Manifestantes celebran la decisión del Poder Judicial de suspender la vacunación a menores de 13 años

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Recarey dijo que la Corte va contra un "modelo de juez ético" y presentó recurso contra la sanción

La Suprema Corte de Justicia suspendió por 90 días sin goce de sueldo al juez que paralizó la vacunación anticovid-19 para los niños en julio de 2022
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05 de octubre de 2023 a las 10:51

El juez Alejandro Recarey presentó un recurso de revocación para anular la sanción de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que lo suspendió por 90 días sin goce de sueldo. La decisión de la Corte se dio tras el sumario iniciado a propósito de que el magistrado paralizara la vacunación anticovid-19 para los niños en julio de 2022.

Recarey explicó a Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que el recurso está "formalmente dirigido a obtener la anulación de la sanción o, digamos, su moderación", más allá de "la suerte" que pueda tener. "En realidad, si usted lee el texto yo lo estoy utilizando como vehículo hábil para simplemente manifestar mi posición y sobre todo para dejar plasmada mi actitud de no admitir los argumentos de la sanción", sostuvo.

"En lo que a mí hace esto termina aquí", dijo el juez.

Criticó que en la decisión de la Corte "hay una línea de recorte de los poderes inquisitivos del juez". "Se está propugnando un determinado modelo de juez ético"; es decir, que "el juez no debe observar la realidad que está detrás de los relatos" de las diferentes partes.

Señaló que se vulneró la "libertad del magistrado" por "considerar como error lo que son elementos de materia opinable, jurisdiccional, técnica". Además, apuntó contra un punto del fallo de cuatro de los cinco ministros de la SCJ, donde "se hace una referencia muy concreta a que podría constituir una falta el poner en tela de juicio a las autoridades científicas".

Recarey defendió su decisión

Durante 21 días de 2022 los menores de 13 años no pudieron darse vacunas contra el covid-19. Recarey, como juez de feria, falló en un recurso de amparo que presentó el abogado Maximiliano Dentone quien pretendía suspender la vacunación en menores. Recarey dio lugar, ya que entendía que el gobierno no daba toda la información sobre las vacunas que la ley le ordena.

El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del juez  y envió el expediente a la Corte para que determinara si había existido alguna irregularidad

En el texto de la Corte, cuatro ministros se preguntaron: "¿Qué daño inminente se pretendía salvaguardar cuando nadie estaba obligado a vacunarse?"

En este sentido, en Informativo Sarandí se le consultó al juez si su decisión no había ido en contra de la libertad.

"No se está vulnerando la libertad para el caso del tutor o del padre del menor que se vacunaba porque como yo digo en el recurso no hay libertad sin verdad", respondió. "No se puede sostener que hay libertad cuando se está ofreciendo a una persona un servicio sanitario estatal sin darle a la misma todos los elementos para que tenga una decisión informada", añadió.

"Lo que yo simplemente estoy condicionando el desempeño de un servicio estatal al cumplimiento de la ley", sostuvo.

Los ministros de la Corte entendieron que no había "ilegitimidad manifiesta, esa que justifica la intervención inmediata del Poder Judicial". Consideraron que esto quedó en evidencia por el hecho de que ninguna de las pruebas que se incorporaron logró evidenciar la presunta ilegalidad de la vacunación.

Para Recarey, más allá de lo que decía la comunidad científica sobre las vacunas, "la ciencia no es un dogma". Pero en cualquier caso alegó que en su fallo de julio de 2022 "no se puso en tela de juicio ni la efectividad ni la seguridad de la vacuna". 

"Lo que se discutió en el amparo fue un punto estrictamente jurídico y no científico. Si bien es cierto que se agregó una prueba, un documento de una investigación acerca de los supuestos componentes de la vacuna, eso era tangencial. Lo esencial era estudiar si el estado estaba cumpliendo con la ley al ofrecer la vacuna y yo entendí que no lo estaba haciendo", argumentó.

"Para empezar partiendo de la base de que no analizó los viales (los frascos donde va el medicamento) como se lo ordena la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública", dijo. "El Estado no sabe lo que compró, sino que además no sabe lo que le están enviando en cada envío. Le pueden estar mandando una cosa distinta a la que cree haber comprado", sostuvo, aunque reconoció que no está al tanto de cómo la cartera analiza los viales de otros medicamentos.

Además, "cuando no se le informa a la persona que va inocular a un niño que la sustancia tenía una autorización provisoria, no definitiva, no se le aclara en qué consiste la diferencia, cuáles son las implicancias de los dos tipos de autorizaciones". "No se le aclaró que se estaba ante un experimento. No se le dijo qué componentes tenía la vacuna, mucho más seriamente no se les dijo que la vacuna tiene efectos adversos que a esa fecha ya estaban comprobados incluso a partir de documentación de la propia Pfizer", afirmó Recarey.

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