Para defender su ley de partidos, el FA se la agarró con la Justicia

Con los votos del Frente Amplio, el Senado dio media sanción este martes a los artículos más polémicos de la ley de financiamiento de partidos políticos y envió el proyecto a la Cámara de Diputados. Pero el asunto no quedó ahí y, en medio de su defensa al proyecto –mayormente cuestionado por la oposición– el oficialismo le pasó factura a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Los senadores habían postergado la votación de los seis artículos del proyecto que no contaban con el visto bueno de todos los partidos. El que mayor polémica genera es el artículo 13°, que establece un horario central en televisión y fija 10 minutos por hora para publicidad electoral gratuita.

El diferendo radica en la distribución de ese espacio que, según lo aprobado solo con los votos del Frente Amplio, reparte 45% del tiempo en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección y el 5% restante para los nuevos partidos.

Ante los embates de la oposición, que calificó la norma de "inconstitucional" –apoyado en sentencias previas de la Suprema Corte de Justicia–, el FA acusó al máximo órgano judicial de "intervenir en la política legislativa". Para explicar por qué, a su entender, el artículo es inconstitucional, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, se refirió a una sentencia de abril de 2016 en la cual la SCJ declaró inconstitucional el artículo 143 de la ley de medios que fijaba un reparto proporcional del 80% de los minutos de publicidad, mientras que el restante 20% se distribuía equitativamente.

En una sentencia dividida (tres votos contra dos), la SCJ sentenció que la norma "no solo" viola el principio de igualdad, sino que "discrimina" entre los partidos políticos "generando diferencias injustificadas". El fallo señala que no se advierte "finalidad legítima en tener en cuenta el número de votos obtenidos cinco años antes para realizar la distribución de la publicidad futura y gratuita".

El FA argumentó que la nueva norma "no es inconstitucional" y fueron críticos con la interpretación que en su momento hizo la SCJ. La senadora Constanza Moreira fue la más dura. "Una cosa es hacer el control de constitucionalidad de las leyes, otra es intervenir en la política pública", afirmó, y acusó a los legisladores de la oposición de estar "abdicando" de sus facultades legislativas. "No puedo creer que los políticos sentados acá abdiquen de su criterio de legislar para dejarlo en manos de la Suprema Corte", exclamó.

En tanto, Rafael Michelini expresó que los senadores saben "mejor" que los magistrados cómo funciona el sistema político. "Que no se diga que lo que pronuncia la Corte es con conocimiento de causa perfecto. Yo creo que desconoce bastante lo que es el sistema de partidos", sostuvo.

Charles Carreras, por su parte, dijo que "el único que puede interpretar la Constitución de la República es el Poder Legislativo".

"Como legisladores tenemos la obligación de tener nuestro propio criterio a la hora de interpretar la Constitución", agregó.