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Poner fin a odios y divisiones
La muerte de Gregorio “Goyo” Álvarez debería tener como sentido y resultado apresurar el fin de los odios, las divisiones sociales y otras secuelas de ese período trágico que empezó con la insurrección tupamara y epilogó con 12 años de dictadura militar. Pero todo indica que su desaparición a los 91 años apenas cierra otro capítulo de una historia vergonzosa del país que, medio siglo después, sigue sin encontrar su necesario epílogo. Álvarez fue una figura tan descollante del período dictatorial desatado con el golpe de Estado de 1973 como controvertida dentro del Ejército. Conspirador desde antes de llegar al generalato, osciló ideológicamente desde el llamado progresismo peruanista de corte socialista y bien visto por nuestra izquierda, en boga en esos años, hasta el más rígido absolutismo de mano dura cuando finalmente asumió la Presidencia.
No le resultó fácil llegar al poder. Era resistido por muchos de sus compañeros de armas y necesitó intrigar y buscar aliados dentro del Ejército para recién en 1981 trepar a la jefatura del gobierno, que ejerció durante tres años luego de desalojar al triste títere civil Aparicio Méndez que habían puesto los militares. Ya entonces la ciudadanía se había pronunciado contra la dictadura en el plebiscito de 1980, pese a lo cual Álvarez persistió en una dura campaña de represión. Alcanzó no solo a los simpatizantes de izquierda sino también a los políticos de todos los partidos, a los que acusó imaginativamente de “revolcar en el más nauseabundo de los lodos el poncho de Saravia y el sobretodo de Batlle”.
Pero su suerte estaba echada. Dejando de lado su intención de eternizar el control militar del gobierno, militares más aperturistas, conscientes del resultado del plebiscito, empezaron a restarle apoyo y lo forzaron a aceptar el fin de un régimen que le costó al país años de atraso. Compartió delitos con las dictaduras, mucho más sangrientas, de Argentina y Chile. Aunque a diferencia de Augusto Pinochet, que reprimió salvajemente pero instauró un exitoso sistema económico que aún hoy perdura en Chile, Álvarez ni siquiera fue capaz de encauzar al país hacia el desarrollo. Procesado a partir de 2007 y condenado por delitos contra los derechos humanos, incluyendo 37 homicidios, pasó en la cárcel los últimos 10 años de su vida.
Su muerte fue vitoreada por algunos, lamentada por otros y tomada con indiferencia por gran parte de los uruguayos. Esta última actitud es la reacción razonable ante una figura que había perdido toda relevancia. Quedaba apenas el recuerdo de su incidencia funesta en la vida de Uruguay décadas atrás. Pero pese al paso de tanto tiempo, ese recuerdo mantiene viva la división en la sociedad que alientan algunos sectores de la izquierda, más empeñados en el desorden y el enfrentamiento que en curar viejas heridas que siguen rasgando el tejido social. La búsqueda de los restos de desaparecidos durante la dictadura, que a veces esconde más odio revanchista que motivos humanitarios, sigue sin fin a la vista. La muerte de un causante principal de las desapariciones y asesinatos, sin embargo, es un recordatorio de que, después de tanto tiempo, la convivencia armónica y las prioridades del país exigen que todos dejen atrás el pasado, sin olvidarlo, pero reconociendo que ha llegado el momento de cerrar un viejo libro desvaído que todavía ennegrece nuestra historia.
