Manini y Penadés señalan que procesan militares por "color de ojos"; ¿qué dice Fiscalía?

El líder del partido, el senador Guido Manini Ríos, señaló que "lo medular" de la iniciativa es que "la Constitución esté por encima de dictámenes extranjeros". Sin embargo, al referirse a la persecución de estos delitos, en varias oportunidades también apeló a otros argumentos, como cuando en el Parlamento se preguntó "hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años" y dijo que un militar había sido "encarcelado injustamente" por "sus ojos azules". 

El senador nacionalista Gustavo Penadés habló sobre el tema en una entrevista que El País publicó este lunes. "Al principio se procedió a enjuiciar y condenar a personas vinculadas a notorios casos de violaciones de derechos. Desde hace un tiempo se entró a una nueva fase ya no vinculada a los episodios más connotados, sino a otras denuncias posteriores", dijo el legislador y luego se refirió a la actual etapa como "un laberinto sin salida". Según sostuvo, "hay que agregar en esto el sensible componente de los elementos utilizados en algunos casos para meter presa gente". "Cuando tú ves que algunos elementos son de una inconsistencia", completó.

Al ser consultado sobre si considera que "hay gente que ha ido presa sin pruebas", en el marco de los crímenes cometidos en dictadura, el legislador retrucó: "¿Procesar a alguien por el color de ojos o por el tono de voz, 45 años después?".

El militar procesado al que hicieron referencia Manini Ríos y Penadés es Juan Carlos Gómez, quien estuvo tres años y medio preso a raíz de un falso testimonio por la muerte de Roberto Gomensoro en 1973, en el Grupo de Artillería N°1, cuyo caso es explicado en el libro Gavazzo. Sin piedad, de Leonardo Haberkorn. En 2010 la jueza Lilián Elhorriburu envió a Gómez a la cárcel, y posteriormente su fallo fue ratificado por un tribunal de apelaciones.

Con el proyecto de ley de Manini Ríos sobre la mesa, se reactivó el debate sobre la cantidad de años que pasaron desde los delitos y las pruebas en las que se basó la Justicia para dar lugar a los pedidos de procesamiento.

Consultado por el caso de Gómez, el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, señaló que no actuó en ese caso, pero dijo que en todos los casos "la Fiscalía actúa de forma extremadamente fundada, basándose en los elementos de prueba que tiene". Además dijo que es obligación del Estado investigar estos casos porque se trata de delitos de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles.

¿Cuáles fueron los últimos casos y en qué pruebas se basó la Justicia? 

Coitinho y Garciacelay

Los militares retirados Nelson Heber Coitinho y Hugo Andrés Garciacelay fueron procesados con prisión este 28 de julio por el asesinato del militante comunista Julián Basilicio López en 1976. 

El 31 de diciembre de 1975 una decena de militares secuestró a López en Piedras Blancas, Montevideo. A los cinco días la Policía se presentó en su domicilio para notificar a su familia que había muerto y que su cuerpo debía ser retirado del Hospital Militar, sin explicar la causa del deceso.

La justicia militar de la época concluyó que López se había suicidado, pero en 2006 el caso fue denunciado ante la justicia ordinaria. En 2011, se reanudó la investigación y la jueza Mariana Mota citó a declarar a los militares retirados Coitinho y Garciacelay. La versión que dieron en el juzgado se distanciaba de la que habían dado 36 años atrás ante el juez militar.

El Grupo de Arqueología Forense de la Universidad de la República concluyó en 2015 que era muy poco probable que López “hubiera podido dar un salto al vacío y/o una vuelta en el aire voluntariamente”, como indicaban los informes elaborados en dictadura, a partir de los cuales la justicia militar había concluido que se había suicidado. 

Gundelzoph y Lemos

El el juez Nelson Dos Santos procesó con prisión el 16 de julio a José Felisberto Lemos y Jorge "Charleta" Gundelzoph, quien fue uno de los más cercanos ayudantes del inspector Víctor Castiglioni, referente de la Dirección de Nacional de Información e Inteligencia entre 1971 y 1982. 

Gundelzoph es un exmilitante de la Unión de Juventudes Comunistas que luego pasó a colaborar con la Policía durante la dictadura, y delató, torturó y abusó sexualmente durante la dictadura, mientras que Lemos se desempeñó como comisario. Ambos fueron imputados por los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad a más de 50 detenidos durante 1974 y 1976. "Gundelzoph fue procesado de un delito continuado, porque fueron en realidad varios delitos por maltrato a los detenidos", dijo el magistrado a El Observador.

Entre otras pruebas se tuvieron en cuenta los relatos y declaraciones de los denunciantes y de los indagados, testimonio de actuaciones judiciales, informes policiales; inspección ocular de instalaciones de la DNII; legajos administrativos de funcionarios afectados a la DNII; testimonio de actuaciones cumplidas por el Sindicato Médico del Uruguay; pericias psiquiátricas y psicológicas de los denunciantes, según el auto de procesamiento al que accedió El Observador. 

Tabaré Sartorio

El policía retirado Tabaré Sartorio Guimaraens fue procesado por el juez Dos Santos por los delitos de privación ilegítima de libertad y abuso de autoridad en 1974 contra militantes comunistas detenidos, informó La Diaria. 

Sartorio había sido denunciado en una causa colectiva por torturas cometidas en una dependencia de la ex Guardia Metropolitana, en Magallanes y Paysandú. Las víctimas denunciaron que habían sido sido víctimas de torturas como submarinos en agua con excrementos, agresiones sexuales y picana. 

Miguel Sofía

En julio también fue procesado con prisión el empresario Miguel Sofía, que cumplía prisión preventiva desde 2019 en Domingo Arena por el homicidio del militante tupamaro Héctor Castagnetto y por su participación en los escuadrones de la muerte entre 1960 y 1970.

La jueza Ana Claudia Ruibal lo procesó como responsable del secuestro, tortura y desaparición de Castagnetto, y también fue imputado por el delito de asociación para delinquir. Sofía se encontraba prófugo de la Justicia desde 2009, pero fue encontrado y detenido en 2019 portando una cédula de identidad falsa. 

Como testigo de la desaparición se presentó, en una sesión de la Asamblea General, la declaración del fotógrafo policial Nelson Bardesio, que también pertenecía a los escuadrones de la muerte. El abogado defensor de Sofía, Aníbal Martínez Chaer, dijo a La Diaria que "las actas de Bardesio son nulas y que no hay pruebas ni testigos de que haya participado" en estos grupos.  

Perciballe, sin embargo, señaló “un número significativo de correspondencias entre las declaraciones de Bardesio en las actas ante los Tupamaros" con "otros elementos allegados" a la causa. Ese listado está integrado por las declaraciones de Alejandro Otero, el exdirector de la Dirección de Inteligencia. 

Leonardo Vidal

El militar retirado Leonardo Vidal fue procesado con prisión el 10 de junio por el asesinato del militante tupamaro Nelson Berrreta. 

El 14 de julio de 1972, el teniente coronel Sergio Velazco ordenó a sus subordinados que le dispararan a Berreta, y el entonces soldado Vidal cumplió. Abrió fuego varias veces y una de esas balas mató a Berreta, que había intentado fugarse esposado. El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento en junio de 2018 y la Justicia accedió el 10 de junio.

Varios jerarcas del gobierno gobierno manifestaron su preocupación por el caso. "Hace 48 años, esta persona, un soldado raso, recibiendo una orden en un operativo en la calle, utiliza su arma, dispara, y muere una persona que estaba detenida", dijo el ministro de Defensa Nacional, Javier García, y subrayó que Vidal estaba cumpliendo una orden. Manini Ríos afirmó en Hora de Cierre de radio Sarandí que en el caso de Vidal se violaron "todos los principios del derecho".

Cabrera y Quintana

El juez de Florida Diego Prieto procesó sin prisión a los militares retirados María Cabrera Rivas y Andrés Daniel Quintana García por el delito continuado de abuso de autoridad. En 1972, eran integrantes de la repartición de inteligencia a cargo de los interrogatorios en el Batallón de Ingenieros 2 de Florida. 

Para explicar por qué no les tipificó la privación de libertad, como pedía la Fiscalía, Prieto argumentó que que las detenciones se habían realizado en el marco del estado de guerra interna decretado en 1972. “Mal que nos pese, esa era la realidad jurídica de la época sobre cuya base tomó intervención la Justicia Militar y adoptó resoluciones hoy inmutables, por encontrarse al abrigo de la cosa juzgada”, concluyó el juez, según informó La Diaria. El fiscal Perciballe apeló el fallo.

Lawrie Rodríguez

La jueza Isaura Tórtora procesó con prisión en marzo en calidad de coautor al militar retirado Lawrie Rodríguez por el homicidio muy especialmente agravado de Iván Morales Generalli en 1974.  

La víctima, dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay-Organización Popular Revolucionaria 33, murió como consecuencia de las torturas recibidas en el Regimiento de Caballería N° 6. El médico militar que constató su fallecimiento sostuvo que había muerto intoxicado.

Sin embargo, la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de la República concluyó posteriormente a partir del expediente que la principal causa de muerte de Morales habían sido los “traumatismos múltiples que vivió” al ser torturado.