Las pruebas contra Núñez y cómo funciona la Justicia de Familia Especializada

De eso te voy a hablar en esta Newsletter Enclave en la que repasaré el funcionamiento de la justicia que atiende los casos de violencia de género y de las implicancias políticas de este episodio.

El caso

La jueza de Familia especializada Karen Cuadrado, en la resolución del 29 de abril informada por La Diaria, concluyó que existía “evidencia” de “una relación signada por hechos que llevaron a la afectación” de la denunciante, “la cual debe ser atendida, disponiendo lo necesario para su protección”. Por eso lo intimó a concurrir al programa de la Intendencia de Montevideo “Hombres que deciden dejar de ejercer violencia”, al proyecto Dominó (una ONG para hombres que ejercen violencia de género), o “a su servicio de atención médica”.

Con fecha 27 de abril Cuadrado había resuelto que el diputado no pudiera acercarse a 500 metros por el plazo de 180 días, y le prohibió el uso de armas así como que se le incautara el que tuviera. Esas medidas se mantuvieron.

Justicia especializada y lo que indica la ley

Lo primero que hay que entender es que la resolución de la jueza no fue tomada únicamente como medida preventiva, sino que resolvió luego de escuchar en audiencia a las partes y de contar con un informe del Equipo Técnico que asesora a los jueces (ETEC). En este caso además el informe fue realizado por el psicólogo Gastón Trucelli, el más experiente del equipo. Por eso, en este caso la Justicia laudó que el diputado ejerció violencia sobre la denunciante.
Para entender esto paso a explicarte cómo actúan los jueces especializados. 

Los 12 juzgados de Familia Especializada atienden las denuncias de violencia de género y de niños con derechos vulnerados. Hay dos juzgados de turno cada semana y repiten el turno cada seis semanas. Uno recibe las denuncias de las seccionales pares y el otro el de las impares.
Otro dato a considerar es que los jueces no llevan todo a audiencia ya que en algunos casos toman medidas urgentes telefónicamente, o le piden a la policía hacer seguimiento. “Ubicar, indagar y volver a enterar”, es la frase que más repiten los jueces ante las denuncias que reciben por teléfono para que la policía busque al presunto agresor, lo interrogue y vuelva a llamar al juez.

Después de tener la versión de la otra parte, el juez debe actuar. La ley de violencia basada en género obliga a tomar medidas para prevenir más allá de la contundencia de las pruebas y ese es uno de los puntos que se le objeta a la ley. Entre esas medidas, es necesario disponer el retiro del hogar del agresor (si viven juntos) y la prohibición de acercamiento. Estas disposiciones siempre se tienen que tomar por 180 días. El problema está en que puede pasar que ante una falsa denuncia un padre deba salir seis meses de su casa y deje de ver a sus hijos porque para tomar esas medidas en general los jueces no cuentan con demasiados elementos.

Según la gravedad de la denuncia y si se disponen medidas, los jueces piden un informe al Equipo Técnico y fijan la audiencia, todo para el mismo día. De esa manera se evita que la víctima (muchas veces sin recursos económicos) deba estar yendo y viniendo del juzgado. Si el equipo técnico alerta que existe alto riesgo el juez puede disponer uso de tobillera electrónica.

Como las medidas duran seis meses, por lo general los jueces fijan la audiencia evaluatoria a los cinco meses. En el caso de Núñez quedó fijada para octubre. En esa audiencia los jueces evalúan si se cumplieron las medidas. Si no se cumplieron o si la víctima sigue con miedo y existe riesgo, se disponen por seis meses más.

Tema aparte es la denuncia penal por violencia. La Justicia de familia no investiga delitos por lo tanto tendrá que dar cuenta del caso a la Fiscalía, que es la encargada de ejercer la acción penal. Uno de los jueces consultados contó que siempre se da cuenta a la fiscalía porque la ley de violencia de género 19.580 indica que todo tipo de violencia puede ser delito, aunque luego serán los fiscales los que resuelvan si lo indagan.

Otra camino que siguen los jueces es mandar copia de lo declarado en la audiencia. Según dijeron los jueces la Fiscalía no siempre abre investigaciones con esas denuncias, ya que algunos argumentan que sólo deben hacerlo si hay un delito flagrante (cometido en el momento en que la policía intervino). En el caso de Núñez no está claro que se le haya dado cuenta a la Fiscalía pero uno de los fiscales ya adelantó a El Observador que prevé agarrar el caso por lo que será indagado.

Implicancias políticas

El mismo día en que la jueza tomaba las medidas urgentes para proteger a la segunda mujer que decía haber sido víctima del diputado, su suplente, Micaela Melgar había declarado a El Observador que Núñez se había tomado un tiempo “humano, personal, pero no desapareció ni nada, siguió su trabajo de bajo perfil, resguardándose y haciendo su retiro de las redes”. 

La primera pregunta que surge es: ¿la diputada no sabía que su compañero estaba citado a declarar por una denuncia que la víctima dijo que había planteado a la comisión de género que Melgar integra?

Parece raro considerando que la denunciante dijo haberse dirigido al PCU. En la denuncia afirmó que luego de que el partido político (que ella integra) anunciara estar disponible para recibir denuncias, decidió acercarse “en búsqueda de ayuda”. “Pero telefónicamente me manifiesta que denunciarlo no tendrá consecuencia alguna, que me sirve quedarme callada", dijo la víctima acerca de su conversación con una integrante del PCU que no nombró.

Más allá de esta versión, el caso deja al PCU y al Frente Amplio en un brete porque no está actuando en este caso como lo hizo en otras oportunidades.

El anuncio de Fernando Pereira, presidente del FA, de que el caso pasaría a estudio del Tribunal de Conducta Política, motivó que la Mesa Política dejara en pausa el debate y no hiciera ningún comentario del tema.

El Partido Comunista por su parte, dispuso el pase de Núñez a la Comisión de Control del Partido y lo licenció de todas las “responsabilidades políticas y representación parlamentaria", según una declaración emitida por el PCU.

Está muy bien que se le den garantías al legislador y que no se lo linche públicamente frente a una denuncia anónima pero en un caso laudado por la Justicia, ¿el FA está impedido de pronunciarse? 

En un hecho similar en 2018, dirigentes frenteamplistas pidieron la renuncia del alcalde del Municipio C, Rodrigo Arcamone, luego de que la Justicia de Familia constatara una relación violenta con su pareja y decretara medidas cautelares. 

Esa diferencia de criterios motivó reclamos internos. Desde la propia fuerza política, las juventudes frenteamplistas del este y el oeste montevideano cuestionaron "el silencio total y cómplice de la fuerza política". No vendría mal un poco de coherencia.