. Por más de que los principales referentes de la oposición reiteran su preocupación y proponen medidas para terminar con la inseguridad, a la que consideran prácticamente una pandemia, es probable que Larrañaga deba sostener sus tres propuestas con menos manos de las que pensaba.
El senador colorado Pedro Bordaberry será el encargado este miércoles de interpelar por novena vez al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, una herramienta bastante utilizada por la oposición cuando sienten que la situación en torno a la seguridad pública no da para más. Este martes, el senador se encontraba repasando la información sobre la que interrogará al ministro y con cada dato nuevo que leía se convencía más de que la interpelación era totalmente necesaria.
La interpelación se realizará, entre otras causas, por el aumento en la cantidad de homicidio y "el fracaso que eso significa en la gestión". "No tenemos que insistir sobre las situaciones que se encuentra el país en materia de inseguridad. Es la situación más grave desde que se llevan estadísticas de homicidios. Hay un fracaso que hemos reiterado en las políticas de seguridad y el Ministerio del Interior tiene un variado abanico de excusas", argumentó Bordaberry en la sesión del Senado en la que se votó su propuesta.