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Medidas tomadas por agua turbia no logran revertir aún la contaminación
Por Tomás Gaeta
En 2013, miles de personas que viven en Montevideo y en la zona metropolitana notaron un mal olor y un color turbio al abrir las canillas de sus casas. El entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, alertó que podría haber un corte de agua en caso de no tomarse acciones y catalogó el escenario como “la peor catástrofe imaginable”. Los jerarcas de OSE relativizaron las declaraciones de Huidobro pero reconocieron que el agua del río Santa Lucía estaba contaminada.
Los referentes académicos señalaron al fósforo como el causante del fenómeno. “La mayor irregularidad de la gestión del agua es el uso de los fertilizantes y la forma en la que se aplican, que es fundamentalmente con fósforo”, explicó el ingeniero agrónomo Daniel Panario a El Observador. “Luego llueve y eso va directamente a los arroyos”, añadió.
En grandes cantidades, el fósforo obstruye el paso de la luz y facilita el crecimiento de cianobacterias, que se trasladan por los cursos de aguas a otros cursos más grandes como el Río de la Plata y, eventualmente, las costas de Canelones, Maldonado y Rocha.
Por su parte, la titular del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Eneida De León, admitió que las algas se convirtieron en un problema debido a un “aumento fabuloso” de la producción agropecuaria, aseguró el 11 de noviembre de 2015 a El País.
Con el fin de frenar la contaminación, la Dinama estableció en 2013 diez medidas para proteger el agua: declarar como zona prioritaria (A) la cuenca del río Santa Lucía, implementar un programa de control del saneamiento en toda la cuenca; controlar la disposición final de residuos de origen industrial; exigir el tratamiento de los efluentes de todos los tambos de la zona, delimitar una zona sin pastoreo, crear un área de agua potable, restringir el acceso directo del ganado a los cursos de agua; suspender la construcción de nuevos emprendimientos de ganado de engorde (feed-lots), crear una zona de amortiguación sin plaguicidas, implementar una solución en la planta potabilizadora de OSE en Aguas Corrientes, e intimar la solicitud de permisos para la extracción de agua superficial y subterránea.
Pero pasados seis años no todas las medidas se han podido implementar en su totalidad y los niveles de contaminación no han variado.
Si bien la Dinama intimó a las empresas responsables a hacerse cargo de sus residuos instalando plantas de procesamientos para tratarlos, Aubriot explicó que este proceso aún no culminó. “Hay algunas plantas de procesamiento que se están terminando de instalar ahora, como las de Conaprole en la cuenca de Florida”, ejemplificó.
Desde el área de comunicación de Dinama se informó que 29 tambos de la Cuenca del Santa Lucía –85% del total– ya cuentan con un sistema de gestión de efluentes construido.
El doctor en Ciencias y profesor del Centro Universitario Regional del Este, Néstor Mazzeo, dijo a El Observador que los tambos tienen dificultades para implementar las medidas que la Dinama exige en el tratamiento de los efluentes por el costo que tienen. Es por este motivo que el gobierno extendió los plazos para que todos los tambos se hagan cargo de sus desechos. Además, elaboró un plan de financiamiento para los productores lecheros de pequeña escala junto al Ministerio de Ganadería para que puedan acceder a un crédito no reembolsable y así cumplir con el decreto.
En lo que respecta a los desechos industriales, de las 23 empresas que más contaminan, 19 ya cuentan con sus respectivas plantas de limpieza para la remoción de nutrientes, una inversión de US$ 32 millones que supone un vertimiento de fósforo 75% menor al de antes. De acuerdo a una resolución ministerial, todas las empresas deberán contar con el sistema apropiado en funcionamiento para agosto de 2020.
Con respecto al mejoramiento del saneamiento de las principales ciudades de la Cuenca del Río Santa Lucía, OSE instrumentó la reducción de fósforo en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Minas y Florida, está realizando mejoras en la PTAR de Casupá, se está construyendo PTAR y redes de saneamiento de San Ramón y Fray Marcos y prevé instalar una nueva planta en Santa Lucía y Florida para 2020.
Sobre el establecimiento de una zona de amortiguación libre de pastoreo, la Dinama comenzó a controlar que los terratenientes cumplieran con la medida a partir de 2016 y ha relevado el 60% del área hasta ahora. Según la dirección gubernamental, hubo una mejora en el cumplimiento, aunque no se pudo especificar a qué nivel.
Por último, el problema de Aguas Corrientes no se ha resuelto; OSE sigue desechando lodos excedentes de la potabilización con metales pesados al Santa Lucía y algunas zonas del río son menos profundo que antes, de acuerdo a una nota de El País del 20 de octubre de 2019. La Dinama no brindó más información sobre este tema ni sobre el resto de las medidas.
Sin variación
Pese a las medidas tomadas en 2013, los niveles de fósforo en el río Santa Lucía no han variado. Aubriot sostiene que aún es temprano para que existan “indicadores positivos” como resultado de esas medidas.
Un estudio realizado por Aubriot y otros investigadores, publicado en la revista del LATU, señala que los niveles de fósforo en el Santa Lucía aumentaron de 2004 a 2010 y se mantuvieron de 2010 a 2016 debido a una intensificación de la actividad agropecuaria. “Lo que vimos es que se reflejaba de forma muy directa la intensidad productiva que va muy de la mano de lo que fue la explosión sojera y de granos”, explicó Aubriot.
Asimismo, la Dinama observó los niveles de fósforo en el río Santa Lucía de forma anual hasta 2018, último año del que se tiene registro.
“Todos los ríos y embalses analizados presentan valores superiores al estándar de calidad del agua establecido en la normativa ambiental”, dice el estudio.
En el caso de los demás cursos de agua como los arroyos Canelón Grande y Chico, los niveles de fósforo se han mantenido por encima de los 0.025 gramos por litro. Esos valores han ido en aumento desde 2013 a 2018, llegando a 1.079 gramos por litro, 59 veces más que el nivel permitido.
Un informe del Mvtoma de 2017 señalaba que “el principal problema” de ese año había sido la elevada concentración de fósforo total, dado que incumplió la normativa en todos los sitios y muestreos.
Aubriot reconoció que “habría que hacer un estudio a partir de 2020 para tener una idea” de cuánto han impactado las medidas de la Dinama. “El Ministerio de Ganadería, que fue el que tuvo que ceder muchas cosas, estaba reclamando ver los resultados”, dijo Aubriot.
Por su parte, el director de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), Daniel Greif, reconoció a El Observador que la cuenca del río Santa Lucía presenta desafíos. “El desafío es compatibilizar entre el uso para el consumo de 1.6 millones de habitantes y el uso agropecuario de un recurso que es el agua y es variable, ya que no llueve cuando querés”, manifestó.
Aclaración: En una versión anterior de esta nota se presentaba al doctor Néstor Mazzeo como director del departamento de Ecología del Centro Universitario Regional del Este. Si bien el investigador integra ese departamento como profesor titular, no está a cargo de la dirección de esa área, que es dirigida por el doctor Matías Arim. A Mazzeo, a los involucrados y a nuestros lectores, las disculpas del caso.
