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Reclaman una nueva ley de Trabajo Sexual: “El Estado es nuestro mayor proxeneta”
Este jueves se celebró en todo el mundo el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. Aquí en Uruguay, un grupo de mujeres se concentraron frente al Palacio Legislativo, con una serie de exigencias concretas dirigidas a todos los legisladores.
Los reclamos son varios y, en algunos casos, se arrastran desde hace décadas. En su gran mayoría, se basan en una modificación de una normativa, que, su mayor parte, tiene más de un siglo de vigencia.
“Pedimos que después de 103 años los legisladores les quiten a los proxenetas el poder sobre nuestros cuerpos”, le dijo a El Observador Karina Núñez, de la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay (Otras). También sobre su autonomía económica, su libertad y su derecho al descanso.
La dirigente sostuvo que la actual normativa ampara las prácticas abusivas que, sobre las mujeres, ejercen los que regentean whiskerías, casas de masajes o páginas web especializadas. “No hay nada que le diga al dueño de una whiskería que no puede exigirme que tengo que atender a cuatro clientes para pagarle a él por llegar tarde”, dijo.
Núñez señaló que al no existir regulación en ese sentido, tampoco establece los derechos de los que deben gozar las trabajadoras. ”Así, los que regulan la actividad son los traficantes, los proxenetas y los fiolos, todo con la complicidad del Estado, que se convierte en nuestro mayor proxeneta”, dijo.
La primera reglamentación que en Uruguay existió sobre la actividad data de 1859. Y, si bien la ley de Trabajo Sexual actual fue aprobada en 2002, gran parte de la normativa viene de 1919.
A fines del año pasado, el colectivo se había presentado en el Parlamento para elevar su plataforma, hasta ahora con escaso eco. Según las cifras allí aportadas, existen en todo el país 7.000 locales “habilitados” en los que, de alguna u otra forma, se ejerce la prostitución. El colectivo Otras asegura que un solo proxeneta maneja entre 90 y 150 mujeres por semana, “paseándolas” por todo el territorio nacional a través de los 240 locales que posee.
Otro pedido pasa porque el Ministerio del Interior deje de controlar los datos personales de las trabajadoras y su movilidad en los espacios públicos.
El colectivo reclama que el Ministerio de Salud Pública valore en forma integral en materia de salud a las personas que se dedican al trabajo sexual y no solamente, como hasta ahora, desde el punto de vista epidemiológico. Otro de los reclamos gira en torno a que el Ministerio de Trabajo adapte el régimen de aportes jubilatorios decreciente, acorde con los ingresos de cada persona de acuerdo a la franja etaria.
Cuero y Calzado
“Soy la cuarta generación de trabajadores sexuales”, contó Núñez a los legisladores. Su madre, su abuela y su bisabuela también lo eran.
Su madre, según relató, tiene 73 años y sigue en oferta de servicio sexual. Cuando cumplió 70 se logró iniciarle los trámites de la jubilación. Pero cuando fueron al Banco de Previsión Social (BPS) a presentar testigos, “casi meten preso” a uno de ellos. Era el dueño de la whiskería donde trabajaba, y las autoridades lo querían acusar de proxenetismo.
Pese a ser una actividad legal, el trabajo sexual sigue sin existir como rubro básico ante la seguridad social. Cuenta Núñez que hasta 2013, cuando ella comenzó a aportar a través del monotributo social, eran ubicadas en el sector Cuero y Calzado.
El comentario sorprendió a los legisladores, que le consultaron la razón. “Seguramente, porque el pito tiene cuero”, ironizó la dirigente. Luego pasaron a estar bajo la categoría 57, unipersonales, pero sin estar definidos como actividad. Por lo tanto, carecen ante la ley del respaldo ante una serie de enfermedades asociadas a su profesión.
Cinco controles
El trabajo sexual aparece controlado por cinco entidades diferentes. El primer control es el de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a través de 61 policlínicas en todo el país. El último relevamiento, correspondiente a 2018, indicaba que allí se entregaban 722 libretas nuevas por mes.
La segunda vía de control es el Ministerio del Interior, a través del Registro Nacional del Trabajo Sexual. A mayo de ese año, había 13.300 trabajadoras sexuales, de las que 3.000 eran de Montevideo. Había además 922 varones y poco más de 2.000 trabajadoras trans. Del total de registrados, 4.800, el 36%, eran de origen extranjero.
El listado de las personas que se dedican a esta actividad también está en poder de las intendencias departamentales, a través de las habilitaciones otorgadas por las respectivas direcciones de Higiene. Finalmente, el quinto control procede de la Fiscalía General de la Nación. Núñez explicó el motivo: “Porque en cada procedimiento de trata que hacen, nos llevan a todas”.
