Las diferentes actitudes de los legisladores frente a la responsabilidad de un descuido

Sin embargo, menos claridad hay sobre la capacidad de los legisladores de hacerse responsable frente a lo que podría ser considerado como un error.

La ley que se promulgó en enero de este año incluyó como último artículo la derogación de leyes anteriores relativas al lavado de activos. Al haber redactado la palabra "derógase" y no "sustitúyase", los especialistas argumentan que una interpretación posible es que todos los delitos de lavado de activos que se cometieron con las leyes viejas dejan de existir.

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Más allá de la voluntad de los parlamentarios, e independientemente de la forma en que fiscales y jueces traten el tema, lo que no deja duda es que tuvieron un descuido importante. Sobre esto tampoco hay discusión.

Pero no todos están dispuestos a reconocerlo y, de hecho, el descuido generó reacciones diversas entre los legisladores.

Mientras que el senador independiente Pablo Mieres y el diputado frenteamplista Alfredo Asti criticaron a los abogados que denunciaron la situación, el diputado colorado Ope Pasquet decidió asumir la responsabilidad y el senador Pedro Bordaberry dijo que el tema ya había sido advertido por su correligionario José Amorín Batlle. Por su parte el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, culpó al Frente Amplio.

Asti dijo que es "una chicana jurídica" plantear que se deroga el delito de lavado para los casos anterior y Mieres aplaudió a los "jueces y fiscales que no siguen el juego de los que buscan, con tecnicismos jurídicos, dejar libres a delincuentes por lavado de activos".

En tanto, Pasquet escribió una columna en Facebook en la que afirma que "nadie vio" los posibles efectos de usar la palabra "derogación".

"En su momento nadie -reitero, nadie- advirtió que la derogación de normas que establecían delitos da pie para sostener que esos delitos se extinguieron, lo que a su vez debería determinar la liberación de quienes se encuentren privados de libertad bajo la imputación de haberlos cometido, y la clausura de los procedimientos respectivos", escribió el legislador.

De esta manera, Pasquet admite que "sin proponérselo", dicha ley "estaría consagrando la impunidad de conductas que según la misma ley deben seguir siendo delictivas y castigadas con penas más severas que las anteriormente vigentes".

Aún cuando el diputado argumenta que en este caso específico "hay sólidos fundamentos" para rechazar la tesis de la extinción, reconoce que "la discusión debió evitarse" con una "mejor técnica legislativa".

"Lo cierto es que ni los diputados ni los senadores vimos el problema; tampoco lo vieron los numerosos asesores que participaron en la elaboración del proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento, y conste que entre esos asesores hubo representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la Nación, del Banco Central y de otras instituciones. Tampoco el Colegio de Abogados ni los expertos en Derecho Penal que fueron consultados señalaron el problema que podría plantearse con las derogaciones", dijo antes de asumir su cuota de responsabilidad como miembro del parlamento.

Pasquet comparte la necesidad de resolver la situación a través de una ley interpretativa, tal como propuso la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi.

Bianchi entiende que una ley interpretativa "no es necesaria", pero la propuso "para tranquilidad de todo".

Bordaberry dijo a El Observador que cree que una ley interpretativa "no es la solución" ya que no hay nada "dudoso" para interpretar. En cambio, el legisladr cree que "hay que esperar a la actuación de la Justicia".

Larrañaga tuiteó que la norma "presentaba deficiencias técnicas" que él advirtió durante la discusión en Senado.

"En la sesión donde se trató el proyecto se solicitó volviera a Comisión para subsanar errores; el oficialismo se negó. No voté ningún artículo de esa ley", dijo.

Ese fue también el argumento de Amorín, que Bordaberry se encargó de evocar en Twitter, sin embargo ni Larrañaga ni Amorín se refirieron en ningún momento al problema de la derogación.