Torturas en la cárcel: otra tormenta para el ministro Heber

Desde el Ministerio del Interior se confirmó que el jueves un oficial dio cuenta a Fiscalía por desnutrición y maltrato. Se agregó que luego se fue ampliando la información "a medida que avanzó la investigación".

Ahora será la fiscal Patricia Rodríguez, la titular, la encargada de investigar como ocurrieron los hechos y de dilucidar las responsabilidades. Rodríguez dijo a El Observador que recién recibió el caso este lunes y que comenzará la indagatoria.

Desde que asumió Luis Alberto Heber al frente del Ministerio del Interior, los delitos se han mantenido a la baja pese al aumento de la movilidad, pero la situación en las cárceles viene siendo un problema que suma presión a la gestión. Además del recluso víctima de extorsión, secuestro y tortura cuyo caso fue detectado la semana pasada, en los últimos dos meses la administración Heber enfrentó varias polémicas vinculadas con el sistema carcelario. Primero fue la fuga de Hugo Pereira, luego la sustracción de Stefanía Quirque de la prisión domiciliaria, y también se generó una polémica por desencuentros de la organización Nada Crece a la Sombra con las autoridades carcelarias. 

Esta última noticia fue un duro golpe para el Ministerio del Interior. Heber definió este caso como "una vergüenza", "un horror" y reconoció que hay responsabilidad tanto del Ministerio del Interior como del INR. Este grave episodio resultó en el relevo de José Álves, encargado de los módulos 10 y 11 de la cárcel. En las últimas dos semanas, el Ministerio del Interior había cambiado a directores de cuatro unidades penitenciarias en busca de un "reperfilamiento", dijo el ministro. 

Durante la conferencia de prensa el ministro repitió una y otra vez la "grave preocupación" que genera lo sucedido, la "vergüenza" que les da la situación a la que catalogó como "dolorosa" y "horrible". Con pesar reconoció que no puede asegurar que lo sucedido con el preso del módulo 11 no esté pasando en otros establecimientos. 

Leonardo Carreño

Desde filas del propio gobierno surgieron críticas: el blanco Sebastián Da Silva dijo en Desayunos Informales que alguna "cabeza" tenía que "rodar". De parte del Frente Amplio se pidió reunir en forma urgente a la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario y recibir al comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. "Este caso es de una gravedad extrema y demuestra el descontrol que hay en esa cárcel", sostuvo el senador del MPP Charles Carrera. "Estuvo secuestrado dentro de la prisión y nadie sabía nada de él", apuntó.

"Hasta el viernes, el único que había denunciado algo fue el comisionado parlamentario", sostuvo. A eso se le agrega, estimó el legislador, el "descontrol" en el número de fugas en distintos centros. Por eso, se sumarán estos hechos a la interpelación al ministro Heber fijada para el 28 de setiembre.

Torturas inimaginables

El calvario de este exmilitar comenzó luego de haber pedido el traslado desde el módulo 3 –donde estaba recluido por ser un delincuente primario– al módulo 11. Según supo El Observador, en ese entonces, acusó problemas de relacionamiento con otros reclusos. "El módulo 10 y 11 es de lo peor que yo he visto en materia de cárceles", aseguró Heber en conferencia de prensa. 

Agregó que el motivo por el cual lo secuestraron y torturaron fue extorsivo. Se corrió el rumor de que su familia tenía dinero y pretendieron conseguir plata de esa forma. El ministro mencionó que le pedían de a 2.000 pesos. Los involucrados tenían antecedentes penales previos, a diferencia de la víctima que era primario.

Leé también

Ministerio del Interior relevó al encargado de los módulos del Comcar donde se dio la tortura a un recluso

El jueves 16 de setiembre, según informó el Ministerio del Interior, efectivos policiales detectaron a raíz de "informaciones" que un recluso estaba siendo torturado y extorsionado en su celda por otros cuatro presos y había estado en esa situación por entre 40 y 60 días –aún no lo han podido determinar–. Luego, relató el ministro Heber, lo atendieron médicos y la cartera hizo la denuncia. "El tipo de torturas son todas las que imaginamos y todas las que no imaginamos", advirtió el jerarca. Actualmente está internado en el Hospital Maciel. 

A partir de ello, anunció la incorporación de médicos de ASSE que controlarán todas las semanas la salud de los presos y que presentarán en la Rendición de Cuentas la necesidad de un fideicomiso para poder construir tres centros carcelarios más en el Penal de Libertad y tres barracones en el Interior. Además, manifestó la intención de incorporar 56 policías más para la custodia en las cárceles. 

Diego Battiste

Fugas y distintas versiones

La última sucesión de hechos comenzó el 14 de agosto con la fuga del narcotraficante Hugo Pereira, aunque recién fue anunciada por las autoridades el 25 de ese mes. Al otro día, lo atraparon en un bar en 18 de Julio y Gaboto. Su fuga del Comcar aún no se ha esclarecido, pero el ministro ofreció, en un primer momento, versiones contradictorias al respecto y eso será el primer tema de la interpelación. 

En primera instancia dijo que Pereira se había fugado vestido de operador penitenciario por la puerta del centro, para luego desdecirse y asegurar que se había fugado por un hueco que había hecho un perro en un alambrado. Incluso publicó fotos de ropa que presuntamente Pereira había usado y que había dejado del otro lado del alambrado. La Unidad 4 cuenta con más de un alambrado y su custodia depende del Ministerio de Defensa, que inicialmente miró con recelo la situación y aguardan los resultados de la investigación judicial. 

A menos de una semana de la difusión de este episodio y con el escándalo aún candente, la asociación civil Nada Crece a la Sombra reclamó a través de redes sociales el impedimento del Instituto Nacional de Rehabilitación para ingresar a las cárceles. En un comunicado les manifestaban que no iban a poder ingresar porque no tenían convenios vigentes con la cartera, aunque la organización no gubernamental señaló que tiene dos. Uno de ellos firmado de puño y letra de Jorge Larrañaga. El INR y el Ministerio del Interior argumentaron que se la decisión la había tomado el Consejo de Política Criminal y Penitenciaría. Tal y como informara El Observador, ese consejo, según determina la ley que lo creó, tiene un rol asesor y no resolutivo. 

A ello se sumó la afirmación del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, quien –dio otra versión– afirmó luego que se estaban revisando todos los convenios de organizaciones con el Estado y por eso se les había impedido el ingreso. 

El 15 de setiembre sobre las 20 horas se fugó un recluso primario de la cárcel de Las Rosas en Maldonado y un día después, se escapó del régimen de prisión domiciliaria Stefanía Quirque. La mujer ya había pago por los tres atentados de homicidio a la esposa de su amante, pero ahora debía guardar reclusión domiciliaria mientras esperaba la orden de extradición de Brasil, donde debería cumplir pena por delitos de narcotráfico que cometió en la frontera. 

Si bien la jueza Beatriz Larrieu había determinado el uso de tobillera electrónica como medida cautelar para Quirque, el Ministerio del Interior resolvió realizar un sistema de control policial tres veces por día debido a que no habían tobilleras disponibles en Maldonado, donde ella residía. La jueza Larrieu había planteado esto como una excepción, si faltaran tobilleras. 

Leé también

Acusaciones cruzadas y un florido historial delictivo: la nueva fuga de Stefanía Quirque

No se expresaba "una necesidad de custodia", sino "simplemente una ronda de control que hacía la policía en distintos horarios" para seguir a la mujer, se quejó Heber entonces. Horas más tarde informó que hay 50 tobilleras en todo el país y que ordenaría la compra de 200 más. 

No se informó de la fuga de seis reclusos

En abril de este año la subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Milena Mas, denunció en el programa Santo y Seña de Canal 4, luego de renunciar, que el Ministerio del Interior no había informado de seis fugas que habían ocurrido en una de las chacras del Penal de Libertad en setiembre de 2020. Según afirmó el director Luis Mendoza y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, no tenían en cuenta sus criterios técnicos para realizar la evaluación de los presos y terminaba habiendo presos peligrosos en cárceles de mínima seguridad. Además, denunció maltrato y exclusión de las juntas de traslados.

Entonces explicó que los fugados –y otros cuatro presos– no debían de haber sido trasladados allí debido a su alto grado de peligrosidad. Aseguró haber visto "irregularidades y desprolijidades, muy pegadas a la ilegalidad".