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La llamada de Paganini a la canciller mexicana y la carta de Uruguay a Celac para condenar a Ecuador

El gobierno de Lacalle Pou no asistió a la cumbre de presidentes porque la convocatoria no respetó el consenso
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17 de abril de 2024 a las 05:02

Los presidentes de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reunieron virtualmente este martes para debatir acerca de la violación de la inmunidad de la embajada de México en Ecuador

La reunión, coordinada por Honduras –el país que ostenta la presidencia de Celac– contó con la participación de Andrés Manuel López Obrador (México), Nicolás Maduro (Venezuela) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), entre otros, pero no tuvo representación de Uruguay, ya que el gobierno de Luis Lacalle Pou decidió no asistir.

Según supo El Observador de fuentes diplomáticas, el canciller Omar Paganini llamó por teléfono a su par mexicana Alicia Bárcena y le comunicó que el país condenaba lo sucedido pero no estaba de acuerdo con la realización de la reunión debido a que había sido convocada sin consenso, una regla básica de Celac.

En la llamada, Bárcena entendió las razones y aseguró que trasladaría la información a López Obrador, dijeron los informantes.

A su vez, Paganini envió una carta a la presidencia de la Celac en la que sugirió “adherir en condena, sin más demora, a la resolución respectiva de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

Esa resolución condenó “enérgicamente” el ingreso a la embajada y los “actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión".

Además, exhortó a Ecuador y México a que "inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva".

El canciller dijo en rueda de prensa que Uruguay había participado de la reunión previa de Celac, que se realizó a nivel de vicecancilleres.

“Uruguay condena y le preocupa muchísimo la violación del principio de inmunidad diplomática”, señaló y lo consideró un “principio sagrado” que ha permitido en la historia de América Latina proteger a ciudadanos perseguidos por razones políticas. “Ese instituto nos parece muy importante y lo que pasó fue condenable”, sentenció.

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