Misión imposible del PIT-CNT

Tal vez algunos estudiantes se complazcan en los forzados días de holganza, sin percibir que los sindicatos docentes los están condenando a una adultez sin perspectivas ni oportunidades al empeorar la magra formación que se supone reciben bajo un sistema que resiste reformas que son indispensables. Y la reacción general es menos ríspida que ante los paros intempestivos del transporte, que dejan a la gente sin poder concurrir a sus trabajos o retornar a sus hogares. Pero es igualmente notorio que las familias perciben claramente que la acumulación de días de clase perdidos es un precio demasiado alto por la exacerbada conflictividad.

La sucesión de paros ni siquiera tiene la justificación de un previo agotamiento de las instancias legales de negociación. Los paros en Primaria, Secundaria y UTU están siendo declarados sin sentarse previamente a discutir con las autoridades, una vez que estas fijen las pautas presupuestales. Soslayando este requisito, el dirigente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, anunció una peregrina campaña para convencer a la población de que los paros y las huelgas deben ser “tomados en forma entusiasta por la mayoría de la población”, pese a que conducen al colapso del año lectivo. El consejero de Primaria, Héctor Florit, ya descartó virtualmente que se alcancen los 185 días de clases dispuestos. Y en Secundaria, los 200 días ordenados por el presidente Tabaré Vázquez han quedado en el campo de las ilusiones perdidas.

Vázquez había anunciado que en ese caso impondría el recurso legal de la esencialidad del servicio educativo. Su ministra de Educación, María Julia Muñoz, sin embargo, señaló que no se está pensando en esa medida. Pero si el gobierno realmente quiere evitar que se agrave el actual estado calamitoso de la enseñanza pública, no le queda otra opción que confirmar la posición presidencial y anunciar que se impondrá la esencialidad si los sindicatos persisten en paralizarla. Ya es tarde para recuperar el tiempo perdido. Pero se está a tiempo de frenar que el desborde se convierta en una funesta avalancha.

Es obvio que algunos de los reclamos de los educadores por mejoras salariales tienen el fundamento de remuneraciones actuales bajas. Pero es igualmente obvio que no pueden ignorar las apreturas presupuestales que enfrenta el gobierno. No reduce esta realidad el hecho de que las dificultades sean en gran parte responsabilidad de las administraciones del Frente Amplio, por haber gastado de más durante la terminada década de bonanza exportadora. Todos, no solo en la educación pública, tienen que convivir con los previos errores frenteamplistas, ya que la alternativa es convertir la compleja situación financiera actual, todavía manejable, en una crisis de estrechez, inflación y desempleo a cuyo castigo nadie escapará. Pero esperar que la población acompañe con entusiasmo “paros preventivos” parece algo por demás ilusorio.