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Cuáles son los cambios en la ley de urgencia que plantearán los socios de la coalición
Mientras Luis Lacalle Pou busca con los líderes de la coalición un candidato de consenso para la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), los equipos técnicos de sus socios siguen analizando punto por punto los 457 artículos del borrador de la Ley de Urgente Consideración que el gobierno electo presentará al asumir ante el Parlamento.
Lejos de la crítica que realizan los dirigentes del Frente Amplio, el ánimo de los socios es el de conservar gran parte del esqueleto del proyecto para darle un espaldarazo al gobierno entrante, aunque prevén realizar cambios en algunos asuntos clave como seguridad, empresas públicas y seguridad social según dijeron El Observador dirigentes y técnicos de los diferentes partidos.
“Ninguna propuesta es espectacular ni muy contradictoria, no hay cambios sustantivos ni que modifiquen la orientación del proyecto”, declaró el exvicepresidente Luis Hierro López, referente de Batllistas, sobre el trabajo que por estas horas realizan los colorados.
Los partidos se establecieron como fecha límite el 15 de febrero para enviarle a Rodrigo Ferrés –redactor del proyecto y futuro prosecretario de la Presidencia– y Beatriz Argimón –vicepresidenta electa– los documentos con las modificaciones que plantean antes que el texto ingrese al Parlamento en los primeros días de marzo.
El equipo de seguridad del Partido Colorado se reunirá este martes por tercera vez para analizar el proyecto, aunque los dirigentes proyectan que necesitarán una cuarta reunión para terminar de afinar el articulado.
Entre los cambios que propondrán hay varios que refieren al Código del Proceso Penal, pero también incorporaciones como un artículo referido al tratamiento de adicciones dentro del sistema carcelario y la modificación de la gobernanza de la Fiscalía de Corte, señaló Hierro. Esta última iniciativa, que supone pasar a un triunvirato en la dirección, fue propuesta por el exfiscal Gustavo Zubía a Lacalle Pou en una reunión mano a mano la semana pasada.
Además de Hierro y Zubía, componen el grupo Adrián Peña, Ope Pasquet, Andrés Ojeda, Diego Sanjurjo, Roberto Rivero, Jaime Sapolinski y Enrique Navas.
Los dirigentes de Ciudadanos, al igual que los del Partido Independiente, rechazan la redacción de los artículos que van desde el 25 al 28 y que promueven cambios en las condiciones del proceso abreviado, porque consideran que hará colapsar el sistema, un señalamiento similar al que ya hizo la Asociación de Fiscales. Esta herramienta, que supone que la persona reconozca la comisión del delito a cambio de la reducción de la pena, solo podría utilizarse en los casos donde el delito en cuestión tiene una pena máxima de tres años de penitenciaría o no privativa de libertad.
Tampoco están de acuerdo con el artículo 16 del anteproyecto, que deroga el “principio de oportunidad” contenido en el nuevo CPP, el cual establece casos en los que Fiscalía "podrá no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada" para, entre otros, "delitos de escasa entidad, que no comprometan gravemente el interés público, siempre que la pena mínima no supere los dos años y no hayan sido cometidos por funcionarios públicos en ejercicio.
Pasquet dijo la semana pasada en Buen Día Uruguay que estaban buscando propuestas alternativas porque eliminar las libertades vigiladas y la suspensión condicional del proceso, además de aumentar las penas iba a tener como resultado final la “explosión de la cárcel”. El dirigente propuso crear un “proceso simplificado” que modificase el abreviado, tomando como base un proyecto redactado por los procesalistas y penalistas Gabriel Valentín, Alejandro Abal, Pedro Montano y Santiago Garderes.
El abogado Pablo Donnangelo, asesor de Pablo Mieres en materia de justicia penal dijo a El Observador que había varios artículos que les preocupaban, como el 28 que refiere a la procedencia del proceso extraordinario. “Se está engorrando y poniendo un nuevo proceso con el cual se accede a una sentencia de manera muy rápida pero a costa de las garantías procesales del imputado”, señaló.
El Partido Independiente no propondrá artículos nuevos, como si lo harán el Partido de la Gente y Cabildo Abierto.
Donnangelo expresó sus reparos acerca de los artículos 17 y 20, que dejan abierta a la discrecionalidad policial ciertas actuaciones no solo para averiguar una identidad, sino obtener prueba y aclarar presuntos delitos. Además estudian el artículo 21, que aumenta el plazo que se dispone para mantener “retenidas” a personas que fueron encontradas en el lugar del hecho, lo cual según señaló el procesalista Valentín es inconstitucional.
“Tenemos nuestras dudas en los artículos que aumentan penas, porque el endurecimiento no ha contribuido a bajar los delitos. Es una receta que ya fue probada en el resto del mundo y no ha dado resultados”, expresó Donnangelo.
En Cabildo Abierto, Manini Ríos ya expresó que le harán “muchos cambios” al anteproyecto. Entrevistado en Océano FM, el general retirado anunció que agregarán un artículo para crear una cárcel de máxima seguridad, una iniciativa que había sido contemplada en el Compromiso por el país.
Fuentes del partido también dijeron que impulsarán cambios en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que fue aprobada por el Frente Amplio en 2019.
Este lunes, los dirigentes de Batllistas Juan Berchesi y Luis Mosca se reunieron con la coordinadora técnica de Ciudadanos Lucía Donnangelo para analizar los cambios en las empresas públicas. Uno de los puntos que rechazan es el artículo 192, el cual deroga el monopolio de la importación de combustibles en favor de Ancap. También propondrán cambios en materia de seguridad social, una reforma “urgente”, según Julio María Sanguinetti.
Pese a que Edgardo Novick fue quien asistió a la presentación del borrador de la ley, son los técnicos de la “Fundación 3 millones” quienes vienen analizándola.
Una de las propuestas que harán será crear el delito de “corrupción privada”, una iniciativa que ya hizo el diputado Daniel Peña en la legislatura que termina, al igual que la creación de un fondo para fomentar empleo financiado con lo recaudado de la venta de bienes del Estado que estén inutilizados.
