Tres informes distintos
Debido a que la investigadora, que culminó sus actuaciones en junio de este año, concluyó sus trabajos sin consensos, a lo largo del plenario se presentaron tres informes distintos, dada la diferencia en las interpretaciones partidarias sobre la compra del establecimiento rural ubicado en Florida: uno elaborado desde la bancada del Frente Amplio (FA), otro firmado por diputados del Partido Colorado (PC), Partido Nacional (PN), Partido Independiente (PI) e Identidad Soberana (IS), y un tercer informe, presentado por Cabildo Abierto (CA).
Desde el FA expresaron en el plenario que la compra del campo se ajustó a la normativa vigente “en su totalidad”, en contraposición de los representantes de los cuatro partidos firmantes del segundo informe que entienden que el proceso fue “inconstitucional” y que a su vez, no cumple con leyes y otras normas aplicadas en la actuación de la INC.
Valdomir, diputado del MPP y presidente de la comisión investigadora, inició la lista de oradores haciendo énfasis en el funcionamiento actual del campo, donde “a los nueve meses” de la compra “ya había pequeños productores familiares recibiendo alimento para su ganado, producido en María Dolores”.
El legislador destacó la compra como parte de un proceso exitoso en el que, “de las 25.000 hectáreas que el gobierno se comprometió a adjudicar a través del INC al cierre del período en 2029-2030, Colonización lleva entregadas casi 12.000”.
“El 50% del compromiso ya está cumplido, incluyendo lo que se entregó en María Dolores”, recalcó el representante del FA.
Con respecto a la compra, Valdomir hizo hincapié en que, pese a lo discutido del precio de compra —US$ 32 millones y medio—, el INC adquirió el campo luego del acuerdo entre privados previo, que fijó ese precio y ante el cual, “en usufructo del artículo 35 de la ley 11.029”, el organismo se colocó como oferente y adquirió el establecimiento. El diputado dijo que cuando sucede este proceso, el INC puede hacer uso de ese precio acordado previamente “sin mover ni para arriba ni para abajo un sólo dolar”.
“Además, cuando visualizamos el promedio de transacciones de compraventa de campos en Florida y vemos que el costo promedio de la hectárea en 2025 fue entre US$ 5.500 y US$ 6.000, vemos que los US$ 7.200 o US$ 7.000 que se pagó por hectárea en María Dolores no están desajustados de los precios de mercado”, afirmó Valdomir.
El frenteamplista acusó a la oposición de rechazar la compra por estar destinada a productores de menor porte, cuestionando: “¿Por qué un campo que va destinado a fortalecer la lechería y la pequeña producción familiar no puede valer US$ 32 millones y medio? ¿Esos campos pueden ser solo para la soja, solo para la canola, para la forestación? ¿Tienen que ser solo para la ganadería de calidad?”.
Por parte de la oposición, el primero en tomar la palabra fue el diputado colorado Carlos Rydström, que durante su exposición afirmó que la compra “violentó” varios artículos de la Constitución —artículos 58, 60, 72, 190, 200, 311 y 332—, la propia ley de Colonización (nº 11.029) y el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), así como otras leyes y decretos. Estos elementos, dijo, “ameritan la intervención de la justicia”, adelantando el pedido formal a la Fiscalía, resolución mediante, para que investigue el caso.
El caso ya está en la órbita de la Fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno y los legisladores se habían comprometido con el fiscal Gilberto Rodríguez (fiscal de 3° Turno que subroga esa fiscalía que está vacante desde mayo) a enviarle los informes finales de la investigadora.
Rydström sostuvo que previo a la adquisición no hubo un informe que explicitar qué se esperaba con la compra y qué objetivos perseguía el INC, pero que si hubo tres documentos, elaborados por funcionarios de Colonización, que indicaron, entre otras cosas, que el precio acordado estaba “entre 10 y 20% por encima de lo que sería lógico pagar por este campo” y que había “una diferencia de más de 1.000 dólares por hectárea para poder hacer viable la compra”.
Además, Rydström cuestionó las afirmaciones de Valdomir sobre la superficie potencial de riego del campo, que el frenteamplista estimó en un 25% del terreno y aseveró que hubo inconstitucionalidad en el proceso de adquisición dado que tanto el expresidente del INC, Eduardo Viera, como la directora Karina Henderson, eran colonos al momento de votar la compra, algo prohibido por el artículo 200 de la carta magna.
Por último, el colorado pidió el establecimiento de una comisión parlamentaria para trabajar “el futuro del INC”, para subsanar “baches” observados en la investigadora, que atañe en parte a una ley reguladora del organismo existente desde hace 80 años.
Cabildo Abierto mostró una tercera posición con respecto al bloque oficialista y a los otros cuatro partidos de oposición. El diputado Álvaro Perrone dijo que, si bien desde su partido originalmente rechazaron la oportunidad de compra por ver un interés en el campo de un frigorífico nacional, hoy observan con otros ojos la adquisición. “Tenemos que ser objetivos, María Dolores no es plata tirada porque está ahí, no es que desapareció, es del Estado, es del INC, por lo tanto, es de todos”, afirmó Perrone.
“Nosotros no detectamos, en la investigadora, elementos de corrupción”, sostuvo el legislador cabildante, que señaló que la comisión que estudió María Dolores en un determinado punto dejó de estudiar la compra y “se enfocó en el proceso productivo” y su rentabilidad.
“Creo que todos estamos convencidos que este es un proceso recontradiscutido que ya debería haber estado cerrado hace bastante tiempo y que en definitiva lo que se ha hecho con el uso de la comisión investigadora son estragos políticos, para tener un lugar para estar en la prensa, para discutir, criticar, rechazar. En el fondo podrá molestar la compra de María Dolores, pero a nuestro entender, va a ir camino a Fiscalía y en Fiscalía, no tenemos duda, será archivado”, zanjó Perrone.
