El 23 de diciembre la Justicia decretó el cese de actividades en Casa de Galicia y desde entonces socios y funcionarios se pusieron a buscar diferentes soluciones para revivir a una mutualista que cuenta con US$ 80 millones de deuda. El gobierno analiza las opciones y evalúa qué servicios pueden estar interesados en los socios y el aparato de Casa de Galicia. ¿Cuáles son las perspectivas?
Una agrupación que nuclea a los socios de Casa de Galicia presentó este martes en Presidencia dos opciones. La primera es una sobrecuota que se cobraría durante dos años y se devolvería a los usuarios con servicios, dijo Eduardo Mirás, referente de la agrupación a El Observador. Según él mismo informó en rueda de prensa, la deuda es de $ 80 mil por usuario, pero aclaró que el precio de esta sobrecuota "no sería inaccesible para nadie porque también está el fideicomiso que es a 15 años y está garantizado por propiedades de la institución", complementó.
La segunda opción es un inversor anónimo que estaría dispuesto a analizar un proyecto y asumir la deuda. Mirás manifestó que comenzarán a trabajar en eso y lo presentarán formalmente a las autoridades. Consultado por El Observador sobre quién es este inversor extranjero, respondió: "Es una persona que en algún momento estuvo en el país y vio la posibilidad de invertir acá". Pero se negó a dar más detalles.
De todas formas, aclaró que este inversor que potencialmente podría salvar a Casa de Galicia de la liquidación no se comunicó directamente con los socios sino que el acercamiento fue a través de un "intermediario". De acuerdo a Mirás, este nexo es una persona externa a la mutualista pero tampoco es un hombre de negocios que acostumbre hacer este tipo de gestiones.
Según supo El Observador, es Mirás quien tiene el contacto directo con el nexo. Ni el gobierno ni los otros socios tienen detalles sobre el asunto ya que es una prenegociación que viene haciendo él de manera personal.
Pero, ¿qué viabilidad tiene?
Pese a que el juez de 1er Turno, Leonardo Méndez, decretó el cese de actividades, si apareciera una persona dispuesta a asumir la deuda, la venta es viable. En mayo se celebrará la junta de acreedores y allí habrá una solución. O se pagará la deuda o se liquidará la empresa. Esto se puede evitar si alguien asume la deuda previamente, explicaron a El Observador fuentes especializadas en justicia de concurso.
De todas formas, para que este posible inversor pueda asumir la deuda y quedarse con la mutualista, el Ministerio de Salud Pública (MSP) debe dar el visto bueno. Casa de Galicia fue intervenida por el MSP por primera vez en 2002 y en 2019 se le autorizó un fideicomiso por US$ 28 millones. En ese acuerdo quedó consignada la creación de una comisión que controlaría cómo Casa de Galicia gestionaba el dinero y resolvía la situación crítica en la que se encontraba.
Las opciones del gobierno y la posibilidad de apelar el fallo judicial
Patricia Pérez, socia de Casa de Galicia presente en la reunión en Presidencia, expuso que les transmitieron que Universal, Cudam, el Hospital Evangélico y el Círculo Católico eran las mutualistas que estaban en la mira para redistribuir a los socios. Fuentes del gobierno confirmaron que son vistas con buenos ojos, aunque no descartan otras opciones. De todas formas, están dispuestos a analizar la propuesta del inversor, una vez se les sea presentada.
Todo el panorama puede cambiar una vez se conozca la resolución del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Feria. Actualmente se encuentran analizando el pedido de los trabajadores de Casa de Galicia. El juez Méndez, que decretó el cese de actividades, estableció que su decisión no era apelable. Por eso, los trabajadores interpusieron un recurso de queja y será el tribunal de apelaciones el que deba dirimir si eso es así. Si el tribunal confirmara lo dispuesto por el juez Méndez, esa decisión sería inamovible. De ocurrir lo contrario, los trabajadores apelarán sobre la cuestión de fondo.
