Programa del FA sugiere cambios a ley de armas, pero Leal la defiende

“El sistema actual da garantías. Lo que hay que hacer es cumplir con la ley, que define las características del porte y la tenencia”, señaló Leal, que actualmente se desempeña como director de Convivencia del Ministerio del Interior. El jerarca dijo que “las personas tienen derecho a tener un arma y a portarla, pasando los informes adecuados”. 

“Nosotros defendemos equiparar los derechos y las responsabilidades”, remarcó. Según detalló, la ley vigente  (aprobada en 2014 y reglamentada en 2016 tras un acuerdo multipartidario) estipula “pasos básicos para obtener el porte”, que incluyen “un informe psicológico, un informe médico de aptitud física, fundamentación de por qué tiene que portar armas, una prueba de tiro y posteriormente la firma del jefe de policía”.

Leal dijo que “de ninguna manera” el FA promoverá el “desarme civil” y que la lectura que hace el equipo de Martínez es que “se debe continuar el proceso de regularización que está en marcha”. Por desarme, según Leal, hay que entender la eliminación de armas ilegales, tal como estipula la normativa votada en 2014. 

El jerarca abrió la puerta a algunos “ajustes” de la reglamentación, y puso como ejemplo la posibilidad de disponer de un test psicológico estandarizado.

Contrastes

Mientras que Leal propone “aplicar la ley actual” y continuar con el proceso de regularización previsto en la normativa vigente,  las bases programáticas del Frente Amplio, aprobadas en el Congreso Nacional del pasado 2 de diciembre, plantean una propuesta diferente.

Dentro del capítulo de “Seguridad Ciudadana y Convivencia”, el texto señala que “se evaluará y regulará bajo criterios más estrictos las armas de fuego”, y que “ se promoverán modificaciones normativas sobre la tenencia y uso de armas por parte de los civiles y de los cuerpos de seguridad y su contralor”. Bajo la premisa de que “las armas de fuego constituyen un riesgo concreto” que “amenaza a todos” pero “especialmente a las mujeres”, el programa resalta que en un eventual cuarto gobierno frenteamplista “se implementarán acciones para el efectivo desarme en el marco de las modificaciones normativas y de sus competencias”.

Al hablar de desarme, el programa del FA no distingue entre armas legales e ilegales. Con esa propuesta como base, algunas figuras o sectores del oficialismo plantearon la necesidad de reducir drásticamente el número de armas de fuego en circulación. 

El caso más sonado fue la iniciativa del exprecandidato Mario Bergara, que durante la campaña hacia las internas planteó la prohibición de la tenencia de armas por parte de civiles, siguiendo el camino de países como Escocia o Australia. “Tenemos que tener una reflexión y apuntar a una lógica más prohibicionista”, dijo Bergara en febrero al programa En Perspectiva.

Por otra parte, tanto Casa Grande como el Partido Socialista –hoy aliados bajo el sublema Frente Futuro– plantearon durante la campaña ir hacia un “desarme civil”, bajo el argumento de que ello podría redundar en resultados positivos a corto plazo en el combate al delito.

Los eventuales cambios a la legislación sobre tenencia y porte de armas, sin embargo, no son prioridad para Martínez. A pesar de los planteos incluidos en el programa, la regulación de las armas de fuego no formó parte de las 12 propuestas en materia de seguridad que presentó días atrás. 

El plan de Martínez incluye intervenciones urbanas en 25 zonas calientes del país, el fortalecimiento del patrullaje y el PADO, la ampliación de las cámaras de videovigilancia, el fortalecimiento de las comisarías y la policía comunitaria, la dotación de recursos para combatir la violencia de género, la transformación de la política carcelaria, el perfeccionamiento del Código del Proceso Penal y su aplicación por parte de jueces y fiscales, el compromiso con el ejercicio de la autoridad, y la creación de un Gabinete de Convivencia y Seguridad para articular todas esas políticas. La palabra “armas” no  aparece en su repertorio. Consultado por las razones, Leal explicó que el asunto no fue incluido justamente porque no se preveían grandes cambios. 

La ley vigente (19.247) fue aprobada en agosto de 2014 bajo el gobierno de José Mujica y reglamentada dos años después, ya con Tabaré Vázquez como presidente.  La normativa planteó un plazo para la “regularización” o “entrega voluntaria” de las armas de fuego ilegales (ver página 4). En Uruguay hay aproximadamente unas 600 mil armas de fuego regularizadas, y se estima que la cantidad de ilegales es de un orden similar. 

El plazo para la regularización venció en diciembre de 2017 pero este año el Parlamento volvió a aplazarlo hasta enero de 2020. A fines de 2017 se habían entregado 1352 armas. En línea con la ley, el referente de Martínez en seguridad sostuvo que el camino es “la regularización” y “el registro” pero no la implementación de mayores restricciones.