Penadés y Carrera: protagonistas del ring parlamentario por la ley de urgencia

Si los plazos previstos por el nuevo Poder Ejecutivo se cumplen, la defensa de una y otra postura comenzará en marzo. Lacalle Pou enviará al Parlamento la versión final del proyecto de ley, que por su carácter de urgente deberá ser tratado en ambas cámaras en un plazo máximo de 90 días. La discusión comenzará en el Senado, para lo que se creará una comisión especial que probablemente esté compuesta por 17 legisladores. 

Como coordinadores de las bancadas del Partido Nacional y del Frente Amplio en la Cámara Alta, Penadés y Carrera se preparan para defender sus posturas. El dirigente herrerista, que ocupa en el Senado la banca del ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, y el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) por estos días definen en la interna de sus partidos de qué manera lo harán. 

La primera reunión de coordinación entre las bancadas del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto fue este martes, minutos antes de que por primera vez en este período sesionara la cámara. Hasta entonces, las negociaciones entre los senadores de la coalición de gobierno y de la coalición opositora fueron delegadas exclusivamente a Penadés y Carrera. 

Por separado, los dos destacaron el respeto y la capacidad de diálogo que encontraron en su interlocutor. 

Penadés dijo que siempre fue así y recordó la primera vez que interactuó con Carrera: cuando en agosto de 2016, como director de la Secretaría General del Ministerio del Interior, el abogado empepepista respondió una por una y "en buenos términos" las dudas que tenían los integrantes de la comisión especial de Seguridad y Convivencia de Diputados. 

Carrera describió a su par como un “hombre de teléfono abierto y estudioso de las leyes”. Dijo, además, que tanto él como sus compañeros de bancada reconocen la disposición de Penadés a buscar puntos de encuentro. 

En este último mes, las conversaciones telefónicas, el intercambio de mensajes y las visitas de un despacho a otro –que están enfrentados en el principal corredor del Palacio Legislativo, a un paso de distancia– son parte de la rutina de los coordinadores de bancada.

Después de 15 años de mayorías parlamentarias, el Frente Amplio se prepara para ser de vuelta oposición. A pesar de haber sido el partido más votado en octubre, lo que le aseguró 13 bancas en el Senado y 42 en Diputados, la coalición de izquierda quedó en minoría frente a la alianza electoral formada por blancos, colorados, cabildantes, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, que en conjunto tienen 17 senadores y 55 diputados. 

Esta unión de cinco partidos, alineada al gobierno de Lacalle Pou, se prepara para defender en el Parlamento el proyecto de ley de urgente consideración, que no terminó de ser redactado. 

Penadés dijo que para conocer la versión final “habrá que esperar a que el gobierno se instale y tenga en cuenta todos los aportes y modificaciones sugeridas” por los partidos políticos y las organizaciones civiles. 

“Recién ahí se activarán los mecanismos de funcionamiento interno del Poder Ejecutivo: la redacción, la elaboración, la revisión de los analistas jurídicos de la Secretaría de Presidencia, para hacer la presentación formal del proyecto de ley”, agregó. 

El Frente Amplio espera hasta entonces para pronunciarse de manera oficial sobre los artículos que estarán sujetos a consideración urgente. Carrera planteó que “no sería serio ni responsable” expedirse sobre el proyecto de ley, ya que hasta ahora solo se conoce el borrador que Lacalle Pou presentó el 22 de enero.  

Desde antes de esa fecha, sin embargo, los dirigentes del FA plantean que la declaratoria de urgencia prevista es inconstitucional. “En principio decimos que es un uso abusivo e irresponsable. Y peligroso, porque puede estar marcando nuevas costumbres en la política nacional: no se puede estar cambiando todo el ordenamiento jurídico cada cinco años”, dijo Carrera.

Además, planteó que la extensión del texto y la amplitud de temas le impedirá ejercer debidamente su función de legislador. Citó una carta que el excatedrático en derecho administrativo Juan Pablo Cajarville le envió al semanario Búsqueda, advirtiendo que el proyecto “resultará aprobado por el régimen constitucional de sanción ficta, sin pronunciamientos explícitos de los órganos legislativos”. 

“Si un grupo de partidos políticos se juntaron, ganaron la elección y tienen mayorías, ¿por qué no envían 10 proyectos de ley para que sean discutidos?”, se preguntó. 

El argumento que Lacalle Pou da desde que es candidato es que el próximo gobierno deberá tomar medidas "urgentes". “El primer año no hay presupuesto propio, por lo cual las modificaciones que se pueden hacer fuera de la ley de presupuesto ameritan una ley de urgente consideración", aseguró a El Observador en el transcurso de la campaña electoral. 

La necesidad de resolver por esta vía algunas de las ideas incluidas en el borrador fue cuestionada por propios y ajenos. Los colorados, por ejemplo, entienden que la desmonopolización de los combustibles requiere una discusión más amplia y pidieron que no fuera incluida. 

Por su parte, Penadés hizo hincapié en que todos los artículos están sujetos a discusión antes de que el proyecto de ley ingrese al Parlamento. Y remarcó que esta consideración pormenorizada es la que llevó a que los planes del gobierno se postergaran, dado que los jerarcas del nuevo gobierno querían que el texto fuera remitido antes del 9 de marzo.

El coordinador de la bancada nacionalista cree que, cuando el proyecto de ley ingrese, habrá cambios sustantivos en comparación al borrador divulgado.