Las lecciones de Ecuador que debemos aprender

En 2023, el país batió su récord histórico de homicidios: 7.878 frente a 1.187 en 2019. Lo que se palpaba y padecía llegó a un extremo cuando se escapó de prisión el líder de una de las bandas más poderosas. Adolfo Macías, el “Fito”, es uno de los capos tristemente conocidos en ese país, líder de Los Choneros, uno de los grupos que primero se vinculó con los cárteles de droga mexicanos. Gobernaba su imperio de la droga desde la cárcel desde hacía tiempo, pero la huída se produjo cuando el nuevo presidente, que asumió en noviembre pasado, decidió que los capos deberían ser trasladados a recintos de alta seguridad.

Daniel Noboa tomó esta decisión por varias razones, incluyendo el asesinato de uno de los candidatos presidenciales, en plena campaña. Fernando Villavicencio era un crítico severo de los vínculos entre el crimen organizado y el gobierno. Pocos días antes de su muerte había sido amenazado por miembros de Los Choneros. La banda ha logrado infiltrarse en todos los niveles del poder, desde el gobierno hasta las empresas, bajo la lógica apabullante de que quien intenta enfrentarlos, termina muerto.

Durante mucho tiempo Ecuador fue una especie de extraño oasis en una zona turbulenta en la que Colombia y Perú son los mayores productores de cocaína del mundo. Eso comenzó a cambiar sobre todo desde hace cinco años, cuando narcotraficantes extranjeros hicieron alianzas con bandas locales como Los Choneros. Las autoridades dejaron pasar la violencia de las pandillas argumentando que eran “solo pandillas”, pero pronto ya eran narcos hechos y derechos que construyeron una inmensa industria de la droga en todo el país, infiltrándose en el gobierno, extorsionando a empresas y matando.

La violencia de enero, cuya cara más pública fue el ingreso de hombres armados y encapuchados a un canal que transmitía en vivo, tuvo otras manifestaciones que sacudieron al país: explosiones, saqueos, tiroteos y disturbios en cárceles. ¿Pero qué pasó antes? Además del lugar geográfico clave que tiene el país para los narcos, pasaron funcionarios y organismos corruptos, pasó la pobreza extrema, el desempleo, la deuda pública, la migraciones, las cárceles repletas y convertidas en centros de delito.  Así se gestó la desesperanza y el miedo, que fueron capitalizados por los narcos para ocupar todos los resquicios que inevitablemente deja abierta la democracia. 

El nuevo presidente asumió con escaso margen de maniobra. En su campaña había prometido combatir de verdad a las bandas narco; en los primeros días de gobierno declaró un estado de excepción de 60 días, impuso un toque de queda en todo el país y sacó a los militares a las calles, además de asignarles la misión de retomar el control de las cárceles. Por decreto declaró como organizaciones terroristas a más de 20 pandillas, y ordenó al ejército neutralizarlas. 

En las semanas que sucedieron a la ola de violencia de principios de año, tanto el presidente como la población ecuatoriana parecen haber tomado real conciencia de que para cambiar hay que sacrificar. La administración de Noboa encarceló a cientos de personas sospechosas de liderar bandas y logró restablecer cierto control de las cárceles y otras instituciones. Lo ha hecho, y no es poca cosa, ateniéndose a las normas y sin caer en las tentaciones a lo Bukele. Casi el 80% de la población aprueba su gestión, un apoyo imposible para un país latinoamericano y de casi cualquier parte del mundo.

“Los ecuatorianos están profundamente preocupados. Temen perder su país. Pero la gente también es optimista... porque por primera vez un gobierno reconoce que no se trata de una crisis (normal), sino de un conflicto interno y muy violento. Eso trae esperanza”, dijo la periodista María Teresa Escobar al Americas Quarterly Podcast.

Noboa intenta ahora combatir a los narcos dentro de su país, al mismo tiempo que busca ayuda externa, no solo para enfrentar al crimen organizado sino también para ir hacia la raíz de lo que les permite operar. Un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) indica que “la pobreza, el desempleo y la desigualdad” han crecido de forma sostenida, lo que tiene una relación causal con el nivel de criminalidad y violencia en las ciudades.Uno de cada cuatro de los 18 millones de ecuatorianos, vive en la pobreza. 

“En Ecuador tenemos un Estado que se ha evaporado, que se ha hecho invisible o que, si está presente, lo está de manera negativa”, declaró Douglas Farah, consultor y analista de seguridad nacional, a la BBC. “Es fundamental que los países rediseñen sus sistemas para que el Estado sea visto como positivo”.

En diciembre, la fiscalía de Ecuador llevó adelante el operativo Metástasis, que se expandió a  todo el país y en el cual se detuvieron a 29 personas, incluyendo jueces, fiscales y policías. La violencia de enero volvió a demostrar que el centro de la crisis de la seguridad pública está en las cárceles ecuatorianas, desde donde se comandan a las bandas narco. Entre 2021 y julio de 2023 se produjeron 14 masacres en cárceles.

“Puedes tener cárceles modernas, pero si eso no va de la mano de la inversión en recurso humano capacitado y mecanismos de control adecuados, es una pérdida. Es regalarle un hotel 5 estrellas al grupo criminal”, le dijo Pablo Zeballos a la BBC. En un Uruguay con casi 15.000 presos que viven hacinados en cárceles vetustas, con escasa o nula rehabilitación y mucho espacio para la corrupción, la realidad de Ecuador debería servirnos para destinar fondos hacia esos lugares que solemos olvidar, pero que solo generan violencia.