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18 de octubre 2022 - 5:02hs

A 18 días de la detención de Alejandro Astesiano, Policía Científica logró recuperar menos del 2% de la información que el excustodio presidencial había eliminado de su teléfono celular, informó la fiscal Gabriela Fossati en una audiencia judicial realizada el viernes 14, a cuyo registro accedió El Observador. Cuando pidió su imputación el 27 de setiembre había dicho que alguien le había advertido que lo iban a detener, porque tuvo tiempo de borrar mucha información. 

"Policía Científica tiene sus limitaciones en cuanto a lo instrumental", reconoció Fossati. En un dilema similar se encontrarán en el caso de Patricia Medina, la pareja del escribano Álvaro Fernández, imputada en la audiencia del viernes, porque ella también borró toda la información de su celular. 

Para mostrar el vínculo entre Astesiano y Medina, la fiscal leyó dos mensajes que la mujer había enviado a Fernández. El primero es del 22 de febrero de este año y decía: "Ya agarró lo que tenía que agarrar y ahora le importa tres carajos", haciendo referencia a 10 mil dólares que recibió Astesiano. 

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El otro, del 10 de mayo, es más extenso. "No están hablando con empleaduchos, supongo, que es alguien que deba saber bien ahí, ¿entendés? Así que bueno, espero que no se le escape el viernes, que no haya problemas, nada más. Espero que se sienta presionado y que no sea pelotudo. Tendría que haber tomado la responsabilidad ya que agarró 10 mil dólares. No tiene que toma la responsabilidad de hacer lo que hizo, no, de hacer, hacer (...) No puede andar ocultándose para arriba y p'abajo. No va a ser tan estúpido, supongo yo. Nada para decirte. Siento que están cagados, nada más. Siento que están cagados y siento que no sé si es realmente el otro el que dice ser él y no sea algún otro el que está ahí. Siento que están cagados nada más", le indicó –en un fragmento– Medina a Fernández refiriéndose al excustodio. 

Dado que Astesiano era el encargado de hacer de puente con las oficinas públicas, la fiscal Fossati dijo que deben "ser sigilosos porque podrían estar involucrados funcionarios públicos de todas las reparticiones a las que se les está pidiendo información". A esos efectos, está trabajando personal de Inteligencia e Interpol para obtener la información de las oficinas públicas.

La engorrosa investigación y los límites del sistema

"Hace tres semanas que no duermo porque estamos trabajando con intensidad", se sinceró la fiscal Fossati ante el juez Marcelo Souto. En varios pasajes de la audiencia, a cuyo registro accedió El Observador, la representante del Ministerio Público se refirió a las dificultades que afronta la investigación debido al volumen de información a relevar. Tanto es así que tuvieron que pedirle un disco duro a la Fiscalía General porque el sistema con el que cuentan no soporta evidencia tan pesada.

En ese contexto, contó que si bien está leyendo "18 horas al día", todavía no ha llegado a leer ni siquiera un 0,5% de la información que tiene disponible. "Nos faltan cientos de documentos de la Dirección Nacional de Identificación Civil y todos los de Registro Civil", complementó.

Todo esto pese a que al Fiscalía les asignó "una persona idónea en el análisis de contexto para poder trabajar en la recolección de datos" que se sumó a su equipo. Señaló que se trata de "cientos y cientos de expedientes, si no miles, que se tienen que cotejar" y que si bien por ahora la investigación abarca desde el 2013 a la fecha, no descartan que tengan que buscar más para atrás en el tiempo. 

Al momento, pudo relevar el 5% de la información que le envió la Corte Electoral, que era la encargada de emitir los certificados de avecinamiento. Este certificado es necesario para iniciar el trámite de inscripción en el Registro Cívico Nacional para obtener la credencial cívica.

La información que se presentaba allí debía ser certificada por un escribano público. "Si bien parecía que había más rigurosidad (en la Corte Electoral que en la DNIC), también hay indicios de que participaban las mismas personas y que se aportaba información de testigos que no era correcta", expuso.

A su vez, solicitaron información al Ministerio de Relaciones Exteriores, Banco de Previsión Social y Dirección General Impositiva. La Fiscalía dijo en la audiencia que aguardaba aún esa información. Cancillería entregó la información el 6 de octubre y el 11 la Fiscalía acusó recibo, según supo El Observador. 

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