Los anuncios de Lacalle ante la Asamblea General y lo que ocurrió después

Pasaron casi doce meses y el cronómetro que el mandatario tiene instalado en su celular con los días que le faltan para terminar su período llegará a 1095 el próximo 2 de marzo, cuando vuelva a comparecer ante el Parlamento para hacer un nuevo balance, pero algunos de los mensajes que transmite Lacalle Pou por estos días parecen estar calcados de aquel discurso.

Este viernes, en la visita a la Expo Avícola de San Bautista, el presidente insistió en que son “medianamente optimistas” respecto a lo que deparará al país este año e insistió que el 2022 podría ser un año de “realizaciones”, tal cual les había subrayado a sus ministros en el último gabinete del año pasado.

La expectativa, según Lacalle Pou, es que ahora la pandemia quede “finalmente atrás”, un concepto que también había esgrimido ante la Asamblea General en medio de una situación sanitaria que parecía estar cerca de disiparse –vacunación mediante– pero en realidad estaba a punto de mostrar su peor cara. 

Las medidas anunciadas respecto al covid-19 sufrieron, en ese marco, modificaciones, pero también hubo una serie de promesas del primer mandatario en relación a infraestructura, inversiones y relacionamiento bilateral. ¿Qué sucedió con aquellas promesas? ¿Cuál es el avance a pocos días de que el presidente vuelva a hacer un balance de su gestión?

Obras e inversiones

Parte central de los anuncios de Lacalle estuvieron destinados a hablar de una serie de inversiones que, finalmente, lograron avances dispares. El presidente indicó que se comenzarían obras en las rutas 5, 6 y 8, y en la primera eso se cumplió apenas en el tramo que une a Durazno con Sarandí Grande. En otros tres tramos el progreso, al día de hoy, varía: al sur hay una adjudicación concedida pero no se han iniciado las obras, mientras que en los otros aún está en proceso el llamado a licitación.

Lo mismo ocurre con la “vieja promesa electoral”, como calificó el presidente a la ruta 6, que espera ser adjudicada. La 8 está en obra en uno de sus tramos e idéntica situación sucede con el puente de La Charqueada, cuya inversión total ronda en los US$ 15 millones.

El énfasis de Lacalle, sin embargo, estuvo sobre Katoen Natie, la concesión de los aeropuertos del interior y la nueva planta potabilizadora de agua en la zona de Arazatí. En el primer caso, el gobierno se había comprometido a conceder la terminal especializada de contenedores a la empresa belga a cambio de inversiones por US$ 450 millones, pero cuando finalmente se autorizó la extensión por 50 años, el FA salió el cruce aludiendo que se trataba de una resolución inconveniente, e incluso hubo reparos en los socios de la coalición.  Más allá de la polémica –interpelación y denuncia penal incluida por parte de la oposición–, las obras de ampliación comenzaron en 2021.

Las críticas también estuvieron, esta vez por parte de Cabildo Abierto, cuando se adjudicó de forma directa las terminales aéreas de Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo y Paysandú a la empresa Puertas del Sur hasta 2053, en base a una ley que había tenido su origen en el anterior gobierno. 

En el último caso, respecto a la inversión estimada en US$ 250 millones, la Cámara de la Construcción manifestó el  mes pasado la preocupación por el lento avance de esta iniciativa.

El "corset" del Mercosur

La intención de “flexibilizar” el bloque regional es una obsesión del presidente desde que llegó a la Torre Ejecutiva. Ante la Asamblea General, el mandatario aseguró que era “muy importante” la capacidad negociadora para liberarse del “corset” del Mercosur y remarcó que se debía salir en búsqueda de nuevos acuerdos.

Pero los socios regionales vieron con escepticismo los movimientos de Lacalle y su interés de flexibilización no prosperó. Ante la falta de éxito en el plan inicial de modernizar el bloque, desde mediados de 2021 el gobierno uruguayo se embarcó en un “plan B” que implicó avanzar por su cuenta sin esperar por el aval de sus vecinos.

En ese marco comenzó en setiembre un estudio de factibilidad conjunto con China con miras a firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral. Aunque ese estudio no se finalizó –pese a que la voluntad inicial era tenerlo pronto a fines de 2021–, en el gobierno hay confianza en que se pueda llegar a buen puerto. 

En paralelo, la Cancillería ha iniciado gestiones para avanzar con otros acuerdos, con distinto grado de éxito.

Medidas económicas

Los primeros días de marzo marcaban una aceleración en los contagios de covid-19 y la peor parte todavía no había llegado cuando el presidente anunció medidas para “mitigar los efectos” de la emergencia sanitaria, algo que reclamaba la oposición y sus socios de gobierno. 

Ese día, Lacalle informó el mantenimiento del seguro parcial de desempleo hasta junio para “apuntalar” a los trabajadores y las empresas, aunque luego amplió el plazo del régimen especial hasta marzo de 2022. Lo mismo sucedió con otras medidas que el presidente definió como “adicionales”, como el apoyo a personas en situación de calle y a las ollas populares, que el Mides logró concretar en la mayoría de los casos mediante acuerdos con las intendencias y el Instituto Nacional de Alimentación (Inda). 

En materia económica, el gobierno exhibe como logros el abatimiento de la pobreza infantil, un punto en el que se puso énfasis en el marco de la pandemia, así como la mejora del empleo y la reducción del déficit. Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos de la oposición es la pérdida de poder adquisitivo debido a la caída del salario real, un aspecto en el que el gobierno compromete una “recuperación” a partir de 2022.