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Por qué la Justicia considera que Cristina Fernández traicionó a la patria
La investigación del atentado a la AMIA puso a la expresidenta argentina contra las cuerdas
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08 de diciembre de 2017 a las 05:00
La peripecia política argentina siempre tiene algún capítulo impresionante por destacar. Pero el de ayer fue una bomba H que sacudió todos los cimientos: el procesamiento y pedido de prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El cargo también es tan rimbombante como el pedido: traición a la patria, por el memorándum de entendimiento con Irán a razón de la causa AMIA, que según el Juez Claudio Bonadio significó enterrar definitivamente la investigación por el atentado a la mutual judía que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos, y asegurarle impunidad a los supuestos autores intelectuales de la masacre.
Así, el ajedrez judicial que ya había hecho caer a varias de las mayores figuras de la era kirchnerista –por otras causas judiciales– tuvo ahora el golpe mayor. Era el impacto que los anti K esperaban desde hace años, cuando la expresidenta aún ocupaba la Casa Rosada, aunque seguramente tenían más fichas puestas en el resto de los otros juicios (ver las causas K), vinculadas a casos de corrupción.
Claro que el futuro judicial de Cristina quedó en suspenso, casi lógico con la historia política Argentina: como tiene fueros desde que asumió este mes su banca parlamentaria, en las que fue votada como senadora, dependerá de que sus colegas voten el desafuero para saber si efectivamente termina en prisión. En un parlamento dividido, con muchos peronistas que ayer eran aliados K pero hoy están en la vereda de enfrente, el resultado aún es un misterio y agregará más dramatismo en los días que vienen, como en aquellos del voto "No positivo" de Julio Cobos.
Junto a Fernández cayó ayer una larga lista de figuras, lo que ayudó a crear una sensación de asonada judicial: Carlos Zannini –secretario legal y técnico y uno de los hombres más cercanos a la presidenta–, el excanciller Héctor Timerman –a quien se le decretó prisión domiciliaria por cuestiones de salud–, el piquetero Luis D'Elia, parte de las negociaciones con los iraníes, al igual que los dirigentes sociales Fernando Esteche y Yussef Khalil. Sin prisión fueron procesados otros funcionarios de menor rango, como el diputado Andres "Cuervo" Larroque, el espía de la Side Allan Bogado y los funcionarios de la AFIP, Angelina Abbona, Juan Martín Mena y Eduardo Zuaín.
Pero no es una caída definitiva. Por lo pronto, no está claro que estén los votos para el desafuero. Y Cristina, fiel a su estilo, prometió pelear. En conferencia de prensa acusó al gobierno de Macri de una movida orquestada en su contra para tapar problemas sociales. "Es una causa inventada sobre hechos que no existieron. Lo que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso. No sólo viola el estado de derecho, sino que busca provocar daño personal y político a los opositores", dijo
"En una muestra más de cómo el gobierno manipula la Justicia y a los jueces que los aplauden y los medios oficiales como instrumentos de persecución política sin precedentes en democracia. Tiene responsable. Macri es el director de la orquesta y en este caso, Bonadio ejecuta la partitura judicial. Quiero denunciar que esto esuna gran cortina de humo", dijo.
Cristina venía de un golpe electoral duro: la derrota en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral, a manos de un macrista de segundo orden como Esteban Bullrich. El goteo de causas judiciales causó el efecto cansancio en el electorado, que le dio una carta de crédito al gobierno.
Ahora, Cristina retrocede un paso más y se enfrenta a la chance de prisión e inhabilitación. Pero apela a una última –y fuerte– carta: las irregularidades de la causa (ver claves), que le permiten apelar a la mística, buscando que al menos parte del electorado la vea como una perseguida política. No es mucho capital político, al menos por ahora, pero la expresidenta promete jugarlo hasta el final.
¿De qué se la acusa?
En 2013, el gobierno argentino firmó lo que se llamó un memorándum de entendimiento con Irán para avanzar en la causa AMIA. Ya una investigación judicial había hallado evidencias fuertes contra ciudadanos iraníes , que por entonces ocupaban altos cargos en el gobierno de Teherán, por planificar el atentado. Pero como el gobierno iraní se negaba a aceptar que los ciudadanos viajaran a ser interrogados –con el riesgo de que también fueran apresados– el gobierno argentino decidió buscar una nueva estrategia. Negociaron crear una "Comisión de la verdad" con el gobierno iraní, con representantes nombrados por ambos, para viajar a Irán e interrogarlos. A cambio, se eliminarían las "notificaciones rojas" de Interpol que pesaban sobre ellos.
La estrategia fracasó rotundamente, porque por más que el parlamento argentino lo aprobó, el iraní nunca llegó a tratarlo. La causa AMIA sigue trancada pese a las sospechas sólidas de que el gobierno iraní de entonces participó de la organización del atentado. Pero más allá de eso, los opositores al pacto levantaron su voz con virulencia: entendían que era resignar soberanía –dejando de lado al juez de la causa para privilegiar a esa Comisión e la verdad–y que en definitiva, era darle una posición muy privilegiada al gobierno iraní, que podía acceder a las pruebas y trancar lo poco que se había podido avanzar en 20 años de investigación.
El juez Bonadio entiende que el atentado a la AMIA es una "acción de guerra", lo que habilita la figura de "traición a la patria", y agrega otro elemento: que ese memorándum fuera, en el fondo, una estrategia para intercambiar impunidad de los iraníes por exportaciones argentinas. Para eso se sostuvo en un par de conversaciones grabadas entre miembros del gobierno y algunos operadores pro Irán, como el piquetero Luis Delía y los líderes sociales Fernando Esteche y Yussef Khalil, donde se hablaba de la importancia de colocar exportaciones en aquel país. La clave es una grabación en la que D'Elía le dice a Khalil: "Ellos están dispuestos a mandar a la gente de YPF con nosotros a hacer negocios allá. Está muy interesado en cambiar lo de aquellos por granos y carne. La reunión fue porque la pidió la Jefe, ¡eh!... Estamos al más alto nivel".
La solidez de la causa y las polémicas prisiones preventivas
Para algunos analistas, las acusaciones tienen sustento; sobre todo, el hecho de desplazar en los hechos a un juez federal, y además, el hecho de que buena parte de las negociaciones fueran en secreto –mucho más si hubo contrapartidas comerciales en el medio–. Sin embargo, la mayor duda es la prisión preventiva decretada por el juez.
No es algo nuevo, ya que el mecanismo de la prisión preventiva ha sido utilizado contra varias figuras del kircherismo: el exvicepresidente Amado Boudou, el exministro de Planificación Julio de Vido, ahora Zanini y D'Elía. No es algo común en el sistema judicial argentino, donde es norma que la prisión se decrete con sentencia firme, De hecho, son varios los jerarcas procesados pero libres: uno de ellos el actual presidente Mauricio Macri, procesado en 2009 por una causa de escuchas ilegales cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Por eso muchos en el sistema político –no solo kirchneristas– apuntan a que se trata de una especie de venganza política. Si de eso participa el gobierno de Macri es otra cosa. Pero la saña mediática de las detenciones K es llamativa: a Boudou lo detuvieron en piyama, a De Vido lo esperaban helicópteros de todos los medios. Las detenciones de Zanini y D'Elía trascendieron en los medios mucho antes que ocurrieran.
La dudas sobre la causa y sobre el juez Bonadio
La figura del juez Bonadio levanta sospechas: en 2005 había sido desplazado de la causa AMIA por parte de una Sala Federal, por considerar que no era imparcial en la causa. Fue acusado de "cajonear" el caso para favorecer a un amigo acusado. Por otro lado, la investigación por traición había sido desestimada en 2015. Los argumentos en ese momento fueron, a grandes rasgos: que ninguno de los delitos denunciados se llegaron a concretar, ya que la Comisión de la verdad nunca se creó, las escuchas telefónicas de D'Elia no llegaban a nada concreto, y las notificaciones rojas de Interpol no se concretaron. En 2016, ya con Macri en la Presidencia, la causa se reabrió.
Qué puede pasar en El Congreso
El Senado tiene 60 días para votar el desafuero, para el cual se necesitan dos tercios de votos de los 72 miembros de la cámara. En este caso, la historia dependerá de los peronistas. Hoy el macrismo tiene 25 votos, el kircherismo 10, el peronismo 26 y otros movimientos regionales tienen 18. Se necesitan 48. Ningún senador fue desaforado antes.
El cálculo político
En Argentina todo es político. Entonces, la pregunta es: más allá de la justificación o no del procesamiento, ¿en donde queda parada Cristina Fernández? Por lo pronto, la expresidenta se jugó al rol de víctima (ver nota principal), y lo cierto es que para el gobierno de Macri sería pesado tener a una expresidenta en prisión, en un procesamiento que todos verían como político. Además, varios analistas han destacado lo que necesita Macri a Cristina: el efecto miedo del retorno K le ha valido muchos de los votos que el macrismo acumuló en las últimas elecciones.
El factor Nisman
El fiscal que murió en 2015 investigó la causa durante 10 años. Y cuando entendió que tenía las pruebas pruebas suficientes de la connivencia entre los gobiernos de Irán y Argentina, anunció que iría al Parlamento a mostrarlas. Horas antes de la cita, apareció muerto en su apartamento, en un caso en el que aún no tiene dilucidación judicial, pero en el que un informe de la Gendarmería dice que fue asesinado.
