Prohibir las ocupaciones en empresas privadas: el pedido de UPM que al gobierno más le cuesta dar

En el contrato con el Poder Ejecutivo, UPM dejó "expresa constancia" de que "si el resultado de las negociaciones en ese ámbito no fuera plenamente satisfactorio a los requisitos del proyecto, podrá constituir una causal para que no tome una decisión final de inversión".

De todos modos, ese acuerdo marco no es más que una expresión de deseo, y los puntos específicos deberán ser acordados con cada sindicato, algo que según las previsiones del gobierno ya debería estar encaminado y todavía no ha ocurrido. El 19 de diciembre, el presidente Tabaré Vázquez sostuvo que las dos primeras etapas estaban finalizadas y ya estaban “trabajando en la tercera”, que incluye la negociación con los sindicatos.

Sin embargo, el secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, manifestó a El Observador que no ha habido “nada de nada” con respecto a una conversación entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos. “Nosotros nos hacemos cargo de lo que firmamos en el acuerdo marco como PIT-CNT. Solo de eso. Ese instrumento fue firmado por Oscar (Andrade, exsecretario general del sindicato de la Construcción)”, agregó.

La ausencia de esa negociación se contradice con el apuro del gobierno por concretar algunos pasos y mostrarle al presidente y CEO de UPM, Jussi Pesonen, que llegará este mes, que las obras comienzan a encaminarse. Conforme pasan los días ese escenario parece ser cada vez menos probable, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo no ha logrado acuerdos concretos con los gremios de los sectores que estarán involucrados en las obras.

Según informó Búsqueda este jueves, Pesonen dejó claro que las negociaciones continúan en la segunda fase, al presentar el 31 de enero el reporte financiero de 2018 de la compañía. En ese documento afirmó que “la implementación del acuerdo de inversión entre UPM y el gobierno de Uruguay se encuentra ahora en una fase intensiva en la que se requieren avances tangibles en las iniciativas de infraestructura”.

Agregó que continúan sin definirse ciertos puntos “principales relacionados con el progreso tangible en la construcción de infraestructura y los protocolos laborales”.

“El logro de un progreso significativo en la implementación de las iniciativas de infraestructura acordadas por el Estado y cualquier elemento relevante se debe acordar antes de la posible decisión final de inversión”, indicó.

Además, ya se avizora que el gobierno se encontrará con un gran “pero” en el Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca), lo que posiblemente demore más los planes del Ejecutivo. Para el presidente del gremio, Daniel Diverio, “no se puede firmar este acuerdo”. “Si se pide la firma del Sunca está claro que no estamos dispuestos”, dijo a Radio Uruguay a mediados de enero.

Esa postura llevó a que en la  Cámara de la Construcción del Uruguay consideren que el marco jurídico que exige UPM para instalar su segunda pastera esté en “punto muerto”. En diálogo con El Observador, el presidente Diego O’Neill recordó que luego de que se firmara el con PIT-CNT, se definió conformar tres grupos de trabajo y una especie de comisión de supervisión.

El primero estaba vinculado a la capacitación, en el cual rápidamente se alcanzó un acuerdo entre las partes. Otro estaba vinculado a seguridad y salud ocupacional, donde no hubo consenso, y el tercero estaba vinculado a servicios, transporte y alojamiento donde tampoco hubo acuerdo.

Luego de ese espacio de trabajo quedó agendada una reunión para la comisión de supervisión que integraban el Poder Ejecutivo, UPM, las cámaras empresariales y el PIT-CNT. La central sindical no concurrió a esa instancia y posteriormente comunicó formalmente que la representación del PIT-CNT iba a quedar en manos del Sunca, según informó O’Neill. “El Sunca no compareció. Entonces se ingresó a un punto muerto y nunca se terminó el trabajo de los grupos y esa comisión”, explicó.

El primer plazo previsto para culminar con ese proceso se había fijado para el pasado 31 de octubre, luego se postergó hasta fines de noviembre, y después hasta fines de diciembre, sin que se llegara a encontrar una luz verde.

Por otro lado, O’Neill señaló que en el último tiempo no han recibido “ningún tipo de contacto” por parte del Poder Ejecutivo sobre cómo planea resolver una de las exigencias que pide UPM para confirmar su millonaria inversión en Uruguay. “UPM y nosotros, por nuestro lado, estamos esperando a ver qué puede pasar”, indicó.

A eso se le suma que los permisos ambientales vinculados a la planta de UPM 2 quedarán paralizados, junto a otros proyectos, en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) como consecuencia de un conflicto sindical que los trabajadores de ese organismo llevan adelante. La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Afumvotma) decidió este miércoles suspender los trámites para otorgar habilitaciones ambientales hasta que no se solucione el conflicto que mantienen con las autoridades de la cartera, algo que complica aún más al gobierno en su afán por acelerar las obras de la pastera.

Críticas y llamados