Los psicópatas y nosotros

Hace unos años le hice una nota a Diego de León, más conocido como “el Cosita”. Siendo menor de edad cometió varias violaciones, pero cuando cumplió la mayoría esos antecedentes se destruyeron. Lo insólito es que la ley no le permitiera a un juez acudir a esos antecedentes, porque si así hubiera sido, quizás las Justicia podría haber llegado más rápido hacia él cuando investigaba la violación y asesinato de otras dos mujeres.

Ese tipo de delito, como la violación, a diferencia de otros incluso también violentos, suelen ser seriales. Quien lo comete una vez es altamente probable que lo siga cometiendo. Por eso en otros países, como Estados Unidos, se avisa a los vecinos de un barrio cuando un violador se muda allí.

Pero “el Cosita” –quien luego, en la cárcel, con su compinche mató y se comió pedazos de otro recluso- no debería estar preso. Es altamente probable que si “el Cosita” hubiese nacido en otro país la Justicia lo habría declarado inimputable.

Pude leer personalmente los informes psiquiátricos de De León. No sólo advertían de su personalidad violenta y de la necesidad de que estuviera permanentemente medicado, sino que establecían con claridad que sin tratamiento no era consciente de sus actos.

Esas características de su personalidad se conocieron cuando lo detuvieron como menor, pero el sistema, a pesar de contar con esos estudios técnicos, lo dejó volver a su casa, sin controles ni medicamentos.

Las autoridades, que deberían ser tan responsables como este enfermo mental, sabiendo que era una bomba de tiempo, lo dejaron salir y volver a su casa. Y “el Cosita” es joven, o sea que en algún momento va a salir de la cárcel, y volverá a caminar como uno más entre nosotros.

¿Cuándo fue la última vez que la Justicia declaró inimputable a un asesino en este país? ¿Qué ocurriría en la opinión pública si un juez decide que tipos como “el Cosita” o Pablo Goncalvez, que no es el caso, fueran inimputables?

Lo que puede parecer como una medida benévola para con los asesinos quizás no lo sea. En Uruguay no hay cadena perpetua, con lo cual estos asesinos entrarán a prisión y alguna vez saldrán. Si en cambio fueran declarados inimputables, el Estado, quizás, podría mantener sobre ellos un control permanente, perpetuo, en una institución psiquiátrica o en dónde el sentido común indique, para que no estemos todos tan regalados luego de sentencias que pueden parecer severas pero que no solo no reparan lo que pasó, sino que son un paréntesis en lo que puede pasar cuando los psicópatas salgan en libertad.