Nacional > PARAÍSO EN DISPUTA
El plan de manejo del Cabo Polonio entra en la recta final pero mantiene el rechazo de pobladores
Un lugar que ofrece “oportunidades recreativas, espirituales, de contemplación e inspiración”, así como un espacio que permite la “comunión con la naturaleza”. Así se definió al Cabo Polonio en 2009, cuando ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Uruguay. Pero aunque todo lo que lo rodea suena idílico, la preservación del Cabo Polonio está amenazada desde hace varios años por la propia actividad humana y ahora las autoridades buscan recuperar el tiempo perdido para evitar riesgos mayores.
El borrador del plan de manejo fue publicado en diciembre de 2018 y, pese a los pronósticos, aún no fue aprobado y está a la espera de los ajustes finales que pueda hacer la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para que la titular del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Eneida De León, ponga su firma.
Los pobladores permanentes del Cabo Polonio (unos 100) y los allegados al balneario mantienen una oposición acérrima al plan propuesto por las autoridades. En los últimos días un video publicado por el cantautor uruguayo Jorge Drexler reavivó el debate, así como una puja que mantiene la Intendencia de Rocha con los habitantes del lugar, que en los últimos días enfrentaron problemas para entrar y salir del área con sus vehículos particulares. Los pobladores entienden que esta última fue en represalia por los conflictos vinculados al plan.
El área protegida del Cabo Polonio está compuesta por 25.820 hectáreas, de las cuales 21.151 son marinas, 4.653 terrestres y otras 16 corresponden a islas ubicadas en la costa atlántica. A su vez, dentro de esas más de cuatro mil hectáreas terrestres hay predios privados y otros públicos, a cargo del Mvotma. En este sentido, el plan de manejo estima que dentro de esos predios públicos hay unas 290 edificaciones construidas de forma irregular o sin permiso.
Pero no son todas esas 290 viviendas las que están hoy en cuestión, sino un grupo de 26 casas ubicadas en la franja costera del Cabo Polonio que se robaron el protagonismo de la discusión. Es que el plan de manejo prevé que ese grupo de casas sean demolidas y reubicadas en otro lugar del balneario, bajo el argumento de que su presencia degrada el ambiente e interrumpe la libre circulación que caracteriza al lugar.
“Esas casas se prevé que en un período de cinco años sean retiradas del lugar y realojadas en el propio Cabo Polonio. Aquí no se está expulsando a nadie, se está liberando el espacio. Ese es el conflicto que hay con la gente”, explicó a El Observador el director de Ordenamiento Territorial de la IDR, Antonio Graña, quien definió al problema como uno “socio-territorial y ambiental”.
Sin embargo, los pobladores del Cabo Polonio afirman que el Estado no tuvo la capacidad de integrar a todos los actores en un mismo ámbito para fomentar la “construcción colectiva” y que, por el contrario, se fueron reuniendo con grupos por separado generando conflictos entre los propios habitantes, explicó a El Observador Alejandra Calvete, integrante del colectivo “El Polonio se protege”.
El 25 de octubre de 2018, cuando el director nacional de Medio Ambiente presentó en el Cabo Polonio el borrador del plan de manejo los pobladores se alarmaron al ver la “desmedida focalización en el ordenamiento territorial y no así en el ambiental”, explicó Calvete. “El detalle de las pautas de ordenamiento territorial no coincide con el detalle de las ambientales”, agregó.
La ingeniera agrónoma que se definió como una “pobladora estacional” del Polonio aseguró que toda la bibliografía demuestra que los planes de manejo que no se elaboraron en acuerdo con la comunidad fracasaron. “Las soluciones pierden riqueza y quedan solo con una visión”, afirmó y agregó: “el enfoque participativo en este caso no existió”.
“El mayor problema ambiental es que las dunas están en un deterioro total. Es un balneario más si no tenemos esas dunas”, aseguró Calvete y pidió mantener la “singularidad del paisaje”. De esta manera, criticó que el plan de manejo de la Dinama haya puesto el foco en el paisaje cultural y en el ordenamiento territorial.
Por su parte, Graña defendió que el plan de manejo no pueda abarcar cada una de las situaciones de forma individual. “Lo que el plan busca, como en cualquier acuerdo político, es que el más beneficiado sea el interés general”, expresó y agregó que va a ser “difícil que haya unanimidad”.
Pero los pobladores no se rinden y mantienen la esperanza de que el Estado siga dialogando con todas las partes, sin aprobar todavía el plan de manejo. “Tenemos la esperanza de que se deje el foco en las demoliciones. Estamos abiertos al diálogo, sigamos conversando, pero no en plena temporada”, apuntó Calvete, quien aseguró que en medio del verano -con el pleno auge de la temporada- no se puede discutir.
Calvete pidió un estudio ambiental estratégico que aborde al Cabo Polonio de manera global y no fraccionado, algo que, en su opinión, faltó en el plan de manejo actual. “Lo que más nos preocupa es que la esencia del Polonio se conserve porque además de ser un lugar increíble a nivel ambiental, a nivel cultural es un lugar lleno de riquezas que aportaron los pobladores originarios así como los nuevos, que en las últimas décadas instalaron una mística propia del Polonio”, reflexionó Calvete.
Fuentes del Mvotma afirmaron que el proceso administrativo para concretar el plan de manejo está en su etapa final, aunque agregaron que restan algunos ajustes de la Dinama. A esto último se suma otro problema: el conflicto que mantienen los funcionarios del ministerio con las autoridades.
El sindicato de esa cartera emitió el pasado viernes un comunicado en el que pidió a las autoridades establecer un ámbito de negociación con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para tratar varios temas, entre ellos la interrupción de las vacaciones de los funcionarios para agilizar el trámite ambiental de la segunda planta de UPM. Si la negociación no prospera, en los próximos tres días hábiles los trabajadores amenazaron con trancar todas las habilitaciones y autorizaciones ambientales que estén en curso, entre las que podría estar el plan de manejo del Cabo Polonio. El Observador intentó comunicarse con el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, pero no obtuvo respuesta.
