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Gobierno pisa el acelerador por UPM pero encuentra algunos obstáculos

Denuncias de los vecinos que plantean irregularidades y la demora en la autorización ambiental para empezar las obras del ferrocarril, son dos ejemplos 

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23 de enero de 2019 a las 05:01

La concreción del acuerdo con UPM para la instalación de su segunda planta de celulosa, es uno de los principales objetivos del gobierno de Tabaré Vázquez para estos primeros meses del 2019. En el Poder Ejecutivo esperan que cuando Jussi Pesonen el CEO de la empresa visite el país en febrero, las obras previas que se necesitan para la instalación estén en marcha. Por esta razón, los ministros de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Víctor Rossi, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Eneida de León, solicitaron a sus equipos de trabajo un mayor “dinamismo” en este verano, según informaron a El Observador fuentes de gobierno.

La urgencia por lograr la habilitación ambiental por parte de la Dinama para el comienzo de las obras del Ferrocarril Central hizo que la ministra Eneida de León le solicitara la semana pasada a más de diez funcionarios que retornaran de su licencia, según informó El País. La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Mvotma, Rossana Berrini, dijo a El Observador que el pedido no es “usual” y que en el correo electrónico enviado la ministra no les explicó los “motivos” por los que lo hacía.

Sin embargo, una fuente del Mvotma señaló que el pedido se realizó bajo la necesidad de “dinamizar las resoluciones” y que la posibilidad había sido planteada en diciembre cuando se pidieron las licencias. El tema será tratado por los trabajadores el próximo jueves en una asamblea extraordinaria en la que definirán si toman alguna medida en respuesta.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo a El Observador que tienen “todo pronto” para iniciar las obras del Ferrocarril Central y que están esperando la autorización ambiental para comenzar. Si bien el objetivo es que el consorcio Vía Central comience a trabajar antes del 31 de enero, una fuente de la Dinama que forma parte del equipo encargado de dar la habilitación dijo que es “muy difícil” que puedan llegar a esos tiempos aunque se encuentran trabajando a “contrarreloj”.

Mientras tanto en el Poder Ejecutivo continúan avanzando con los pedidos de expropiaciones para la readecuación de las vías férreas que unirán Montevideo con Paso de los Toros. Este lunes el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Víctor Rossi firmaron diez resoluciones autorizando 19 expropiaciones de terrenos en Canelones, Florida y Montevideo. En total serán expropiados 225 padrones. El costo será de unos US$ 20 millones, según señaló meses atrás el director de Topografía, Jorge Franco.

“Nosotros hemos cumplido con los requerimientos. Hemos trabajado para empezar lo antes posible y contratamos los equipos técnicos luego de las observaciones que Dinama nos ha hecho. Es un proceso complejo y delicado pero estamos convencidos que el ferrocarril es necesario para el país”, sentenció Rossi.

Pero el optimismo del Poder Ejecutivo se contrasta con un aumento en el rechazo por parte de vecinos, productores y ambientalistas, que consideran que el proyecto está “plagado” de irregularidades y tienen decidido ir a la Justicia aunque aún no resolvieron si presentarán un recurso de amparo o una medida de no innovar, contó a El Observador Sonia Gómez, abogada de uno de los grupos.

Los vecinos también presentaron recursos ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Vecino de la Intendencia de Montevideo. Según supo El Observador, ambos organismos están estudiando las denuncias y solicitando audiencias con las autoridades con el objetivo de tomar una resolución “lo antes posible”.

Este martes uno de los colectivos se manifestó frente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). El grupo solicitó reunirse con el director Alejandro Nario y al no poder hacerlo entregó un documento de diez carillas en el que piden que no se entregue la autorización ambiental necesaria para comenzar las obras del Ferrocarril Central.

"Las enumeraciones expresadas evidencian la violación flagrante del principio precautorio y del inminente riesgo de afectación de derechos fundamentales como salud, vida y vivienda entre otros de los pobladores afectados por este proyecto", señala el documento al que accedió El Observador.

"Con altos niveles de contaminación sonora, generándose vibraciones persistentes durante 22 años, afectándose servicios durante obras, exponiendo y obligando a 35.750 habitantes a vivir en un hábitat de perturbación, fractura de pueblos, barrios y ciudades, la Dinama no deberá otorgar habilitación ambiental a este emprendimiento de interés privado a condición de la afectación irreparable de las condiciones de vida de los uruguayos", sentencia el texto.

Los manifestantes leyeron la proclama a través de un megáfono y mostraron pancartas con mensajes como “no a UPM por zonas urbanas” o “el tren de UPM destruye calidad de vida y territorio”.

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