No es oro todo lo que reluce

La muerte de cuatro personas privadas de libertad en la cárcel de Santiago Vázquez el pasado 28 de diciembre por un incendio intencional, constituye un hecho de suma gravedad aunque quizá no haya recibido toda la atención pública que merece. Aparentemente un grupo de reclusos arrojó combustible en una celda donde estaban ocho personas y luego les prendieron fuego. Dos murieron en el momento y otras dos a los dos días. De los otros cuatro reclusos, uno fue dado de alta y tres se siguen recuperando. Las autoridades, que intervinieron cuando el fuego se había extendido, señalaron que no fue un motín sino un problema entre reclusos.

No muchas voces se oyeron al respecto. Quienes más se hicieron oír en protesta de este hecho aberrante y violatorio de los derechos humanos fue el Sindicato del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El sindicato emitió un comunicado donde pide el "rápido pronunciamiento" de esta institución sobre los cuatro reclusos que murieron luego de un incendio el pasado jueves 28 de diciembre en la prisión de Santiago Vázquez (ex Comcar). 

"No podemos permanecer indiferentes y deseamos expresar nuestra preocupación ante la situación producida confiando en un rápido pronunciamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)", expresó el sindicato en un comunicado emitido este miércoles 3 de enero. Para el sindicato, el incendio ocurrido en la celda en la que estaban los ocho reclusos es "inadmisible" y que evidencia "la responsabilidad del Estado en lo relacionado al derecho a la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad".

Y, por último, el sindicato hizo un llamado a "reflexionar sobre el rol de la INDDHH y el cumplimiento de su mandato en materia no solo de promoción sino fundamentalmente en la protección de los derechos de los más vulnerables".

Llama la atención que el INDDHH aún no se haya pronunciado sobre un caso que claramente es una violación de derechos humanos de personas privadas de libertad, que el Estado tiene el deber de proteger ante todo.

Claro que en nuestro país, las personas privadas de libertad son tratados como ciudadanos de segunda categoría. Tenemos una población carcelaria que crece sin parar -ahora llega a 15.000 personas privadas de libertad- y supera la capacidad carcelaria habilitada. En muchos lugares hay hacinamiento y, obviamente, no se cumple el objetivo de la rehabilitación que debe tener todo sistema carcelario sino que, por el contrario, potencia la capacidad de delinquir, convirtiendo a la cárcel en lo que se ha dado en llamar la “universidad del delito”.

Cada día entran 29 personas al sistema carcelario y egresan 26. Va cada vez a peor: esos 3 reclusos diarios adicionales significan un promedio de 1095 más por año. Los establecimientos carcelarios no crecen a ese ritmo. No hay presupuesto. A los legisladores no les gusta votar presupuesto para instalar cárceles más dignas. A los electores tampoco. La sociedad considera el presupuesto carcelario un desperdicio de recursos. Y ello aunque estemos en una situación crítica, ya que Uruguay ocupa el décimo lugar en el mundo en cuanto al porcentaje de población carcelaria con respecto a la población total, y el tercer lugar de América Latina, detrás de El Salvador y Brasil.

El problema de la seguridad pública es grave, como lo demuestra el crecimiento de la población carcelaria. También lo es si tomamos el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Dejando de la lado México y los países centroamericanos, Uruguay figura alto en la tabla, con 11 homicidios cada 100.000 habitantes. Es un problema que ni el gobierno actual ni el anterior han podido resolver y que se vincula en muchos casos con ajustes de cuentas del carteles de narcotráfico. Pero no por ello dejan de ser homicidios. Uruguay, por ejemplo, tiene el doble de homicidios que Argentina, que es un país con una fuerte actividad del narcotráfico.

En este contexto de criminalidad, Uruguay enfrenta otros dos problemas estructurales que compromenten nuestro futuro a largo plazo. Además de los problemas seguridad pública, enfrentamos desafío en materias de crecimiento demográfico y de crecimiento económico de largo plazo.

El problema del crecimiento demográfico está evidenciado en las cifras del último censo, que marcan una caída poblacional, solo cubierta parcialmente por la llegada de inmigrantes. Pero nuestra tasa de natalidad se sitúa muy por debajo del índice de estabilidad demográfica: 1.3 hijos por mujer versus el 2.1 que es la tasa de natalidad que permite mantener la población estable. Esto plantea todo un desafío, sobre todo por el envejecimiento de la población y sus efectos sobre el sistema de seguridad social, sobre el sistema de salud y sobre el sistema educativo. Temas a los que se da poca discusión pública, más allá de un demagógico plebiscito de reforma constitucional en materia previsional.

Y, por último, una tendencia de largo plazo que señalaba el Cr. Ricardo Pascale, ex presidente del Banco Central del Uruguay, destacado economista e influyente intelectual,  en su último libro “El Uruguay que nos debemos”. Pascale marca con mucha claridad la baja tasa de crecimiento anual del PIB. Entre 1960 y 2019, el PIB creció a una tasa anual del 2,18%, mientras que los países más avanzados crecieron entre 2,5 y 3,5%. Es por ello que, mientras que en 1950 el PBI per cápita de Uruguay era muy superior al de Alemania, Italia, España, Finlandia o Japón, hoy estos países nos superan ampliamente. Esto, dice Pascale, implica menor bienestar y oportunidades, peor educación y salud, y que los talentos emigren.

Es preciso reaccionar pronto sin dejarse llevar por la complacencia del elogio o la comparación positiva con los vecinos de la región. Tenemos que salir de la cómoda siesta de la autocomplacencia. Los elogios que vienen del exterior a nuestra estabilidad institucional y nuestra calidad democrática son valiosos pero son también peligrosos como cantos de sirena si nos alejan o nos retrasan del camino de las impostergables reformas que tenemos que llevar a cabo, para atacar los problemas de seguridad, demográficos y de bajo crecimiento a largo plazo. Las cuatro muertes del 28 de diciembre deberían sonar como una alarma en nuestro sistema institucional y político.