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Frente Amplio dice que ley de urgencia "admite serias objeciones de índole constitucional"
La Mesa Política del Frente Amplio aprobó este viernes por unanimidad una declaración en la que afirma que el borrador la ley de urgente consideración presentado por el gobierno electo “admite serias objeciones de índole constitucional” y “supone un enorme retroceso para el país”. Además, la coalición de izquierda resolvió conformar un grupo de trabajo para presentar "un plan de acción” frente a la iniciativa.
La resolución, difundida este viernes, afirma que “la utilización del procedimiento de declaratoria de urgente consideración para una amplia diversidad de temas y batería de medidas de gobierno excede los límites impuestos por la propia Carta Magna”, ya que “las urgencias se declaran porque preexisten” pero “no se crean por voluntad del Poder Ejecutivo”.
“El procedimiento de discusión previsto para las leyes de urgente consideración conlleva plazos exiguos de discusión, lo que afecta negativamente el debido tratamiento de cada una de las iniciativas por parte del Parlamento Nacional y de los diversos actores de la sociedad, por lo que la iniciativa lesiona el funcionamiento de nuestra democracia”, dice la declaración.
El FA también afirma que el borrador “es la confirmación de lo denunciado durante la campaña electoral" sobre "la existencia de un programa conservador y regresivo". Durante la campaña, la izquierda denunció que la ley incluiría un “programa oculto”.
La declaración de la Mesa Política señala que, tras un primer análisis del texto, "el contenido general de las disposiciones proyectadas supone un enorme retroceso para el país". La resolución también afirma que el gobierno electo "pretende restaurar un modelo de funcionamiento de la economía sobre la base de la concentración de la riqueza en pocos manos, el debilitamiento de lo público, la pérdida de transparencia del sistema financiero, la afectación de derechos sociales, laborales y económicos de grandes mayorías, avanzando en el marco legal que permita la privatización y consiguiente entrega a grandes compañías multinacionales de áreas estratégicas del Estado".
