El presidente de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, dijo a El Observador que de surgir más casos como los de la última semana, "se podrá revisar y estudiar" la inclusión de las automotoras como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
El Parlamento aprobó el pasado 20 de diciembre la nueva ley de combate al lavado de activos, que incorporó a contadores y abogados entre los sujetos obligados a reportar, al igual que los casinos, inmobiliarias y rematadores. Sin embargo, la ley deja afuera a las automotoras, a pesar de que algunos especialistas entienden que es un rubro con alto riesgo de
lavado.
El experto consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de activos, Ricardo Sabella, afirmó la semana pasada que las sospechas en torno al proceder de la
Ferrari que circuló en Malvín Norte "evidencian un riesgo que no está siendo atendido" por la normativa vigente. "La venta de autos de alta gama, embarcaciones y aeronaves, como bienes registrables, debería estar contemplada en la debida diligencia (reporte de operaciones sospechosas) para conocer de dónde vienen los fondos", dijo Sabella a El Observador.
Espinosa señaló que la inclusión de las automotoras "se había evaluado" pero se entendió que "el tema no era tan frecuente", de acuerdo a las últimas evaluaciones de riesgo realizadas entre 2015 y 2016. "Claro que es un problema, pero a juicio de la Secretaría, en su momento no ameritaba poner a las automotoras como sujetos obligados a reportar", agregó.
De todas formas, señaló que "los autos caros siempre se usan para lavado", y que su exclusión de la lista de debida diligencia "no quiere decir que no se investiguen los hechos que surgen".
"En Uruguay no se había visto frecuentemente y había otras áreas de más riesgo, pero no quita que se pueda considerar", concluyó Espinosa.