Migraciones en América Latina en tiempos de coronavirus

La confirmación del primer caso de Covid-19 en Brasil y la propagación del coronavirus en la región ha obligado a los gobiernos a crear diversas respuestas para contener su avance. En este contexto, las personas migrantes y sus familias están entre los principales afectados.

Actualmente América Latina está en la fase de transmisión comunitaria del Covid-19, con consecuencias dramáticas como las que está experimentando Ecuador tras el colapso del sistema sanitario y el mayor número de contagios y muertes per cápita de Sudamérica. En este escenario, no es posible ignorar el impacto de la pandemia sobre las personas en movilidad humana y sus familias.

Pese a la existencia de diversas organizaciones y procesos de integración regional, como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mercosur o la Comunidad Andina, no hubo una respuesta conjunta ante la llegada del Covid-19 en Latinoamérica, sino que cada país reaccionó de manera autónoma declarando, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estado de emergencia e imponiendo medidas como el distanciamiento social, la restricción de ingreso de personas extranjeras y el cierre de fronteras. Con el aumento del número de contagios y muertes, las respuestas se han endurecido hasta el punto que la mayor parte de los países de la región ha decretado la suspensión de actividades no esenciales, el cierre de sus fronteras y la limitación de la circulación de personas, inclusive a nivel nacional.

Todas estas medidas han impedido el retorno a casa y desplazamiento de millones de personas, y están impactando de múltiples formas el día a día de la población local. Sin embargo, las consecuencias asumen otra proporción en el caso de las personas migrantes y sus familiares.

América Latina es esencialmente un territorio de emigración y las consecuencias políticas y socioeconómicas de la pandemia afectan la vida y los derechos de los latinoamericanos fuera de la región. Al mismo tiempo la crisis económica generada por el coronavirus tendrán un gran impacto sobre los flujos de remesas y los niveles de ingresos de sus familiares. Latinoamérica es también una región de tránsito, inmigración, refugio y apatridia, y es en esta población y en sus familiares que las medidas tomadas por los gobiernos latinoamericanos están teniendo graves consecuencias.

Uno de los primeros efectos es que el cierre repentino de las fronteras nacionales, así como la militarización y refuerzo de los controles migratorios, no han detenido completamente la migración, sino que han obligado a las personas migrantes a buscar rutas alternativas e irregulares de ingreso. Esto aumenta su vulnerabilidad y los peligros a los que se exponen como los secuestros y los abusos sexuales. Costa Rica, por ejemplo, ha instalado una base policial en la frontera con Nicaragua para vigilar e impedir el ingreso de nicaragüenses que intentan entrar al país de manera irregular. No obstante, los desplazamientos continúan. Además, la población centroamericana en tránsito hacia Estados Unidos está en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los migrantes se encuentran hacinados, sin asistencia sanitaria y con elevados riesgos de contagio en las estaciones migratorias o centros de detención para migrantes, en los cuales a menudo están expuestos también a diversas formas de extorsión y violencia por parte de redes del crimen organizado o autoridades locales. 

En un contexto marcado por grandes desigualdades y exclusión social, la mayor parte de los migrantes tampoco puede “quedarse en casa” porque eso significaría no tener ingresos ni para ellos ni para sus familias. Con todo, la paralización de las denominadas actividades no esenciales ha golpeado también duramente a un colectivo que trabaja sobre todo en el sector informal y que se ha visto privado de sus ingresos de subsistencia. Sin ingresos y, muchas veces, sin derechos de asistencia sanitaria, las personas en movilidad se exponen a mayores niveles de pobreza, precariedad y xenofobia.

Al no poder utilizar los servicios médicos locales, carecer de redes de apoyo, enfrentar problemas de acceso a la información o ser excluidos de las ayudas sociales destinadas a los nacionales, los migrantes -sobre todo indocumentados- están desprotegidos, mientras que al no poder pagar el alquiler están sujetos a expulsiones indiscriminadas. Este ha sido el caso, por ejemplo, de miles de venezolanos que están en la calle en países como Colombia y Perú, tras haber sido desalojados por no poder pagar el alquiler de las pensiones donde se alojaban. Por si fuera poco, en ciudades como Bogotá, se han registrado disputas entre las autoridades por la gestión de los recursos de la emergencia y ha habido declaraciones públicas de carácter xenófobo que han estimulado acciones contra los migrantes.

Los desalojos indiscriminados de migrantes y la falta de medios de subsistencia han determinado un fenómeno no menos complejo: el retorno masivo de ciudadanos venezolanos a su país de origen. Las dificultades y desafíos de este proceso residen en que el retorno se está registrando en un contexto de alta vulnerabilidad, sin asistencia sanitaria y hacia un país que vive la mayor crisis humanitaria de la región, agravada por las sanciones económicas impuestas principalmente por Estados Unidos.

El contexto emergencial ha determinado también el cierre indiscriminado de las fronteras sin protocolos adecuados de asistencia para los migrantes en proceso de retorno. El gobierno de Bolivia, por ejemplo, mantiene a más de 300 bolivianos, entre ellos mujeres embarazadas, ancianos y niños, en un campamento militar en la localidad fronteriza de Pisiga. Se trata de familias de trabajadores temporales bolivianos provenientes de Chile que se han quedado sin trabajo y recursos para permanecer en el país. La Defensoría del Pueblo de Bolivia y diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones precarias de esta población que ha recibido escasa atención por parte de las autoridades y enfrenta problemas de discriminación, dificultades de nutrición, higiene y acceso a recursos básicos. 

La pandemia y las diversas medidas creadas para enfrentarla están afectando seriamente la salud física y mental de los migrantes, además de haber generado el crecimiento de múltiples formas de discriminación, estigmatización y xenofobia. Paralelamente, están provocando muertes, expulsiones y deportaciones de migrantes, así como la elaboración de proyectos de ley que atentan contra la vigencia de los derechos humanos. Este es el caso del proyecto de ley que plantea la repatriación de extranjeros residentes en el Perú afectados por la emergencia sanitaria. Sin embargo, los efectos sobre este colectivo recién empiezan. Los migrantes y sus familiares serán también una de las categorías más afectadas por la crisis económica, la creciente pobreza y la pérdida de empleos que las sociedades latinoamericanas experimentarán tras esta epidemia global.

Los desafíos impuestos por la actual pandemia son enormes, pero esta no es la primera ni será la última emergencia sanitaria que enfrentará América Latina. Por ello, los países de la región deben extraer lecciones importantes y entender que cualquier medida contra las pandemias y a favor de la salud pública implica la protección de todos y todas, sin distinciones de estatus migratorio o pasaporte. Toda respuesta debe integrar a las personas migrantes y refugiadas en las políticas estatales y de asistencia social, reconocer sus especificidades, proteger sus derechos y combatir la xenofobia, la violencia y cualquier tipo de discriminación que ponga en riesgo su dignidad humana.

*María Villarreal es profesora e investigadora en la Univ. Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Doctora en Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y se especializa en migraciones internacionales, cooperación, desarrollo, etc.

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