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La “enfermedad” que afecta los precios y es “enemiga” del consumidor uruguayo
¿Cuánto puede llegar a bajar el precio de una pasta de dientes si repentinamente se adecua toda la normativa? ¿Cuánto si pasamos realmente a ser parte de un mercado común donde la mercadería pasa de un lado a otro? ¿Y si ya está registrada en un país automáticamente, puede estar registrada en otro? ¿Y si los comerciantes, del tamaño que sean, tengan la libertad absoluta de salir y cruzar la frontera? Acá lo importante es bajarle el costo de vida a la gente por lo que consume. Ese costo de vida, únicamente, en mi opinión, va a bajar en el momento que haya libertad real”, aseguró el CEO de la cadena de supermercados Ta-Ta, Christopher Jones.
En un after office sobre inflación y precios, organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) este jueves, el ejecutivo centró buena parte de su exposición en la burocracia que deben sortear importadores y productores locales para comercializar nuevo productos en el mercado local. Jones dijo que en Uruguay hay una “enfermedad” que definió como “una sumatoria de regulaciones anticuadas y no adaptadas” que son “enemigo del consumidor”. Y afirmó que el precio que terminan pagando todos los consumidores “es la frustración del productor o algún importador que quiere entrar a importar algo que entre a competir” y no pueden hacerlo.
El ejercicio de la pasta de dientes
Un ejemplo recurrente que suele meterse en las discusiones sobre el nivel de precios en Uruguay, es la diferencia que existe entre el precio al que se vende la pasta de dientes en los comercios locales y el precio al que se comercializa en localidades cercanas a la frontera con Brasil o Argentina.
Jones relató que hace unos años hizo el ejercicio de meterse en internet para ver a cuánto vendía Carrefour ese producto y a cuánto se lo vendían a él. “Me lo vendían un 50% más caro de lo que estaba en ese supermercado (de Concordia). (…) Entonces, tuve el placer de sentarme con el señor gerente de ventas de esa empresa (proveedora) y le digo: -‘Maestro, ¿explícame por qué? -No, el costo uruguayo’, fue la respuesta. “El pobre tipo perdió dos días para cruzar por el puente. Los que cruzamos normalmente sabemos, los camiones están tirados por burocracia de los dos lados. El Mercosur tiene de mercado común lo que yo tengo de checoslovaco, absolutamente nada”, apuntó.
Aproximadamente el 75% de los productos que se venden en los supermercados son fabricados fuera de Uruguay. Además, en el supermercadismo mundial, se da que un 20% de los proveedores hacen el 80% de las ventas de este tipo de comercios, según explicó. Para Jones, “algo sumamente interesante” en el caso de Uruguay, es que en las categorías principales de productos hay proveedores que tienen un share (participación) superior a 87%. “Del 87% al 95% de los productos es un personaje que la última vez que produjo algo en Uruguay fue hace como 40 años”, dijo.
El aduanero, la burocracia y Tristán Narvaja
En otra parte de la charla, el ejecutivo planteó el ejemplo hipotético de alguien que se decide a poner un almacén en Tacuarembó y quiere abastecerse de mercaderías en localidades argentinas vecinas a Salto o Paysandú. “Llenamos la camioneta de mercadería en el boliche y llegamos a la Aduana para pagar. El aduanero te dice: ‘Fenómeno, ¿certificado de origen?’ El certificado de origen es un papelito que inventaron los burócratas que inventaron el Mercosur. ¿Qué significa esto? Que es un producto extrazona. Dice made in Argentina y usted tiene que pagar un 30% porque es como si lo estuviera trayendo de China. ¡Pumba! Te pongo 30%, más 22% (de IVA). Arrancamos 52% arriba, pero igual vamos a ganar guita porque si lo vendemos con 30% de margen lo vamos a vender por lo menos 20% o 25% más barato de lo que está en el mercado local”, afirmó Jones.
Superado el trámite, ese comerciante logra cruzar y empieza a vender en Uruguay desodorante, pasta de dientes y alimentos, pero alguien lo denuncia por vender mercadería que no está licenciada apropiadamente. Eso implica que tenga que ir a registrar la mercadería. Jones señaló que si es un producto de higiene hay que ir al Ministerio de Salud Pública.
“A nadie se le cayeron los dientes utilizando la misma pasta de dientes que se vende en el Chuy, en Tristán Navaja o en un supermercado. (…) Yo fui a Tristán Navaja y compré pasta de dientes. En mi oficina tengo pasta de dientes, shampoo... Los invito el domingo a Tristán Narvaja. Tienen un surtido espectacular a unos precios espectaculares. Se los digo yo que soy supermercadista”, aseguró Jones.
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De inmediato planteó otro ejemplo. “Ayer estaba hablando con un personaje que quiso traer espuma de afeitar. Al mes numero 11 desistió, a pesar que el proveedor de origen le dio absolutamente todas las monografías para presentar. Era una marca nueva que el tipo estaba trayendo, pero desistió. El proveedor le decía: -‘Y maestro, ¿cuándo me hace el pedido? -No, estoy con los muchachos de salud pública”.
El arancel del aceite
El precio del aceite también se coló en una parte de la charla. El ejecutivo contó qué la empresa que tiene el 90% del mercado “tiene un arancel protección de 16%”. “Un importador podría pasar toda la burocracia y traer aceite un 16% más barato de lo que lo venden acá, donde lo único que están haciendo es trayéndolo crudo del otro lado de la frontera para pasarlo por un filtro y meterlo en una botella. Si eso es una economía abierta, yo soy checoslovaco”, insistió.
La miel de Flores y el “equipo antiburocracia”
“Venís a Montevideo, vas en cana, no podes vender miel de Flores por derecha. (…) Y los invito a registrar un producto en la intendencia de Montevideo. Hoy estamos con demoras de 120 días en productos de marca propia producidos en Uruguay. Son 120 días para tener un papelito”, cuestionó Jones. Un 23% de lo que vende su empresa es de marcas propias, y según el ejecutivo, es por el trabajo de “un equipo antiburocracia” con abogados, gestores y “gente que sigue trámites” en su empresa.
