Quiénes son y qué piensan los candidatos a entrar a la Suprema Corte

Luego de años de enfrentamiento entre gobierno y Poder Judicial por fallos de inconstitucionalidades que hicieron caer importantes leyes, el Frente Amplio ha dado pelea para incidir en la designación de los nuevos ministros que ingresarán a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pero a su vez la oposición -con el mismo objetivo de influir-ha trancado los nombramientos de candidatos propuestos por el oficialismo. Es así que una designación técnica como la de un juez de carrera que llega al máximo órgano judicial se ve teñida por ideologías y presa de tejes y manejes políticos.

Actualmente corre el plazo de 90 días para nombrar al sustituto del ministro Jorge Larrieux quien debió renunciar al cumplir 70 años en noviembre pasado. El plazo que establece la Constitución se cumple el 23 de febrero. Pasada esa fecha, si no se llega a un acuerdo político, ingresará a la Corte el ministro de los tribunales de apelaciones más antiguo en el cargo.

En las negociaciones que mantienen el Frente Amplio y la oposición habían acordado que en lugar de Larrieux ingresaría a la Corte la jueza Alicia Castro. Ese nombre había sido manejado en la negociación anterior, cuando ingresó a la Corte Elena Martínez, y se decidió que Castro ingresara al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en espera de una nueva vacante en la Corte. Finalmente, la jueza que se debe retirar el 31 de enero de 2018 por edad, decidió quedarse en el TCA y no ingresar a la Corte. Ante esa situación, el Frente Amplio que quiere que la nueva ministra sea mujer, impulsó a Rosina Rossi.

El Partido Nacional se mostró dispuesto a apoyarla pero luego sus representantes en las negociaciones dieron marcha atrás. Los colorados no la apoyaron de entrada y pidieron revisar los currículum de los restantes ministros propuestos.

Agregaron que la jueza ocupa el lugar 13 en la lista de prelación de los candidatos que pueden ascender. La lista que la Suprema Corte entregó al Parlamento, a la que accedió El Observador, tiene 42 nombres de ministros de tribunal de apelaciones por orden de antigüedad en el cargo.

Sin embargo, en la izquierda no creen que esa sea la verdadera razón del veto a Rossi y argumentaron que cuando ingresó Ricardo Pérez Manrique a la Suprema Corte, con el voto de todos los partidos, ocupaba el lugar 16 de la lista.

Fuentes del Frente Amplio dijeron a El Observador que existió un "fuerte lobby empresarial" contra la jueza que tiene amplia experiencia en la materia laboral. El lobby fue de empresarios individuales molestos con fallos de Rossi que favorecieron a los trabajadores, y no de cámaras empresariales, según se explicó.

Rossi es ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno y docente titular de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Según pudo saber El Observador, aunque en el ámbito del derecho laboral es considerada una excelente técnica y reconocida como tal, las resoluciones de Rossi en apelaciones son temidas por los empresarios debido a que tiene una "visión pro-trabajador".

Sin embargo, el senador Pedro Bordaberry afirmó, muy molesto, que "nadie hizo lobby" y dijo que en todo caso "el lobby surge del análisis de los currículum de los propuestos para ascender". Hay ministros con más antigüedad que Rossi y mejor currículum afirmó a El Observador. Bordaberry aseguró que "buscó un acuerdo político en base a criterios objetivos" y no se pudo lograr.

Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, señaló a El Observador que la oposición "no tiene argumentos" para no aceptar a Rossi y explicó que el respaldo a esa jueza es por su idoneidad técnica, para que la Corte tenga la visión de una especialista laboral y por ser mujer.

La situación planteada llevó al Frente Amplio a "congelar" el vínculo con la oposición, dijo Miranda, lo que "pondrá en el freezer" la negociación por las demás venias para organismos como la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Uno envió al múltiple homicida Pablo Goncálvez a prisión, otra pelea por la equidad de género y un tercero ha ratificado sentencias para que el Fondo Nacional de Recursos financie medicamentos de alto costo a pacientes. Los mencionados son tan solo tres de los más 12 magistrados candidatos a integrar la SCJ y el TCA que están antes de Rossi en la lista de antigüedad del Poder Judicial.

Dentro de ellos, el primero en la lista -y quien ingresará a la Corte si no se acuerda otro nombre- es el juez Eduardo Turell. Tiene 66 años, es ministro del Tribunal de Apelaciones Civil de 4º turno y, antes de tener ese cargo, fue juez letrado civil de 11º turno de Montevideo. Dentro de sus resoluciones como integrante del tribunal de apelaciones, dos en particular han sido motivo de dolores de cabeza para el gobierno. Por un lado, fue uno de los ministros que declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley que habilitaba al Poder Ejecutivo a pagar 8% de aumento salarial a los funcionarios judiciales y no el 26% reclamado. Para ese fallo, integró la Corte por concurso luego de que los ministros titulares se abstuvieron de fallar. Por el otro, muchos de los fallos que obligan al Estado a pagar medicamentos costosos a pacientes, llevan su firma. En una sentencia de setiembre de 2015, por ejemplo, Turell consideró que un informe del Ministerio de Salud Pública sobre un fármaco para el cáncer era insuficiente como argumento para no entregarlo y, por ende, debía ser otorgado.

A Turell lo sigue en la lista la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º turno Beatriz Fiorentino, quien no ocupará un cargo porque cumple la edad límite (70 años) en poco más de un mes. La también ministra de un tribunal de apelaciones en lo civil Selva Klett, está en el tercer lugar y puede ser la sustituta de Pérez Manrique, que cumplirá 70 en mayo.

Klett integró la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de ley sobre Crimen Organizado y Justicia Especializada y fue directora del Centro de Estudios Jurídicos de Uruguay (CEJU), donde se forman los jueces uruguayos. La actual directora, Nilza Salvo, también es aspirante. Ocupa el lugar noveno de la lista.

Klett es defensora de la equidad de género. De hecho, fue delegada de la SCJ para políticas públicas para la equidad de género y representó al organismo en el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género, según indica en su currículum, al que accedió El Observador. También es profesora grado 5 de Derecho Procesal.

Cinco lugares después que Klett está el presidente del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno, William Corujo. Como juez Penal, Corujo fue quien procesó con prisión a Pablo Goncálvez en 1994 por el homicidio de tres mujeres. Como ministro de un tribunal penal revocó junto a otro de sus tres integrantes el fallo por el que se procesó con prisión en 2014 a un empresario de 68 años que había sido acusado de haber pagado por tener relaciones sexuales a una adolescente de 15 años. La sentencia que revocó el fallo aducía que el hombre había sido engañado por la menor, que le dijo que era mayor de edad.

La lista de aspirantes sigue, al igual que la discusión a nivel parlamentario, a la que se le termina el tiempo.

Eduardo Turell. Es ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º turno.

Beatriz Fiorentino. Integra el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno.

William Corujo. Preside el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno.