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Los casos judiciales que deberán esperar al 2022

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Los casos judiciales que deberán esperar al 2022

Denuncias de corrupción, abuso sexual, homicidios y torturas que quedarán para el año que viene

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13 de diciembre de 2021 a las 05:01

El 2021 está llegando a su fin y el Poder Judicial se encamina hacia la feria que pondrá en pausa centenas de casos e investigaciones que esperarán a resolverse en 2022. Varios de ellos, que ya datan desde el año anterior o precedentes. 

Entre otros casos, se destacan el asesinato de Lucas Zanolli, el adolescente de 18 años que fue asesinado cuando fue a vender su auto, la fuga de Rocco Morabito por la que aún no hay responsables y las denuncias de acoso en el marco de Varones Carnaval. 

1. Operación Océano 

Con la fiscal Mariana Alfaro al frente de la causa tras la tormentosa salida de Darviña Viera, el equipo fiscal de la Operación Océano deberá presentar una acusación o liberar de culpa a los 32 imputados en la causa. Durante el 2021 obtuvieron dos prórrogas –una otorgada por la jueza Beatriz Larrieu y otra por su sucesora, María Noel Tonarelli– de la investigación, alcanzando de esa forma el máximo legal de dos años. Deberán presentar una acusación antes del 13 de mayo. 

Durante el 2020 declaró en una audiencia masiva la principal víctima, la que culminó en escándalo luego de que afirmaba que la fiscalía le había tomado declaración en su casa cuando ello no constaba en la carpeta investigativa. 

Días más tarde y tras la salida de Viera del caso, la fiscalía reportó más de 50 archivos de los que no se había dado cuenta a la defensa de los imputados. Tal y como informó El Observador, el fiscal de Corte creó un equipo especial de investigación para recopilar toda la información que faltaba. Designó, para ello, a un policía experto en informática y análisis de información que al momento está en pase en comisión en el Ministerio Público.

Las audiencias con otras víctimas continúan y está previsto que haya por lo menos una más antes del comienzo de la feria judicial. 

2. El Comando Barneix y la triple causa en una

El Comando Barneix, conocido por las amenazas que lanzó en 2017, cuando envió mensajes a fiscales y a denunciantes de causas de Derechos Humanos, resultó ser una sola persona que fue procesado por la Justicia en setiembre de este año. Al momento, el fiscal Luis Pacheco aguarda por la resolución del Tribunal de Apelaciones puesto que el hombre apeló el procesamiento. 

El imputado amenazó al exministro de Defensa Jorge Menéndez, al entonces fiscal de Corte Jorge Díaz, al exjuez Federico Álvarez Petraglia, a la exfiscal Mirtha Guianze y a abogados promotores de causas de derechos humanos, como Óscar López Goldaracena y Pablo Chargoñia.

Pero no fue por ese caso por el que fue detenido en un principio, si no por una investigación por almacenamiento, producción y distribución de pornografía infantil, por la cual fue formalizado. En un solo disco duro de los incautados, había 1.200.000 fotos y videos de niños.  La fiscal de Delitos Sexuales, Sylvia Lovesio, aguarda por el resultado de pericias psicológicas del imputado para presentar una acusación. La prisión preventiva del imputado se cumple en julio. 

Además, el cabecilla del Comando Barneix se encuentra indagado por cinco asesinatos a personas trans ocurridos en 2012. Él mismo se había adjudicado los hechos en publicaciones que había hecho en blogs de la deep web. 

La jueza Isaura Tórtora había ordenado realizar una autopsia histórica para poder obtener más detalles. También le tomó declaración a los padres y el hermano del indagado para conocer el contexto familiar y a una de las personas con las que conversó del tema en sus blogs. 

Según surgió de la indagatoria, el hombre había creado en sus blogs una micronación denominada imperio céltico en la que “reivindicaba a militares procesados” y condecoró a los generales Miguel Dalmao y Barneix, otorgándoles el título de duques. El acusado eligió no declarar ante la Justicia por este caso.

3. El preso que fue torturado en un módulo del exComcar

En setiembre de este año el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, dio a conocer el caso de un recluso que fue torturado casi hasta la muerte durante casi 60 días. 

El recluso de 28 años fue hallado por un operador penitenciario con un cuadro de desnutrición y signos de "maltrato", según informó el Ministerio del Interior. 

A tres meses del caso, aún no hay imputados y la investigación interna de la cartera de seguridad está "atada" a la resolución judicial. En ese entonces, se decidió no relevar a José Álvez –director de los módulos 10 y 11–, si no trasladarlo a la dirección de los 4 y 5. 

4. Corrupción en la Jefatura de Policía de Cerro Largo

Efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) detuvieron el 28 de octubre en Aceguá (Cerro Largo) al camión que trasladaba una alfombra de drenaje y otros materiales que serían destinados al estadio departamental. Además del policía, viajaba una mujer y Javier Silveira, funcionario de una ONG que tiene vinculación con la Intendencia de Cerro Largo y que trabajó en la candidatura del intendente, José Yurramendi. Los dos hombres fueron imputados y el exjefe de Policía, José Adán Olivera está siendo indagado por la fiscalía de Cerro Largo por omisión, puesto que no ordenó detener el camión que traía el contrabando. 

Cuando los efectivos consultaron a los jerarcas, se excusaron en que la intendencia había hecho los trámites correspondientes y les dejaron seguir la marcha. En una reunión con el ministro Luis Alberto Heber en Montevideo, el jefe Olivera presentó su renuncia para no "involucrar" a la cartera en los hechos. La fiscalía que investiga el caso solicitó una audiencia para pedir la imputación del exjefe  que se celebrará el próximo 16 de diciembre. 

La fiscal de Cerro Largo Leticia Siqueira presentó una denuncia penal para que se investigue una filtración de información en el caso y las sospechas recaen en el exjefe de Policía. 

5. Edila socialista imputada por tentativa de homicidio en Colonia

La edila socialista Ana María Díaz fue imputada por tentativa de homicidio luego de haber atacado a una mujer con un cuchillo. 

Ocurrió sobre la hora 20:00 del viernes 5 de noviembre, en Carmelo, cuando la edila departamental de 57 años llegó a la casa de la víctima, de 32, y discutieron. La agresora tomó un cuchillo que llevaba en su cartera e hirió a la mujer en la cara y en el tórax. El marido de la edila se encontraba en la casa de la agredida.

Díaz está cumpliendo con prisión preventiva y deberá hacerlo hasta el 8 de febrero. La fiscalía aguarda por resultados de pericias científicas. 

6. El hombre que mató a su vecino en la azotea y el debate por la legítima defensa

La fiscalía continúa investigando el caso del hombre de 72 años del barrio Peñarol que asesinó a su vecino que estaba en la azotea. El hombre aguarda en libertad, pero cumpliendo con medidas limitativas. 

Inicialmente, se informó que el tirador disparó a su vecino que se encontraba arreglando cables en su propia azotea, pero esa teoría se desdibujó. "El vecino (tirador) dice que le habían cortado y robado cables, que lo habían robado hace dos días y falta cable. Yo vi que había cable cortado pero faltaba cable”, afirmó la fiscal Adriana Edelman, luego de tomarle declaración. Aún trabaja en el caso. 

El caso generó revuelo político y tuvo a las modificaciones que hizo la LUC en materia de legítima defensa en la mira. Por parte del Frente Amplio, el senador Alejandro Sánchez, expresó que el mensaje que promueve la ley genera este tipo de situaciones. Mientras que el nacionalista Rodrigo Blás argumentó que la LUC no hacía la diferencia respecto de la teoría inicial. 

7. Las familias de Nuevo Comienzo

Hasta marzo de 2022 están suspendidos los procedimientos de desalojos e intimaciones a los habitantes del asentamiento de Nuevo Comienzo. Hubo tres familias que, a través de un recurso de amparo, pudieron acceder a una vivienda o a un subsidio de alquiler. 

La Organización de Naciones Unidas solicitó que se suspendan los desalojos en reiteradas oportunidades. 

8. Los casos que parten de presuntas irregularidades de la administración pública

Con resultados de auditorías en mano, el gobierno realizó una serie de denuncias sobre irregularidades en la gestión frenteamplista. La oposición hizo lo suyo denunciando en fiscalía el acuerdo que realizó el Ministerio de Transporte con Katoen Natie por el Puerto de Montevideo. 

  • Antel Arena: el 8 de noviembre jerarcas de Antel presentaron una denuncia por los sobrecostos del Antel Arena, que terminó teniendo un costo de US$ 120 millones. El fiscal Enrique Rodríguez trabaja en el caso. 
  •  FA denuncia acuerdo con Katoen Natie: La denuncia fue firmada por 13 senadores opositores y pide que se investiguen presuntos delitos “graves”, en los que incurrieron al menos cuatro jerarcas de la administración pública, sostiene el Frente Amplio (FA). El caso lo investigaba Ricardo Lackner y ahora lo tomó el nuevo fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez. Los legisladores deberán presentarse en el Ministerio Público en febrero para ratificar la denuncia. 
    La denuncia apunta directamente contra cuatro jerarcas que participaron del acuerdo "perjuicioso" y que son: Luis Alberto Heber –ministro del Interior y exministro de Transporte–, Rodrigo Ferrés –prosecretario de la Presidencia–, Juan Curbelo –presidente de la ANP– y Juan José Olaizola –subsecretario de Transporte y Obras Públicas–. "Es un documento, un acuerdo infirmable para cualquier persona del derecho privado. No se puede disponer así de los patrimonios. Nadie lo firmaría pero gestionando recursos públicos es inadmisible este acuerdo para el país”, dijo entonces el senador Charles Carrera. 
  • Gas Sayago: cuando en julio se presentó la denuncia por presuntas irregularidades en la constitución de la regasificadora, el abogado de UTE, Jorge Barrera, dijo que se trató de un "perjuicio económico, grave para el Estado, con fondos públicos" que "se podrían haber interrumpido". 
    Declararon casi una decena de exjerarcas, entre ellos la exgerente de Gas Sayago, Marta Jara, y el expresidente de Ancap, Raúl Sendic. Todos declararon que el negocio era rentable, aún sin la participación de Argentina, quien desistió de ser parte del proyecto. Las declaraciones continuarán el año que viene. 
  • La gestión Cardoso y la gestión Kechichián al frente del Ministerio de Turismo: este setiembre el Frente Amplio presentó una denuncia por la contratación de la empresa Kirma Services para publicidad en el Ministerio de Turismo por el valor de US$ 280.000. Esta semana, una vez se aprueben los resultados de la Comisión Investigadora que se llevó a cabo en el Parlamento, los legisladores presentarán una ampliación de la denuncia por hechos ocurridos durante la gestión del exministro Germán Cardoso y de su predecesora, Liliam Kechichián. 

 

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