Once liceos privados captaron más del 90% de las donaciones para la educación

Ante lo que consideran un “desvío” de fondos públicos para financiar la enseñanza privada, el congreso del sindicato de profesores de Secundaria (Fenapes) propuso hace una semana “retomar la discusión en torno al mecenazgo”. Y como justificación se citó a la conclusión que había llegado la asamblea técnica de los docentes: “Sería sustantivamente más justo recaudar impuestos y gastarlos en mejorar la educación pública”.

Ocurre que la reforma tributaria que impulsó el primer gobierno del Frente Amplio —pero que empezó a regir en el segundo mandato del partido de coalición de izquierda— incluyó la exoneración fiscal a las empresas que realicen donaciones a instituciones educativas. Desde 2010 hasta 2021 —último año en que se rindió cuentas— el Estado dejó de recaudar más de $ 1.297.250.000 destinado a centros educativos de la enseñanza obligatoria. La Administración Nacional de Educación Pública se llevó menos del 10% de ese dinero, mientras que solo 11 instituciones privadas se quedaron con todo el resto.

“Solo el liceo Impulso concentra la mitad de todas las donaciones especiales destinadas a la educación (inicial, primaria o media), por lo cual, en la práctica, se está generando un proceso de concentración”, sostiene el doctor en Educación Pablo Martinis, decano de Humanidades e investigador sobre la “privatización” de la enseñanza pública.

El instrumento de exoneración fiscal, que “es legal y que a priori no distingue entre un destinatario público o privado”, empezó a “quedar reducido a un puñado de instituciones privadas que por su capacidad de lobby, de presentación de proyectos y por coincidir con los intereses de algunos empresarios van generando un redireccionamiento de recursos públicos para el financiamiento de privados”, explica Martinis, quien observa con “preocupación” que la ANEP fue “perdiendo su porción de la torta”.

En 2010, el primer año en que se rindió cuentas sobre estas donaciones, la ANEP abarcaba el 98.4% (de $ 32 millones) de las donaciones. Un año después captó el 59,5% (de $ 45 millones). Y así fue descendiendo al punto que en los dos últimos años solo consiguió el 1,2% (de $ 185 millones).

Pese a esta tendencia, el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, entiende que “es correcta la reasignación de ingresos públicos para instituciones que llevan actividades que el Estado no está ofreciendo suficientemente”. Según el jerarca, economista de profesión, “en esto consiste la política moderna: las personas a veces no saben a dónde van a parar sus impuestos, pero en este caso tienen un fin bien concreto y medible con resultados”.

Baroni coincide con que “hay que discutir el mecanismo de financiamiento actual”, sobre todo, “cuáles son las condiciones para ingresar en la listas de donaciones especiales y cómo se permanece en las mismas: ¿hay que atarlo a los resultados? ¿Es solo ideológico?”. En este sentido, dice, “el astorismo fue valiente y propuso este mecanismo en su momento, que se sumó a la reasignación que hace el Estado por exoneración de impuesto patronales (entre otros) a las instituciones educativas privadas. Pero siempre es bueno, de tanto en tanto, rediscutir”.

Danilo Astori, ex vicepresidente y exministro de Economía, fue uno de los principales promotores de este instrumento de donaciones especiales. Su propuesta había generado una tensión a la interna del entonces partido gobernante (Frente Amplio). Y sigue generando: el diputado emepepista Nicolás Lorenzo, quien preside la comisión de Educación de la Cámara de Representantes, reconoce que habiendo pasado más de una década “es necesario rever” la normativa, “analizar cuánto dinero se le va al Estado, cuánto le queda” y sacar “conclusiones claras en un contexto de recorte presupuestal que está atravesando la enseñanza”.

En su momento, la diputada Macarena Gelman había promovido la quita de donaciones especiales a las universidades privadas e incluso discutido la necesidad de rever una política que había impulsado su propio partido.

Por su parte, el actual director de Educación, Baroni, admite que “es bueno discutir los instrumentos de financiamiento de políticas educativas”. Como ejemplo, dijo, “en Uruguay sería bueno poner sobre la mesa los bonos educativos, no porque sea una propuesta o solución, sino porque se le esquiva la discusión”.

Según un estudio realizado por la doctora en Educación Eloísa Bordoli, en 2017, “el régimen de exoneraciones abarca más que los instrumentos existentes en otros países con sistema de subvención y constituye, por tanto, una fuente de ingresos indirectos de vital relevancia para las instituciones privadas en el país”. En otras palabras, “a diferencia de regímenes como las escuelas charter en Estados Unidos o las escuelas concertadas en España, donde el Estado financia directamente instituciones privadas para que ofrezcan servicios educativos gratuitos, en el caso de Uruguay la financiación es indirecta mediante el no cobro de impuestos a las instituciones educativas”.

En ese dinero que el Estado deja de recaudar y que se concentra “en un puñado de institutos privados” yace la diferencia por la cual “los llamados liceos públicos de gestión privada consiguen mejores resultados que los liceos públicos de los mismos contextos”, dice el decano de Humanidades Martinis. “No es que la gestión privada hace la diferencia, sino que con ese dinero logran reducir el número de estudiantes por grupo, hay horario extendido, talleres, proyectos financiados, buena alimentación… de todo”.

Baroni, otra vez, discrepa: “Es falso que la logística o el financiamiento hagan a la pertinencia de una propuesta educativa, en todo caso es la metodología de aprendizaje lo que inclina la balanza”.

Sea como sea, el debate que es transversal a los partidos políticos, sigue dando que hablar a más de una década de la reforma. Y para Martinis “es una muestra de que la privatización de la educación pública ya no debe medirse solo por el porcentaje de matrícula que comprende un sector o el otro, sino por las lógicas que gobiernan la política”.