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Las críticas y sugerencias de expertos al borrador de reforma de las jubilaciones
El riesgo de no contar con un "consenso político básico" en la coalición o la importancia de "calibrar" bien medidas antipáticas como subir la edad de retiro fueron algunas de las advertencias que tres expertos manejaron sobre la reforma de las jubilaciones que tiene a estudio el Poder Ejecutivo y cuyo ingreso al Parlamento está previsto para mediados de este año, según lo confirmó en los últimos días el presidente de la República Luis Lacalle Pou.
Este jueves, la Asociación Nacional de AFAP de Uruguay (Anafap) organizó un Panel de Conversación sobre la Reforma Previsional en base a las Recomendaciones de la Comisión de Expertos en Seguridad Social.
El mismo contó con la participación y los aportes de Ariel Davrieux, ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gonzalo Zunino, director del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE); y Carlos Matyszczyk, exgerente general de República AFAP.
En sus disertaciones, los invitados dieron sus primeras impresiones y compartieron análisis sobre el documento de recomendaciones para la reforma del sistema previsional que presentó la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) al Poder Ejecutivo el 12 de noviembre de 2021.
Algunos aspectos pendientes
Para Zunino, la reforma de la seguridad social debería apuntar, en primer lugar, a “contener el gasto es pensiones” ya que ese es el “desafío más importante”. Por otro lado, sostuvo que se podría aprovechar la reforma para tener una “mejor distribución intergeneracional del gasto público social” ya que hoy “la mayor parte recae en el sistema de pensiones cuyo monto es muy alto comparado con educación o la salud”.
“Ahí gastamos mucha plata. Se podría aprovechar la reforma para tener un balance intergeneracional más razonable del gasto público social y se podría además buscar solucionar esos problemas de diseño focalizando mejor las heterogeneidades intrageneracionales en el subsidio implícito”, explicó.
Zunino sostuvo que en el documento se pueden ver distinto cambios paramétricos vinculados a los cálculos del sueldo básico jubilatorio, cambios en la tasa de reemplazo o aumento en la edad mínima jubilatoria que pueden generar “revuelo a nivel de la discusión pública” por lo que hay que “calibrar bien esas medidas”.
Sin embargo, expresó que son medidas “esperables y entendibles” en pos de “solucionar la sostenibilidad financiera de sistema”. “Lamentablemente la sostenibilidad financiera del sistema se soluciona con medidas que no son muy simpáticas pero son entendibles”.
Por otra parte, Zunino estableció algunos “aspectos pendientes” en las recomendaciones de la CESS. Por un lado, sostuvo que las transformaciones sugeridas “deberían estar mucho más apoyadas en estimaciones concretas de los resultados que se esperan alcanzar con las mismas”. En ese sentido, marcó los costos de la incorporación al sistema mixto, los impactos fiscales globales, los impactos en cobertura y suficiencia y los impactos distributivos.
El director del Cinve también manifestó que existen aspectos que se establecen “con demasiados grados de libertad”, lo que podría “dificultad la evaluación”, como por ejemplo el tema de las bonificaciones.
Propuestas alternativas
Matyszczyk, por su parte, mostró su posición respecto a varios capítulos del documento presentado por la CESS entre los que destaca, por ejemplo, el referido a la etapa de acumulación del régimen de ahorra individual obligatorio.
En este punto, el ingeniero hizo referencia a la elección de la administradora, donde dijo compartir la recomendación de la CESS en cuanto a mantener la libertad de elección de los afiliados. También valoró la propuesta de evitar la competencia centrada en fuerza de ventas ya que ha demostrado ser “muy ser muy negativo para el afiliado” en los países donde se implementó.
Considerar la rentabilidad neta en opciones por defecto es otra de los puntos con los que Matyszczyk estuvo de acuerdo pero añadió que eso debe darse “siempre y cuando no se realice al principio de la vida activa del trabajador” ya que “si se hace así se lo perjudica”.
El punto más novedoso señalado por el exgerente general de República AFAP dentro del capítulo fue la recomendación de la CESS de introducir competencia en dos etapas y con una licitación en la primera.
Esta competencia, según la CESS, tendría una primera etapa de licitación con tres años de permanencia, algo que Matyszczyk compartió porque “va en el sentido de cobrarle muy poco al afiliado al principio que es cuando más interesa cobrarle poco”. Esa primera etapa tendría, según la CESS, un portfolio con características de corto plazo, algo a lo que Matyszczyk no le encontró “ventajas”.
En la segunda etapa se da la elección de la administradora por parte de los afiliados y los que no eligen son asignados por rentabilidad neta. “Aquí el cuidado que hay que tener es que la ventaja que se logró en la primera etapa con la licitación, de eliminar la competencia centrada en fuerza de ventas, no se llegue aquí a generar porque es algo muy probable que ahí haya competencia centrada en fuerza de ventas”, alertó el exgerente general de República AFAP.
En lo que tiene que ver con las formas de licitación, las recomendaciones de la CESS incluyen dos opciones, por un lado, un único precio para todos los afiliados, algo que se utiliza en Chile y que Matyszczyk consideró que “ha demostrado ser muy idónea para el ingreso de nuevos competidores pero no servir para bajar el precio a los afiliados existentes”.
La otra opción es la de permitir diferentes precios para los afiliados nuevos y existentes. Para Matyszczyk esto “va en el sentido correcto” ya que habilita a que los afiliados “cuando recién ingresan paguen poco porque eso es lo que más le puede significar un mayor ahorro en el futuro”.
El exgerente general de República AFAP propuso una “forma alternativa de funcionar en dos etapas” que tiene como finalidad “maximizar el ahorro del afiliado” utilizando las herramientas que son “un costo mínimo al inicio y minimizar la probabilidad de competencia centrada en fuerza de ventas”. Esto se realizaría en dos etapas, la primera en los tres primeros años desde el ingreso del afiliado y la segunda comenzando en el cuarto año.
En la primera etapa se distribuirían los nuevos afiliados de cada año en partes iguales para todas las administradoras. Posteriormente se aplicaría a todos esos afiliados una Comisión Máxima 1, que estaría definida por el regulador como un valor que solo cubra el costo operativo de las administradoras. Luego, el afiliado podría cambiar de administradora cuando quiera.
En la segunda etapa, el regulador definiría un tope de comisión denominado Comisión Máxima 2. Posteriormente, las administradoras comunicarán, al final del año tres, su comisión para todo ese cuarto año y el afiliado podrá elegir. Los que no elijan podrán ser asignados por rentabilidad neta pero, según Matyszczyk, “no todos a la de mejor rentabilidad neta”. “La de mejor rentabilidad neta se lleva la mayor parte, la segunda un poco más chico, la tercera un poco menos y solamente la que es peor en rentabilidad neta no se lleva ninguna afiliado”, explicó.
Para Matyszczyk, los beneficios de esta propuesta alternativa son varios. Por un lado, que el costo marginal de administrar los ahorros de los afiliados un año es casi nulo ya que los nuevos afiliados son menos del 3% del stock.
Por otro lado, todas las administradoras cobrarían algo el primer año, cosa que no se verifica con la licitación. Además, todas las administradoras menos una recibirían afiliados en la segunda etapa. También se valora que esta modalidad no obstaculizaría el ingreso de nuevos competidores y que es la situación más favorable para el afiliado. A eso se le suma, según Matyszczyk, que la mayor estabilidad del ingreso de la administradora disminuye la probabilidad de competencia centrada en fuerza de ventas.
Tratamiento en el Parlamento
Davrieux, con una mirada más política, valoró el trabajo de la CESS como “fantástico” y fue consultado respecto a cómo debe abordarse la discusión de la reforma en el Parlamento para tratar de alcanzar un consenso. En ese sentido, afirmó que “el consenso es previo” y que debe alcanzarse entre los integrantes de la coalición de gobierno. “Basta con que algo así como 10% o 15% de los diputados o senadores no vote para que ya no funcione entonces este consenso tiene que ser básico y previo”, alertó.
A su vez, el exdirector de la OPP justificó que el consenso debe darse en la coalición ya que “el partido opositor y los grupos sociales que participaron tienen más o menos la misma mentalidad y no votaron ni el diagnostico” por lo que “no se puede esperar apoyo por más que se hagan modificaciones al proyecto”.
