Opinión > MIGUEL ETCHECOLATZ
Murió a los 93 años una figura atroz del terrorismo de Estado en la Argentina
Por Eduardo Anguita, especial para El Observador
Para algunos, este jefe policial que murió con múltiples condenas por torturas y homicidios significa el fin de la vida de una persona malvada. Si fuera eso, los vivos podríamos quedarnos tranquilos. Miguel Etchecolatz fue el resultado de un modo de subordinación de la tarea de vigilancia policial a las Fuerzas Armadas en una Argentina donde desde 1930, los golpes de Estado militares ponían al conjunto de las instituciones bajo su mando, dejando la Constitución como una letra muerta o, lo que es más grave, como una serie de reglamentos y normas que impiden el establecimiento del orden.
Cumplía sus condenas en una cárcel común y cuando logró que le permitieran una prisión domiciliaria en un barrio residencial de Mar del Plata, la indignación de los propios vecinos hizo que la Justicia le quitara ese beneficio y volviera al lugar del cual no debía haber salido.
Cuando se produjo el golpe de Estado cívico militar de marzo de 1976, Etchecolatz quedó al frente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Desde allí, como parte de la subordinación a los mandos militares, reportaba al jefe de esa fuerza, el entonces coronel Ramón Camps. Más allá de que Camps y Etchecolatz se cansaban de alabar al nazismo, de ensañarse con los detenidos de origen judío, de aferrarse a la cruz como si fueran cruzados medievales, lo cierto es que formaban parte de una maquinaria aceitada.
No sólo porque, a su vez, en la pirámide de mandos estaba el jefe del Primer Cuerpo de Ejército, general Carlos Suárez Mason, sino porque los jueces rechazaban los hábeas corpus de los detenidos que estaban en centros clandestinos o las mismas comisarías del barrio, los mismos cuarteles de la zona. El silencio de varios purpurados de la Iglesia Católica, el acompañamiento de los capellanes era tan tonificantes para los torturadores y criminales como la impunidad que les otorgaban los magistrados.
Además, sería ingenio o engañoso, no consignar que los “grupos de tareas”, como se llamaban a sí mismo quienes perpetraban los crímenes, se quedaban con cuanto bien material podían y extorsionaban a las familias sacándoles plata a cambio de promesas de vida que jamás se cumplían. El rol del Estado no solo fue criminal, también fue de rapiña. Un ejemplo patente es que Suárez Mason, después de haber sido responsable de miles –realmente miles- de desapariciones fue premiado con la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Suárez Mason no sabía nada de petróleo pero tomaba créditos en el exterior de la mayor empresa estatal argentina no para la industria sino a pedido del superministro de Economía y acaudalado empresario José Alfredo Martínez de Hoz. Créditos que tenían otros destinos y que quedaron como parte de la impagable deuda externa que dejó esa dictadura en 1983.
Etchecolatz gozó de la defensa en todos los juicios que tuvo, cosa que no tuvieron sus víctimas. Murió en el penal de la guarnición militar de Campo de Mayo y cada vez que necesitó atención médica fuera del penal se la brindaron.
Jorge Julio López fue un desaparecido en democracia. Pero, en octubre de 1976, siendo un albañil peronista al que no se le conocía militancia política comprometida, fue secuestrado en el humilde barrio de Los Hornos, distrito de La Plata, por un grupo de tareas al mando de Etchecolatz. Cuando en democracia se lo juzgó a este represor, López fue a prestar testimonio y tuvo la tranquilidad y la valentía de declarar las atrocidades que había pasado bajo la mirada amenazante del viejo comisario sentado en la sala donde lo juzgaban.
López fue secuestrado tras sus declaraciones, en septiembre de 2006. Todas las tareas que ordenó la Justicia para dar con su paradero debieron ser realizadas por otras fuerzas de Seguridad, porque la “Bonaerense” -o “Maldita Policía”- se negaba o plantaba pistas falsas. Era un secreto a voces que los responsables del secuestro de López se ensañaron con alguien que confesaba la verdad ante jueces de la Constitución.
En la Argentina hubo un “Nunca Más” en 1985, pero las sublevaciones militares de “carapintadas”, lograron leyes de impunidad sancionadas por el Congreso y luego indultos presidenciales. Sin embargo, esa maquinaria de impunidad empezó a desandarse en 2003, cuando el Congreso tiró por la borda anulando esas normas condenadas por los convenios internacionales de Derechos Humanos firmados por la Argentina.
Es imposible terminar estas líneas sin mencionar la labor incansable de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de la Agrupación HIJOS –de hijos de desaparecidos- y de Rubén López, el propio hijo de Jorge Julio López que desde la desaparición de su padre mantuvo una conducta valiente denunciando a los verdaderos responsables de que su padre no estuviera.
Nadie podrá decir que la democracia tomó “revancha” con Etchecolatz. El pasado 27 de junio lo trasladaron a un sanatorio para colocarle un marcapasos. Por su estado de salud, recibió un fallo favorable de un tribunal –pese a las nueve condenas a perpetua que tenía- para volver a su casa. No se concretó porque a los 93 años se murió. Como se dice en la jerga periodística, "de muerte natural".
