Los problemas del vecindario golpean a comercios de frontera

En localidades del litoral se convive desde hace más de un año con la devaluación del peso argentino que se agudizó luego de las elecciones PASO el pasado 11 de agosto. Para sanduceros y salteños sigue siendo un buen plan cruzar al otro lado del charco para hacer compras e incluso cargar combustible. Ese corrimiento del consumo repercute en las empresas locales que ven menguadas sus ventas.

Las dificultades se repiten en la frontera con Brasil cuya economía no levanta vuelo. A eso se agregan políticas comerciales del vecino norteño que generan inquietud en los free shop y la actividad en general de esa zona del país.

Uruguay está caro para los argentinos y el horizonte con vistas a la próxima temporada de verano muestra varios nubarrones. Pero mirándolo al revés, Argentina gana en atractivo para los bolsillos uruguayos. La brecha de precios es amplia y a quienes viven en el litoral les conviene comprar alimentos y artículos del hogar en la vereda de enfrente.

A modo de ejemplo, una comparación de precios realizada por El Observador entre un supermercado de Salto y otro de Concordia muestra claramente la diferencia. Los 18 productos seleccionados, entre los que hay harina, fideos, azúcar, arroz, agua mineral,  desodorante y papel higiénico, además de otros artículos de primera necesidad se comercializan a valores más altos a este lado del río (ver recuadro).

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, Jorge Ledesma dijo a El Observador que la economía de esa ciudad viene afectada desde hace varios meses. Las empresas de comercio y servicios venden menos, ajustan presupuestos y recortan empleo, relató. Otras cierran locales y envían personal al seguro de paro,  en una zona donde estas dos actividades generan el grueso de los puestos de trabajo.

“Está incidiendo de forma muy negativa. Hay un daño muy pronunciado por efecto de las diferencias que hay entre una economía y la otra. Esto se viene registrando prácticamente  desde junio del año pasado y se fue acentuando mes a mes, a tal punto que estos últimos meses han sido bastante dramáticos para el nivel de ventas de las empresas locales”, afirmó el titular de la gremial.

En 2013 –cuando la diferencia cambiaria entre los dos países favorecía a Uruguay y alentaba las compras en el país vecino– Aduanas aplicó la política de cero kilo en los puestos de frontera que mantuvo hasta 2017. 

Actualmente rige un tope de ingreso de 5 kilos de comestibles surtidos por persona a la semana, pero según Ledesma en la práctica los controles “son muy livianos”.

“Si bien tenemos noticias de que en algunos casos se ejecuta el control, en la mayoría de los casos no porque la afluencia de vecinos que se trasladan es muy grande. Los controles no están disponibles en todos los horarios”, denunció.

El traslado de uruguayos hacia localidades como Colón cuenta los fines de semana con otro incentivo que es la exoneración de la tasa de peaje de regreso. Eso hace más tentador el viaje, con el plus de que también sirve cargar combustible.

“No hemos encontrado respuestas adecuadas para poder contener la situación. Esto deteriora el funcionamiento de la localidad y atenta contra el desarrollo, la formalización y las conductas tributarias adecuadas. Eso se viene deteriorando de forma muy pronunciada”, relató Ledesma.

A modo de ejemplo, mencionó un planteo sin éxito realizado tiempo atrás a autoridades nacionales para que los consumos con tarjeta en las localidades de frontera tuvieran  bonificaciones impositivas adicionales a las establecidas por la ley de Inclusión Financiera.

Por su parte, días atrás el Centro Comercial e Industrial de Salto rechazó que la fiscalización de DGI y BPS se realice únicamente en los comercios formales y reclamó inspecciones para los establecimientos informales.

Esa gremial insiste además en una renuncia fiscal de IVA o Imesi para que el comerciante local pueda ser más competitivo, abaratando los productos y haciendo que el ciudadano de frontera opte por comprar en su país.

Por ejemplo, se entiende que un aumento del porcentaje del descuento de Imesi del 24% al 35% sería un buen cambio porque se está vendiendo menos combustible y gran parte se está consumiendo del lado argentino.

72% más barato que en Salto se paga en Concordia un grupo de 18 productos de la canasta básica de consumo que contiene alimentos y productos de higiene personal y limpieza.

La frontera norte

La situación en la frontera con Brasil tampoco es alentadora. El sector comercial ha visto menguada sus ventas por una menor demanda de los uruguayos que realizan parte de sus compras del lado brasileño, donde encuentran precios más baratos. Pero los problemas económicos de Brasil también hacen que los consumidores norteños sean más cautelosos a la hora de comprar del lado uruguayo en los free shop.

La actividad de estos negocios tiene su centro en Rivera. Su dinámica depende en buena medida de cómo esté la salud del vecino norteño y especialmente los bolsillos de la clase media en el estado Río Grande del Sur –desde donde viene el 80% de los clientes– cuyo poder adquisitivo no pasa un buen momento.

El turismo de familia que llegaba por tierra los fines de semana y feriados ya no lo hace con la intensidad de antes, desde hace algún tiempo. A la falta de liquidez de los consumidores brasileños se le suma el tipo de cambio que hoy no les favorece.

“El público que viene es de muy bajos ingresos y compra mercadería de ocasión, pero no el producto de lujo que fue tradicionalmente nuestro motivo de venta”, explicó a El Observador la presidenta de la Asociación de Comercios de Free Shops de Rivera, María Lina Varela.  Esto se refleja en el valor promedio del tiquet que ha caído entre 30% y 40%. El menor dinamismo también repercute en otras ramas como la hotelería y los servicios de gastronomía de la ciudad.

El otro tema que se sigue con atención es la instalación de las tiendas libres de impuestos del lado brasileño, que ya funcionan en Uruguayana y en Yaguarón. Las lojas francas venden todo tipo de artículos, incluso productos de la canasta básica de consumo –tienen prohibida únicamente la venta de medios de transporte, sus partes y repuestos; aceites y combustibles– por lo que hoy también  desafían el negocio de autoservicios y almacenes instalados en Artigas o Bella Unión, por ejemplo. 

Los empresarios de la frontera estiman que sus efectos en la economía local pueden ser aun mayores cuando empiecen a operar en lugares de frontera seca como Santana Do Livramento o Chuí. Por ejemplo, el último que abrió en la localidad de Uruguayana cuenta con un sector de productos importados como cualquier free shop tradicional y tienen también supermercado a precios que resultan más que baratos para los uruguayos. Las habilitaciones que otorga el gobierno brasileño permiten que una misma empresa pueda abrir establecimientos hasta en seis fronteras terrestres.

A diferencia de los free shop uruguayos que solo trabajan con extranjeros, también permiten comprar a ciudadanos brasileños, que son seducidos con planes de financiación de tarjetas locales y en reales.
“Con una cuota de US$ 300 por mes por persona al brasileño le sirve comprar en el free shop brasileño. Estamos en situación complicada”, alertó Varela.

La visión del gobierno

El gobierno entiende que la inauguración de lojas francas plantea un desafío para los free shops de frontera y para el sector comercial que opera en régimen general. A eso se suma la diferencia cambiaria que hoy existe. Por eso se busca igualar las condiciones de competitividad con las nuevas tiendas que operan en Brasil.

En setiembre pasado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una rebaja del canon que pagan los free shop al equivalente a 6% sobre ventas, que es lo que se abona en Brasil. Hoy el canon es de 8,5% sobre ventas y se paga antes.  Y para atender al comercio en régimen general se  busca acordar con el gobierno de Brasil una lista de productos a comercializar en el régimen de free shop.  “La perspectiva no es buen porque no tenemos ni siquiera una ilusión de algún argentino yendo para Brasil por las últimas medidas de ellos. No somos nada optimistas con la situación que se avizora”, afirmó Varela.

Menos empleo y seguro de paro

Las empresas de free shops de Rivera empleaban a unos 1.400 trabajadores en forma directa, pero actualmente hay un flujo estimado de entre 200 y 300 trabajadores en seguro de paro, como consecuencia del magro desempeño de las ventas que caen alrededor de 30% respecto a 2018. Hay empresas que en 2015 tenían 50 funcionarios y hoy tienen 5 cuentan los comerciantes a modo de ejemplo.