Ante la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que permite a todos los ginecólogos en el país a abstenerse de participar en cualquiera de los pasos que una mujer deba seguir para realizarse un
aborto, alegando 'objeción de conciencia', el Ministerio de Salud Pública (
MSP) salió a informar que "promoverá coordinaciones con todas las instituciones de salud" para asegurarse que en cada centro asistencial existan ginecólogos y asistentes sociales que puedan asegurar el procedimiento de aborto en aquellas mujeres que así lo desee.
"En la medida que la sentencia genera modificaciones a los procedimientos reglamentarios, el MSP solicitará de inmediato a las instituciones de salud la nómina de profesionales médicos que objetaron por escrito", dado que ese requisito "es el único que avala la objeción de conciencia de acuerdo al dictamen".
En conferencia de prensa, el ministro de Salud Jorge Basso dijo que "la sentencia (del TCA) mantiene el derecho de interrumpir el embarazo durante las 12 primeras semanas" y que la cartera que lidera trabajará para garantizar "la menor cantidad de barreras posibles" para acceder a la interrupción del embarazo.