Procesaron con prisión a dos militares retirados por el asesinato de un militante comunista en 1976
En 2018 la fiscal había pedido el procesamiento con prisión de Nelson Coitinho y Hugo Garciacelay, por el homicidio muy especialmente agravado de Julián Basilicio López
Los militares retirados Nelson Heber Coitinho y Hugo Andrés Garciacelay fueron procesados con prisión este martes por el asesinato del militante comunista Julián Basilicio López en 1976, confirmaron a El Observador fuentes de la Fiscalía General de la Nación.
En marzo de 2018, la fiscal Ana María Tellechea había pedido el procesamiento con prisión de los militares retirados Coitinho y Garciacelay por el homicidio muy especialmente agravado de López, quien murió en el grupo de Artillería número 1 durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). Sin embargo, la audiencia judicial se suspendió porque el expediente pasó a la Fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad, dirigida por el fiscal Ricardo Perciballe, y desde entonces la causa no había tenido avances.
Según informó el Observatorio Luz Ibarburu, el 31 de diciembre de 1975 una decena de militares secuestró a López en Piedras Blancas, Montevideo. A los cinco días la Policía se presentó en su domicilio para notificar a su familia que el militante comunista había muerto y que su cuerpo debía ser retirado del Hospital Militar, sin explicar la causa del deceso.
El secuestro de López se enmarcó dentro de la Operación Morgan, un plan del gobierno de facto para erradicar el comunismo de Uruguay que se desarrolló entre 1975 y 1976. "El Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que dependía de la División de Ejército I, a cargo del entonces general Esteban Cristi, estuvo al frente del vasto operativo de represión que dejó doce muertos, nueve desaparecidos y cientos de militantes torturados y procesados por la justicia militar que fueron a cumplir sus condenas en el Penal de Libertad y en la cárcel de Punta de Rieles", indicó el Observatorio Luz Ibarburu.
La justicia militar de la época concluyó que López se había suicidado, pero en 2006 el caso fue denunciado ante la justicia ordinaria. En 2011, se reanudó la investigación y la jueza Mariana Mota citó a declarar a los militares retirados Coitinho y Garciacelay. La versión que dieron en el juzgado se distanciaba de la que habían dado 36 años atrás ante el juez militar.
Como parte de la investigación el juzgado pidió al médico forense Guillermo López que examinara la autopsia. El profesional concluyó que era una “muerte sospechosa” y aconsejó exhumar el cuerpo.
El Grupo de Arqueología Forense de la Universidad de la República estudió los restos y concluyó en 2015 que era muy poco probable que López “hubiera podido dar un salto al vacío y/o una vuelta en el aire voluntariamente”, como lo indicaban los informes elaborados en dictadura.
