13 de noviembre de 2012 8:04 hs

El ministro de Desarrollo Social fue llamado al Parlamento para explicar los contratos tercerizados de personal, luego de que el Tribunal de Cuentas (TCR) observara al Mides por la compra directa por unos US$900.000 de los servicios de la ONG Centro de Participación Popular porque "la gran mayoría de sus integrantes técnicos" se desempeña en dicha secretaría de Estado.

Por ese motivo, la diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa cursó un pedido para que el ministro sea convocado a la comisión de Población de Diputados para explicar los contratos con las ONG, informó El País.

"Hace más de un año que el ministro Olesker nos dijo que iba a corregir los mecanismos de contratación en el Ministerio de Desarrollo porque admitía que el sistema de ONG no era transparente. Hoy, sigue haciendo licitaciones por millones de dólares para contratar personal de campo. Muchos de esos contratos son de muy dudosa legalidad", dijo la diputada a ese matutino.

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Además, el diputado del Partido Colorado, Fitzgerald Cantero (Vamos Uruguay) también pidió el llamado para Olesker, quien se estima que comparezca al respecto el mes próximo.

“Error”

Este lunes el Mides consideró que el Tribunal de Cuentas cometió un "error de interpretación" en sus observaciones al procedimiento, según indica un comunicado.

"Solo puede explicarse por un error de interpretación, pues ninguna de las personas contratadas es funcionario/a del Mides, sino que trabajan como personal dependiente de las instituciones privadas contratadas. El vínculo se establece a través del convenio resultante del proceso de compra", indica la nota.

En su observación, el Tribunal de Cuentas indica que el contrato de Mides con la ONG es por un año y un monto total de unos US$ 900.000, para proveer un "equipo de 40 técnicos".

También señala que "la mayoría de los integrantes del equipo técnico contratado desempeña tareas en el Mides, vulnerándose, por una vía oblicua, lo dispuesto por el artículo 46 del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) que establece como impedimento a efectos de contratar con el Estado el hecho de ser funcionario público o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza, dependiente de los organismos de la administración actuante".

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