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Qué dijeron importadores y supermercados de la baja de aranceles en harina y aceite
"Venimos trabajando en lo que hace a la formación de precios. Queremos tener precios más bajos y eso requiere cambios estructurales. Hoy anunciamos dos pasos que esperemos sean el comienzo de otros pasos que van a continuar”, dijo el martes pasado la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, durante una conferencia de prensa.
En esa dirección el Poder Ejecutivo dispuso una baja de aranceles para la importación de dos productos que se encarecieron fuertemente tras el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania: harina de trigo y aceite vegetal. Para las harinas de trigo provenientes de Argentina el arancel de importación se redujo de 12% a 6%, y se eliminó para las importaciones de fuera del Mercosur. En los aceites refinados de soja y girasol, la tasa arancelaria de 21% se eliminó para las compras que se realicen en países extrazona, y bajó de 16% a 8% para productos de origen argentino.
Desde la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén, se indicó a El Observador que se entiende que estas medidas “son un importante avance para reducir ineficiencias y sobrecostos en los procesos de importación”. “En tal sentido avizoramos que estas medidas permitirán reducir los precios de los productos, al menos en lo que refiere a nuestro sector”, dijo una fuente de la gremial.
Esto sin perjuicio que se entiende importante seguir trabajando para “mejorar diversas ineficiencias que aún existen en el sistema de control de alimentos” y que se entiende pueden ser de ayuda para continuar reduciendo los costos.
El CEO de la cadena de supermercados Ta-Ta, Christopher Jones afirmó a El Observador que cualquier medida que ayude a que la mercadería sea más accesible para el bolsillo del consumidor es positiva. Al mismo tiempo marcó como algo “sumamente importante” continuar en búsqueda de soluciones de fondo a temas de índole estructural de costos y cantidad de actores asociados a la transacción de bienes de consumo masivo en el mercado. “Léase preguntarnos cómo hacemos que exista mayor competencia y eficiencia para que los consumidores paguen menos por lo que consumen”, planteó.
Para el ejecutivo, las medidas se reflejarán en una reducción de los precios solo si el costo de adquisición pagado por los comerciantes a sus proveedores refleja esa rebaja asociada al producto. De lo contrario, la competencia en el punto de venta seguirá siendo lo que beneficia al consumidor, explicó.
Jones reconoció que esto puede funcionar como un incentivo para buscar la importación directa como modo de ampliar la oferta y sumar competencia en esos rubros. Sin embargo, remarcó que la existencia de “exigencias anticuadas, barreras y otras trabas no son un buen incentivo para intentar encaminar esa opción”.
Para el economista especializado en competencia Sebastián Fleitas, es un cambio positivo que puede contribuir a reducir el poder oligopólico de esos sectores de la industria (harinas y aceites), según dijo a El Observador.
Además, agregó que el sector no transable es el que tiene las características que lo sitúan como “el eje de reformas dirigidas a aumentar la productividad”. En primer lugar, porque está compuesto por mercados “con mayor concentración y una aparente menor intensidad en la competencia”. También mencionó que tiene impacto sobre el sector transable.
“Pensemos por ejemplo que un bien importado tiene como costos antes de llegar a los consumidores los servicios portuarios y los de un conjunto de cadenas internas, y que de la eficiencia y costos de esos servicios depende el precio final del producto. Finalmente, en muchos de estos sectores participan o inciden empresas públicas”, señaló Fleitas en el blog en Razones y Personas.
El gobierno también informó que se reglamentará la normativa existente para permitir que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) realice controles aleatorios a las importaciones de alimentos y bebidas basados en sus análisis de riesgo. Esto permitirá “racionalizar procesos” y abaratar costos, precisaron las autoridades. La tasa cobrada por el LATU a la importación de alimentos pase de 1,5% más a IVA a 0,5% más IVA desde junio próximo.
Sobre este punto, el economista del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Ignacio Umpiérrez, expresó a El Observador que “no va a ser de las que más se hable, pero es una puntita de un tema que es bien complejo, que el gobierno lo está analizando y que se necesita encarar: empezar a actuar sobre la formación de precios de algunos bienes, como alimentos e higiene”, afirmó.
